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El Pleno del CGPJ rechaza la propuesta de obligar a los jueces a dominar las lenguas autonómicas
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó por 11 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, un informe que rechaza y pone en duda la constitucionalidad de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña que pretende imponer a los jueces la obligatoriedad de un conocimiento "suficiente" del catalán para ejercer en Cataluña.
Según dicho informe, la imposición de tal obligación chocaría con el art. 122.1 de la Constitución, que establece que los jueces y magistrados forman "un Cuerpo único" estatal.
La proposición de ley fue aprobada por el Parlamento catalán con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP. Enviada al Parlamento nacional, el Congreso aceptó tomar en consideración la propuesta con el respaldo de todos los grupos menos el Popular.
El dictamen elaborado por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo fue aprobado con los votos de los diez vocales propuestos por el PP más el del presidente, Francisco José Hernando. Votaron en contra los seis vocales elegidos a iniciativa del PSOE, el de IU y el de CiU, y se abstuvo el independiente Agustín Azparren.
El informe aprobado por el Pleno del Consejo considera "más acertada" la legislación vigente, en la que el requisito lingüístico no se considera como obligatorio sino como mérito para la adjudicación de plazas en comunidades autónomas donde exista otra lengua cooficial. Según dicho informe, otra opción "conduciría a una compartimentación territorial de la Carrera, que desvirtuaría de hecho su carácter único o nacional, pues resulta inherente a dicho carácter la posibilidad de movilidad territorial o geográfica de sus miembros sin obstáculos o trabas que la hagan en la práctica excesivamente difícil".
Dentro de la minoría progresista del CGPJ (un sector en el que figura el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas) considera que el conocimiento de la lengua autonómica sí se podría implantar como requisito, aunque debería de hacerse de forma gradual
Según dicho informe, la imposición de tal obligación chocaría con el art. 122.1 de la Constitución, que establece que los jueces y magistrados forman "un Cuerpo único" estatal.
La proposición de ley fue aprobada por el Parlamento catalán con el voto a favor de todos los grupos excepto el PP. Enviada al Parlamento nacional, el Congreso aceptó tomar en consideración la propuesta con el respaldo de todos los grupos menos el Popular.
El dictamen elaborado por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo fue aprobado con los votos de los diez vocales propuestos por el PP más el del presidente, Francisco José Hernando. Votaron en contra los seis vocales elegidos a iniciativa del PSOE, el de IU y el de CiU, y se abstuvo el independiente Agustín Azparren.
El informe aprobado por el Pleno del Consejo considera "más acertada" la legislación vigente, en la que el requisito lingüístico no se considera como obligatorio sino como mérito para la adjudicación de plazas en comunidades autónomas donde exista otra lengua cooficial. Según dicho informe, otra opción "conduciría a una compartimentación territorial de la Carrera, que desvirtuaría de hecho su carácter único o nacional, pues resulta inherente a dicho carácter la posibilidad de movilidad territorial o geográfica de sus miembros sin obstáculos o trabas que la hagan en la práctica excesivamente difícil".
Dentro de la minoría progresista del CGPJ (un sector en el que figura el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas) considera que el conocimiento de la lengua autonómica sí se podría implantar como requisito, aunque debería de hacerse de forma gradual
