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El Senado aprueba por unanimidad la Ley de Violencia de Género
La futura ley orgánica fusiona en un único texto todos los ámbitos de actuación contra la violencia de género: educativo, laboral, sanitario, policial, judicial y social. Tras superar este penúltimo trámite, sólo queda remitirla al Congreso para su aprobación definitiva.
Desde un primer momento, el texto (que entrará en vigor a principios de 2005) ha suscitado polémicas de todo tipo, empezando por la propia Real Academia de la Lengua, que apuntó que otra denominación como "Ley integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo" sería más afortunada.
El proyecto de Ley fue respaldado unánimemente por el Congreso, previa comparecencia de expertos sobre el proyecto de ley integral --juristas, asociaciones de ayuda a víctimas, etc--. No obstante, la rapidez de su tramitación ha dado lugar a fuertes críticas por parte de diversas fuerzas políticas, especialmente del Partido Popular, así como el tratamiento de discriminación positiva hacia la mujer en el plano penal. Este último aspecto también ha sido criticado por el sector conservador del Poder Judicial, especialmente en lo referido a la constitucionalidad de que las coacciones y amenazas pasen de ser faltas a delitos cuando el autor sea hombre y la víctima mujer, y que haya juzgados especiales de violencia sobre la mujer de los que se excluye al resto de las víctimas de la violencia doméstica.
Tras intensas negociaciones, el grupo socialista aceptó ampliar la protección a personas pertenecientes a otros colectivos vulnerables (menores, ancianos, etc), en vez de restringirla a la mujer. En el Senado, por otro lado, el grupo de CiU, apoyado por los populares, logró introducir una enmienda para crear un fondo de garantía de impago de pensiones de alimentos. Sin embargo, el Senado ha rechazado la creación de este fondo, pero se llegó al acuerdo de incluir una disposición por la cual se obliga al Gobierno a aprobar una ley específica que lo desarrolle. La ley gira en torno a cuatro ejes fundamentales: la prevención del problema, la protección de las amenazadas, la recuperación de las víctimas y la sanción de los agresores.
Su articulado contempla la creación de servicios de atención e información inmediata, centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y centros de recuperación integral, así como medidas para apoyar a las víctimas a rehacer su vida con ayudas económicas y formación para el empleo, acceso a viviendas de protección oficial y bonificaciones a los empresarios contratantes.
Otro punto fundamental será la especialización de profesionales dentro del orden penal para que los juzgados de instrucción puedan ocuparse específicamente de los casos de violencia de género, y la creación de una delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Desde un primer momento, el texto (que entrará en vigor a principios de 2005) ha suscitado polémicas de todo tipo, empezando por la propia Real Academia de la Lengua, que apuntó que otra denominación como "Ley integral contra la violencia doméstica o por razón de sexo" sería más afortunada.
El proyecto de Ley fue respaldado unánimemente por el Congreso, previa comparecencia de expertos sobre el proyecto de ley integral --juristas, asociaciones de ayuda a víctimas, etc--. No obstante, la rapidez de su tramitación ha dado lugar a fuertes críticas por parte de diversas fuerzas políticas, especialmente del Partido Popular, así como el tratamiento de discriminación positiva hacia la mujer en el plano penal. Este último aspecto también ha sido criticado por el sector conservador del Poder Judicial, especialmente en lo referido a la constitucionalidad de que las coacciones y amenazas pasen de ser faltas a delitos cuando el autor sea hombre y la víctima mujer, y que haya juzgados especiales de violencia sobre la mujer de los que se excluye al resto de las víctimas de la violencia doméstica.
Tras intensas negociaciones, el grupo socialista aceptó ampliar la protección a personas pertenecientes a otros colectivos vulnerables (menores, ancianos, etc), en vez de restringirla a la mujer. En el Senado, por otro lado, el grupo de CiU, apoyado por los populares, logró introducir una enmienda para crear un fondo de garantía de impago de pensiones de alimentos. Sin embargo, el Senado ha rechazado la creación de este fondo, pero se llegó al acuerdo de incluir una disposición por la cual se obliga al Gobierno a aprobar una ley específica que lo desarrolle. La ley gira en torno a cuatro ejes fundamentales: la prevención del problema, la protección de las amenazadas, la recuperación de las víctimas y la sanción de los agresores.
Su articulado contempla la creación de servicios de atención e información inmediata, centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y centros de recuperación integral, así como medidas para apoyar a las víctimas a rehacer su vida con ayudas económicas y formación para el empleo, acceso a viviendas de protección oficial y bonificaciones a los empresarios contratantes.
Otro punto fundamental será la especialización de profesionales dentro del orden penal para que los juzgados de instrucción puedan ocuparse específicamente de los casos de violencia de género, y la creación de una delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
