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Entra en vigor el estatuto de los funcionarios, que afecta a 2,5 millones de trabajadores
Por fin han entrado en vigor la mayor parte de los contenidos del Estatuto Básico de la Función Pública, norma aprobada el pasado 29 de marzo en el Congreso de los Diputados, que regula los derechos y deberes de los más de dos millones y medio de funcionarios que existen en España.
Esta ley pretende ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público, al mismo tiempo que incluye un código de conducta y reconoce el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.
Los contenidos de la ley abarcan a los funcionarios tanto de la administraciones central y autonómica, como de la local, si bien cada administración deberá ahora dictar su propia norma de desarrollo del Estatuto, por eso no todos los contenidos han entrado ya en vigor, ya que algunas de sus materias, principalmente los aspectos retributivos y la estructura y ordenación del personal, no serán de aplicación hasta que cada comunidad autónoma elabore su propia norma.
El nuevo Estatuto recoge por primera vez condiciones laborales homogéneas para los empleados públicos, desde el respeto a las competencias de cada comunidad autónoma. y contempla un nuevo sistema de acceso a la Función Pública, incluyendo mecanismos de evaluación del desempeño profesional y un sistema retributivo que establece que las pagas extraordinarias tendrán el mismo valor que el salario mensual.
La norma, que hace realidad un mandato constitucional que llevaba 28 años pendiente, fortalece los principios constitucionales de mérito y capacidad en el empleo publico y supone un paso más para modernizar las Administraciones Públicas.
Esta ley pretende ligar la retribución al desempeño profesional y acabar con la elevada tasa de temporalidad en el sector público, al mismo tiempo que incluye un código de conducta y reconoce el derecho de los empleados públicos a la negociación colectiva.
Los contenidos de la ley abarcan a los funcionarios tanto de la administraciones central y autonómica, como de la local, si bien cada administración deberá ahora dictar su propia norma de desarrollo del Estatuto, por eso no todos los contenidos han entrado ya en vigor, ya que algunas de sus materias, principalmente los aspectos retributivos y la estructura y ordenación del personal, no serán de aplicación hasta que cada comunidad autónoma elabore su propia norma.
El nuevo Estatuto recoge por primera vez condiciones laborales homogéneas para los empleados públicos, desde el respeto a las competencias de cada comunidad autónoma. y contempla un nuevo sistema de acceso a la Función Pública, incluyendo mecanismos de evaluación del desempeño profesional y un sistema retributivo que establece que las pagas extraordinarias tendrán el mismo valor que el salario mensual.
La norma, que hace realidad un mandato constitucional que llevaba 28 años pendiente, fortalece los principios constitucionales de mérito y capacidad en el empleo publico y supone un paso más para modernizar las Administraciones Públicas.
