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JpD pide que la ley garantice los derechos de las víctimas de violencia de género, pero también los de los denunciados
La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha pedido que la Ley Integral contra la Violencia de Género garantice el necesario equilibrio entre los derechos de las víctimas y el respeto a las garantías de las personas denunciadas, así como la proporcionalidad de la respuesta penal.
Según se recoge en la resolución aprobada por la asociación progresista en su XX Congreso, pese a calificar de positiva la decisión del Gobierno de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral, JpD entiende que los aspectos procesales, incluidas las competencias de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y esencialmente la respuesta penal resultan criticables. En su opinión, la norma precisa de una ulterior reflexión, de forma que la aplicación de la ley garantice el necesario equilibrio entre los derechos de las víctimas, el respeto a las garantías de las personas denunciadas, y la proporcionalidad de la respuesta penal.
Además, no duda en calificar de positiva la decisión de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral, porque, según sus palabras, enfoca por primera vez este problema desde un punto de vista multidisciplinar que incluye aspectos relativos a la publicidad, sanidad, derechos sociales y esencialmente a los educativos.
Tras reclamar la dotación presupuestaria necesaria para dar una respuesta adecuada, JpD manifiesta su voluntad de asumir el reto de afrontar un profundo debate a partir de la experiencia de aplicación de esta ley, con aportaciones plurales en cuanto a las personas intervinientes y las diversas experiencias de los jueces y magistrados de las distintas instancias y jurisdicciones.
Según se recoge en la resolución aprobada por la asociación progresista en su XX Congreso, pese a calificar de positiva la decisión del Gobierno de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral, JpD entiende que los aspectos procesales, incluidas las competencias de los nuevos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y esencialmente la respuesta penal resultan criticables. En su opinión, la norma precisa de una ulterior reflexión, de forma que la aplicación de la ley garantice el necesario equilibrio entre los derechos de las víctimas, el respeto a las garantías de las personas denunciadas, y la proporcionalidad de la respuesta penal.
Además, no duda en calificar de positiva la decisión de abordar la violencia de género desde una perspectiva integral, porque, según sus palabras, enfoca por primera vez este problema desde un punto de vista multidisciplinar que incluye aspectos relativos a la publicidad, sanidad, derechos sociales y esencialmente a los educativos.
Tras reclamar la dotación presupuestaria necesaria para dar una respuesta adecuada, JpD manifiesta su voluntad de asumir el reto de afrontar un profundo debate a partir de la experiencia de aplicación de esta ley, con aportaciones plurales en cuanto a las personas intervinientes y las diversas experiencias de los jueces y magistrados de las distintas instancias y jurisdicciones.
