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Gran Bretaña plantea introducir nuevas medidas de control en las llamadas y mensajes telefónicos y los correos electrónicos
El Ministerio británico del Interior ha planteado en Bruselas la posibilidad de introducir nuevas medidas de control ciudadano para prevenir futuros atentados, tales como más controles fronterizos y el acceso de la Policía a llamadas y mensajes telefónicos y correos electrónicos.
El ministro del Interior y presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la UE de este área, Charles Clarke, ha afirmado que los ciudadanos europeos aceptarán sacrificar parte de su libertad si comprenden las medidas que las autoridades están tomando por razones de seguridad.
Clarke, en comparecencia ante la comisión de Libertades del Parlamento Europeo tras los atentados de Londres del 7-J, ha pedido la complicidad de la Eurocámara en las nuevas iniciativas de lucha contra el terrorismo que se van a tomar, mientras los eurodiputados expresaron sus temores por el recorte de derechos fundamentales derivados, precisamente, del refuerzo de las medidas de seguridad.
De lograr el visto bueno de la UE, estas medidas supondrían un recorte de libertades inédito en una país en el que el derecho a la intimidad y la libertad individual se consideran preciados tesoros. La iniciativa pretende que la normativa tenga carácter obligatorio, por lo que los Estados miembros que se nieguen a retener los datos telefónicos y de los operadores de internet podrían ser objeto de sanción, en contra de la actual Decisión marco sobre el mismo tema, todavía en fase de discusión debido a los altos costes que estas obligaciones suponen para las compañías de telecomunicaciones.
Además, el Ministerio británico endurecerá los controles fronterizos, comprobándo los detalles de las personas a su entrada y salida del Reino Unido. Paralelamente, indicó Clarke, el Gobierno continuará utilizando las llamadas órdenes de control, que le autorizan a mantener bajo arresto domiciliario a individuos sospechosos de terrorismo que no pueden ser procesados por falta de pruebas.
A fin de poner en marcha estas medidas, Clarke ha solicitado al Parlamento Europeo una evaluación profunda sobre cuáles son exactamente las libertades civiles que se ven afectadas con cada una de las medidas de seguridad que puedan tomarse (por ejemplo, inclusión de datos biométricos en documentos de identidad, uso de cámaras de TV, control de telecomunicaciones, datos de los pasajeros, etc...), el establecimiento de una jerarquía de derechos y la relación entre coste de las medidas y beneficios de las mismas. La propuesta sobre retención de datos de comunicaciones telefónicas y electrónicas, en discusión desde hace más de un año, se refiere únicamente a las informaciones relativas al usuario y el receptor, lugar de la conexión o aparato utilizado. En ningún caso contempla el contenido de las llamadas o de los 'e-mail', recordó el ministro español de Interior, José Antonio Alonso, para lo cual en la mayoría de los Estados miembros se necesitaría una orden judicial.
El ministro del Interior y presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la UE de este área, Charles Clarke, ha afirmado que los ciudadanos europeos aceptarán sacrificar parte de su libertad si comprenden las medidas que las autoridades están tomando por razones de seguridad.
Clarke, en comparecencia ante la comisión de Libertades del Parlamento Europeo tras los atentados de Londres del 7-J, ha pedido la complicidad de la Eurocámara en las nuevas iniciativas de lucha contra el terrorismo que se van a tomar, mientras los eurodiputados expresaron sus temores por el recorte de derechos fundamentales derivados, precisamente, del refuerzo de las medidas de seguridad.
De lograr el visto bueno de la UE, estas medidas supondrían un recorte de libertades inédito en una país en el que el derecho a la intimidad y la libertad individual se consideran preciados tesoros. La iniciativa pretende que la normativa tenga carácter obligatorio, por lo que los Estados miembros que se nieguen a retener los datos telefónicos y de los operadores de internet podrían ser objeto de sanción, en contra de la actual Decisión marco sobre el mismo tema, todavía en fase de discusión debido a los altos costes que estas obligaciones suponen para las compañías de telecomunicaciones.
Además, el Ministerio británico endurecerá los controles fronterizos, comprobándo los detalles de las personas a su entrada y salida del Reino Unido. Paralelamente, indicó Clarke, el Gobierno continuará utilizando las llamadas órdenes de control, que le autorizan a mantener bajo arresto domiciliario a individuos sospechosos de terrorismo que no pueden ser procesados por falta de pruebas.
A fin de poner en marcha estas medidas, Clarke ha solicitado al Parlamento Europeo una evaluación profunda sobre cuáles son exactamente las libertades civiles que se ven afectadas con cada una de las medidas de seguridad que puedan tomarse (por ejemplo, inclusión de datos biométricos en documentos de identidad, uso de cámaras de TV, control de telecomunicaciones, datos de los pasajeros, etc...), el establecimiento de una jerarquía de derechos y la relación entre coste de las medidas y beneficios de las mismas. La propuesta sobre retención de datos de comunicaciones telefónicas y electrónicas, en discusión desde hace más de un año, se refiere únicamente a las informaciones relativas al usuario y el receptor, lugar de la conexión o aparato utilizado. En ningún caso contempla el contenido de las llamadas o de los 'e-mail', recordó el ministro español de Interior, José Antonio Alonso, para lo cual en la mayoría de los Estados miembros se necesitaría una orden judicial.
