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En preparación el proyecto de ley para el control de la banca por teléfono e Internet
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, dependiente del Ministerio de Hacienda, prepara el tan esperado proyecto de ley que regulará los servicios financieros prestados por la banca, gestoras de fondos y pensiones y aseguradoras a través del teléfono e Internet.
Se trata del primer paso para la transposición de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002. En ella se instaba a los Estados miembros de la UE a desarrollar una nueva legislación en esta materia, con el objetivo tanto de potenciar la construcción del mercado interior europeo y favorecer la competencia entre las entidades financieras como de incrementar la protección a los consumidores de sus servicios.
Su entrada en vigor no está prevista para antes de finales de este año, a pesar de que la directiva europea exigía a los Estados su adaptación antes del 9 de octubre del pasado año.
La nueva normativa ampliará los requisitos mínimos de información que deben cumplir las entidades en la venta de productos financieros a distancia y aumenta las exigencias para salvaguardar los intereses de los usuarios. Se incluyen novedades como el denominado derecho de desistimiento, que permitirá a los consumidores rescindir un contrato financiero sin penalización alguna en un plazo máximo de 14 días. Sólo se excluyen algunos servicios, como la contratación de valores y futuros, los planes de previsión, las hipotecas o las transferencias bancarias, entre otros. Para los seguros de vida, se tendrá un máximo de un mes para cancelar el contrato.
En lo referente a la protección de los consumidores, algunos puntos clave son los siguientes:
- Las entidades deberán dejar constancia de las ofertas y de la celebración de los contratos en un soporte duradero que permita al consumidor almacenar la información y recuperarla fácilmente.
- Asimismo, deberán suministrar al cliente con la debida antelación ciertos datos: los datos identificativos de sus representantes o intermediarios, las características concretas del servicio, incluido el precio total que debe pagar el cliente por el mismo, los riesgos que existan en la operación, los impuestos o gastos adicionales que el consumidor deberá soportar, modalidades de pago, etc. En el supuesto de incumplimiento de estos deberes de información, el contrato se declarará nulo.
- Al consumidor le asiste el derecho de desistimiento, que le permitirá rescindir su contrato a distancia en un plazo de 14 días, sin necesidad de apelar a motivo alguno ni estar sujeto a penalización. Para los seguros de vida, este plazo será de un mes.
- Los consumidores podrán ejercitar la acción de cesación contra las conductas contrarias a esta normativa. También se regula la reclamación extrajudicial, por la que se podrán someter los conflictos al arbitraje de consumo.
Se trata del primer paso para la transposición de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002. En ella se instaba a los Estados miembros de la UE a desarrollar una nueva legislación en esta materia, con el objetivo tanto de potenciar la construcción del mercado interior europeo y favorecer la competencia entre las entidades financieras como de incrementar la protección a los consumidores de sus servicios.
Su entrada en vigor no está prevista para antes de finales de este año, a pesar de que la directiva europea exigía a los Estados su adaptación antes del 9 de octubre del pasado año.
La nueva normativa ampliará los requisitos mínimos de información que deben cumplir las entidades en la venta de productos financieros a distancia y aumenta las exigencias para salvaguardar los intereses de los usuarios. Se incluyen novedades como el denominado derecho de desistimiento, que permitirá a los consumidores rescindir un contrato financiero sin penalización alguna en un plazo máximo de 14 días. Sólo se excluyen algunos servicios, como la contratación de valores y futuros, los planes de previsión, las hipotecas o las transferencias bancarias, entre otros. Para los seguros de vida, se tendrá un máximo de un mes para cancelar el contrato.
En lo referente a la protección de los consumidores, algunos puntos clave son los siguientes:
- Las entidades deberán dejar constancia de las ofertas y de la celebración de los contratos en un soporte duradero que permita al consumidor almacenar la información y recuperarla fácilmente.
- Asimismo, deberán suministrar al cliente con la debida antelación ciertos datos: los datos identificativos de sus representantes o intermediarios, las características concretas del servicio, incluido el precio total que debe pagar el cliente por el mismo, los riesgos que existan en la operación, los impuestos o gastos adicionales que el consumidor deberá soportar, modalidades de pago, etc. En el supuesto de incumplimiento de estos deberes de información, el contrato se declarará nulo.
- Al consumidor le asiste el derecho de desistimiento, que le permitirá rescindir su contrato a distancia en un plazo de 14 días, sin necesidad de apelar a motivo alguno ni estar sujeto a penalización. Para los seguros de vida, este plazo será de un mes.
- Los consumidores podrán ejercitar la acción de cesación contra las conductas contrarias a esta normativa. También se regula la reclamación extrajudicial, por la que se podrán someter los conflictos al arbitraje de consumo.
