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El TS anula la expulsión de una brasileña para que no sea separada de su hijo, de nacionalidad española
El Tribunal Supremo ha anulado la decisión del subdelegado del Gobierno en Burgos, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que confirmaba la expulsión del territorio español de una mujer brasileña para evitar que sea separada de su hijo, nacido dos años antes y de nacionalidad española.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro José Yagüe, señala que, "aunque no esté literalmente dicho en las normas (aunque sí lo está en su espíritu)", por encima de los reglamentos de extranjería está el derecho del hijo menor de "estar, crecer, criarse y educarse con su madre". "Se trata de un derecho derivado de la propia naturaleza y, por lo tanto, más fuerte y primario que cualquier otro derecho de configuración legal".
Añade que "es un derecho que tiene sus reflejos en concretos preceptos, como el artículo 110 del Código Civil, que obliga al padre y a la madre, aunque no ostenten la patria potestad, a velar por sus hijos y prestarles alimentos; y el artículo 143.2, que obliga recíprocamente a los ascendientes y descendientes a darse alimentos, y el 154, que impone a los padres el deber, y les reconoce el derecho, de velar por su hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y a educarlos".
El Supremo agrega que el ordenamiento jurídico español no permite la expulsión del territorio nacional de los ciudadanos de nuestro país (ya que los delitos o infracciones administrativas son castigados con penas o sanciones, nunca con la expulsión), mientras que la orden de expulsión de la madre brasileña "o bien es también una orden implícita de expulsión de su hijo menor (...) o bien es una orden de desmembración cierta de la familia".
La Ley de Protección Jurídica del Menor dispone que serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor y el mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para su interés y su integración familiar y social.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pedro José Yagüe, señala que, "aunque no esté literalmente dicho en las normas (aunque sí lo está en su espíritu)", por encima de los reglamentos de extranjería está el derecho del hijo menor de "estar, crecer, criarse y educarse con su madre". "Se trata de un derecho derivado de la propia naturaleza y, por lo tanto, más fuerte y primario que cualquier otro derecho de configuración legal".
Añade que "es un derecho que tiene sus reflejos en concretos preceptos, como el artículo 110 del Código Civil, que obliga al padre y a la madre, aunque no ostenten la patria potestad, a velar por sus hijos y prestarles alimentos; y el artículo 143.2, que obliga recíprocamente a los ascendientes y descendientes a darse alimentos, y el 154, que impone a los padres el deber, y les reconoce el derecho, de velar por su hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos y a educarlos".
El Supremo agrega que el ordenamiento jurídico español no permite la expulsión del territorio nacional de los ciudadanos de nuestro país (ya que los delitos o infracciones administrativas son castigados con penas o sanciones, nunca con la expulsión), mientras que la orden de expulsión de la madre brasileña "o bien es también una orden implícita de expulsión de su hijo menor (...) o bien es una orden de desmembración cierta de la familia".
La Ley de Protección Jurídica del Menor dispone que serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos la supremacía del interés del menor y el mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para su interés y su integración familiar y social.
