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Hacienda investigará el historial inmobiliario de los contribuyentes
La Agencia Tributaria estudia la próxima implantación de consultas integrales referidas al patrimonio inmobiliario de los contribuyentes, a fin de proporcionar más eficacia y agilidad a la investigación antifraude en el sector inmobiliario.
Estas consultas fundirían toda la información de la que dispone ya la Agencia Tributaria de forma fragmentada a través de sus diferentes departamentos, estructurándola en una única base de datos a disposición de los inspectores. Esta denominada 'consulta integral' del personal de la Agencia Tributaria tendrá dos posibilidades: por un lado, a través del número de identificación fiscal que tiene todo individuo se intentará crear el 'mapa inmobiliario de titularidades de un contribuyente', en el que se identifiquen los bienes adquiridos por el mismo y las compraventas realizadas en los últimos años de todo tipo de inmuebles, sean viviendas en propiedad, segunda residencia o en alquiler, y por otro, la consulta a través del número de referencia catastral, gracias a los vínculos creados en la pasada campaña del IRPF en la que se obligó a todos los contribuyentes a identificar el NRC de la casa en que residen. En este caso, la consulta se haría 'por inmueble', determinándose los compradores y vendedores del mismo en los últimos ejercicios.
Ambos métodos de consulta podrán ser complementarios para potenciar la labor del inspector que lo desee. Es decir, se podrá hacer una investigación por contribuyente o por inmueble, a la vez.
Este proyecto tiene dos objetivos fundamentales: la búsqueda de rendimientos de alquileres no declarados al fisco, y por otro lado, poner sobre el tapete deducciones fiscales indebidas por compra de inmuebles. De momento, estas consultas, las efectuarán exclusivamente los inspectores de tributos de la Hacienda central sin perjuicio de que futuros convenios con las comunidades autónomas habiliten a los funcionarios regionales a acceder a cierta información en determinados casos.
Esta consulta integral inmobiliaria se potenciará con la próxima aprobación de la ley de prevención del fraude, en la que se recogerá, entre otras medidas, la obligación de consignar en la escritura pública el medio de pago que ha utilizado el contribuyente para la compraventa de una vivienda.
Estas consultas fundirían toda la información de la que dispone ya la Agencia Tributaria de forma fragmentada a través de sus diferentes departamentos, estructurándola en una única base de datos a disposición de los inspectores. Esta denominada 'consulta integral' del personal de la Agencia Tributaria tendrá dos posibilidades: por un lado, a través del número de identificación fiscal que tiene todo individuo se intentará crear el 'mapa inmobiliario de titularidades de un contribuyente', en el que se identifiquen los bienes adquiridos por el mismo y las compraventas realizadas en los últimos años de todo tipo de inmuebles, sean viviendas en propiedad, segunda residencia o en alquiler, y por otro, la consulta a través del número de referencia catastral, gracias a los vínculos creados en la pasada campaña del IRPF en la que se obligó a todos los contribuyentes a identificar el NRC de la casa en que residen. En este caso, la consulta se haría 'por inmueble', determinándose los compradores y vendedores del mismo en los últimos ejercicios.
Ambos métodos de consulta podrán ser complementarios para potenciar la labor del inspector que lo desee. Es decir, se podrá hacer una investigación por contribuyente o por inmueble, a la vez.
Este proyecto tiene dos objetivos fundamentales: la búsqueda de rendimientos de alquileres no declarados al fisco, y por otro lado, poner sobre el tapete deducciones fiscales indebidas por compra de inmuebles. De momento, estas consultas, las efectuarán exclusivamente los inspectores de tributos de la Hacienda central sin perjuicio de que futuros convenios con las comunidades autónomas habiliten a los funcionarios regionales a acceder a cierta información en determinados casos.
Esta consulta integral inmobiliaria se potenciará con la próxima aprobación de la ley de prevención del fraude, en la que se recogerá, entre otras medidas, la obligación de consignar en la escritura pública el medio de pago que ha utilizado el contribuyente para la compraventa de una vivienda.
