El Gobierno agiliza la regulación de la relación laboral de los abogados en los bufetes
El martes 20 de septiembre finalizó el plazo de presentación de enmiendas en el Senado al proyecto de ley por el que se incorporan diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos. Entre estas enmiendas se incorpora la que tiene por objetivo, según lo pactado entre Gobierno y abogacía, 'establecer con precisión la relación laboral de carácter especial de la actividad profesional de los abogados que prestan servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de la organización y dirección del titular de un despacho, ya sea este individual o colectivo'.
El Gobierno considera que gracias a esta enmienda se logrará ordenar las relaciones laborales de un sector que tradicionalmente se ha regulado a través de múltiples sistemas de prestaciones de servicios profesionales, en los que no se garantizaban correctamente los derechos laborales de los abogados contratados. Con la enmienda, que se desarrollará posteriormente en un decreto, se introducirá en el sistema general de la seguridad social a aquellos abogados que mantienen de facto una relación de carácter laboral en los despachos, con lo que se garantizará la cobertura social y las prestaciones de la Seguridad Social, evitando las situaciones de ambigüedad en la relación entre abogados titulares de despachos y los que desarrollan su actividad en ellos. De esta forma, la actividad profesional de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo, tendrá la consideración de relación laboral de carácter especial.
Recientemente estas situaciones de indefinición que se pretenden paliar han dado lugar a la imposición de sanciones a diversos bufetes de abogados; inclusive varios despachos han optado por cursar el alta en la Seguridad Social de todos sus abogados, altas que han supuesto importantes desembolsos.
Por su parte, los despachos de abogados vaticinan que la introducción de la relación laboral especial con sus profesionales conllevará importantes costes para las firmas; los despachos vendrán obligados a cotizar a la Seguridad Social por sus abogados, cuando dicho coste era asumido por los propios profesionales mediante la Mutualidad de la Abogacía y/o como autónomos.