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El Fiscal General del Estado pide en Alicante más contundencia contra los delitos urbanísticos
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, durante la inauguración del reciente ciclo de conferencias Urbanismo, corrupción y delincuencia en la Universidad de Alicante, consideró que el urbanismo constituye una fuente creciente de criminalidad que, en algunas zonas, fundamentalmente del Mediterráneo, ha generado una problemática social gravísima frente a la cual la respuesta de la Administración de Justicia no ha sido en ocasiones lo suficientemente rápida y eficaz.
En esta misma conferencia de inauguración, el Fiscal aclaró que el trabajo de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo abarca como competencia específica las actuaciones contra los delitos urbanísticos en el ámbito medio ambiental, mientras que la Fiscalía Anticorrupción actúa en aquellos casos en los que esta delincuencia urbanística da lugar a comportamientos delictivos en la administración. Y es que, a su juicio, la ineficacia de la sanción administrativa frente a conductas contra la ordenación del territorio se ha debido, en parte, a que ha sido la propia Administración la que ha creado ámbitos de tolerancia cuando no de directo aprovechamiento de actividades contrarias al debido uso del planeamiento urbanístico. En este sentido, Conde-Pumpido se refirió específicamente a las actuaciones llevadas a cabo en la denominada operación malaya en Marbella.
Es de señalar que, según los datos aportados por Conde-Pumpido en la misma conferencia, las diligencias abiertas por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia de Murcia se han incrementado en más de un cien por cien. Ello se debe, según el Fiscal, a la creciente sensibilidad social, como consecuencia del derecho de los ciudadanos a conservar su medio ambiente de manera sostenible y al mismo tiempo a que se respete la legalidad.
En esta misma conferencia de inauguración, el Fiscal aclaró que el trabajo de los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo abarca como competencia específica las actuaciones contra los delitos urbanísticos en el ámbito medio ambiental, mientras que la Fiscalía Anticorrupción actúa en aquellos casos en los que esta delincuencia urbanística da lugar a comportamientos delictivos en la administración. Y es que, a su juicio, la ineficacia de la sanción administrativa frente a conductas contra la ordenación del territorio se ha debido, en parte, a que ha sido la propia Administración la que ha creado ámbitos de tolerancia cuando no de directo aprovechamiento de actividades contrarias al debido uso del planeamiento urbanístico. En este sentido, Conde-Pumpido se refirió específicamente a las actuaciones llevadas a cabo en la denominada operación malaya en Marbella.
Es de señalar que, según los datos aportados por Conde-Pumpido en la misma conferencia, las diligencias abiertas por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia de Murcia se han incrementado en más de un cien por cien. Ello se debe, según el Fiscal, a la creciente sensibilidad social, como consecuencia del derecho de los ciudadanos a conservar su medio ambiente de manera sostenible y al mismo tiempo a que se respete la legalidad.
