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El Parlamento de la UE pide a la Comunidad Valenciana que adecúe su ley urbanística a la de la Unión Europea

El Parlamento de la UE ha aprobado un informe no vinculante (denominado ‘Informe Fourtou’) en el que ha instado 'con urgencia' a aplicar una moratoria en las recalificaciones de suelo no urbanizable en la Comunidad Valenciana, hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Urbanismo Valenciana (LUV) que sustituye a la actual Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994 (LRAU). Siguiendo esta misma línea de actuación, Bruselas efectuó al día siguiente de la aprobación del antedicho informe una segunda llamada de atención al gobierno valenciano, por estimar que la LUV tampoco se ajusta a las directivas comunitarias. El Gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana ha dispuesto de 15 días hábiles para adecuar su normativa urbanística a la de la Unión Europea (UE).

Estos pronunciamientos de Bruselas han sido motivados por las más de 15.000 quejas remitidas a la Comisión de Peticiones del Parlamento por ciudadanos, en su mayoría extranjeros residentes en la Comunidad Valenciana, quienes alegan haber visto mermados sus derechos como propietarios, por la construcción de urbanizaciones; en sus quejas, estos ciudadanos detallan haber sido despojados de más de la mitad de sus terrenos y hasta de sus residencias.

La presentación de estas quejas motivó una visita de parlamentarios europeos a la provincia de Alicante, a raíz de la cual se elaboró el denominado ‘Informe Fourtou’. Este informe denuncia el sistema de expropiación de terrenos articulado por la LRAU, aprobada en el último año de legislatura socialista en la Generalitat Valenciana como fórmula para liberar suelo. El sistema de expropiación de terrenos se articula como compensación a los costes de la urbanización emprendida por las constructoras, constituidas en agentes urbanizadores; las expropiaciones se efectúan en función del valor de los terrenos afectados, pero dicho valor a efectos de expropiación es fijado con tasaciones extremadamente bajas, cuando estos mismos terrenos posteriormente se revenden a precios mucho más elevados.La Comisión Europea determinó que la LRAU, promulgada en 1994, no cumple con las garantías de publicidad que la UE exige para los contratos públicos.

Oliver Drewes, portavoz europeo de Mercado Interior, especificó que los incumplimientos se refieren a cuatro cuestiones que involucran al Gobierno valenciano: las faltas de transparencia y publicación de licitaciones en el diario oficial de las Comunidades Europeas; de objetividad en los criterios de selección de los contratistas; de claridad en el presupuesto de contratos e igualdad de oportunidades de los contratistas interesados.

En lo que respecta a la moratoria, viene a afectar a decenas de actuaciones urbanísticas que esperan la aprobación de la Consejería de Territorio para modificar el plan de ordenación urbana de los municipios, modificando la calificación del suelo para poder urbanizar.

Por su parte, la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV), aprobada el pasado día 22 de diciembre por las Cortes Valencianas, incluye diversas novedades, entre las que estaca la exigencia a los ayuntamientos de que fijen los criterios generales de adjudicación de los Programas de Actuación Integrada (PAI) mediante ordenanzas municipales. También se amplían los plazos de información a los afectados, de los 10 días actuales a dos meses, así como las posibilidades de que el pequeño propietario se convierta en urbanizador de sus terrenos, al exigir menos condiciones de las que establecía la antigua Ley; además, articula mecanismos para que las cargas de urbanización que los propietarios hayan de pagar sean proporcionales a los servicios de los que se vayan a beneficiar.

Sin embargo, no se han hecho esperar las críticas a la LUV, especialmente la omisión de determinados preceptos recomendados por la Unión Europea, tales como la definición del concepto de interés público.