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El Estado recauda más de 33 millones de euros por herencias sin adjudicar desde el año 2000.
España es uno de los países donde más se hace testamento. En el 2006 los casi 3.000 notarios autorizaron 581.657 testamentos, nuevos y modificaciones, según información proveniente del Consejo General del Notariado.
Además, se tramitaron 84.965 actas de declaración de herederos "ab intestato", lo que supone que al menos ese número de personas murió sin testar, lo que representa más de un 20% de los fallecimientos anuales, que se mantienen en torno a los 380.000 en los últimos años.
A pesar de los datos anteriores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 913 del Código Civil, a falta de herederos testamentarios, la ley defiere a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado, y debido a que, al menos 84.965 personas murieron el pasado año sin dejar testamento y no se ha podido localizar a los familiares próximos, herederos legítimos de 50 de ellos, el patrimonio de estos últimos, que asciende a unos 2.255.533 , acabará en las arcas del Estado.
Cuando no hay herederos legales (familiares hasta cuarto grado y cónyuge) el artículo 956 del Código Civil establece que, recibirá los bienes el Estado, el cual asigna una tercera parte a instituciones benéficas municipales del domicilio del fallecido, otra tercera parte a instituciones provinciales y el resto se ingresa en el Tesoro Público.
En caso de que estas herencias sin herederos legítimos sean conocidas por comunicación de un particular, éste recibe un "premio" del 10% por su denuncia. Las comunidades citadas tienen su propia regulación en cuando al reparto del caudal, pero son casi unánimes en este punto.
Desde el año 2000, el Estado ha recaudado más de 33 millones de euros, parte de los cuales son repartidos entre instituciones benéficas o asistenciales.
A estas cifras habría que sumar lo percibido por Cataluña, Aragón, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana, las cinco autonomías que tienen competencias sobre la regulación de la sucesión intestada a su favor.
El Ministerio de Economía ha tramitado desde el 2000 un total de 820 expedientes de herencias sin testamento, y 602 de ellas, un 73,4%, fueron positivas para el Estado, lo que supuso unos ingresos netos de 33.262.266 euros, descontados gastos y el importe de los premios a particulares, un total de 1.450.661 euros.
Además de estas herencias, el Estado tiene derecho sobre las "cuentas durmientes", es decir, los depósitos de valores y dinero en entidades bancarias que no se mueven durante más de 20 años y que pasan a ser de su titularidad, sobre mostrencos que son aquellos bienes muebles (divisas, vehículos...) que no han sido controlados por el fallecido, y sobre los "inmuebles vacantes", es decir, sin dueño conocido.
Existe además otro capital que puede ser perdido cuando se produce un deceso, debido al desconocimiento de sus existencia que son los seguros de vida, ya que las compañías no tienen obligación de comunicar su existencia cuando fallece el asegurado, por lo que se elude el pago y ese capital nunca llega a ser cobrado por los herederos.
Para paliar esto, el próximo 19 de junio entrará en vigor el Reglamento que regula el funcionamiento del Registro de Seguros de Vida, aprobado por el Gobierno, que permitirá conocer la existencia de esas pólizas, para que no se queden sin cobrar.
Además, se tramitaron 84.965 actas de declaración de herederos "ab intestato", lo que supone que al menos ese número de personas murió sin testar, lo que representa más de un 20% de los fallecimientos anuales, que se mantienen en torno a los 380.000 en los últimos años.
A pesar de los datos anteriores, en virtud de lo dispuesto en el artículo 913 del Código Civil, a falta de herederos testamentarios, la ley defiere a los parientes del difunto, al viudo o viuda y al Estado, y debido a que, al menos 84.965 personas murieron el pasado año sin dejar testamento y no se ha podido localizar a los familiares próximos, herederos legítimos de 50 de ellos, el patrimonio de estos últimos, que asciende a unos 2.255.533 , acabará en las arcas del Estado.
Cuando no hay herederos legales (familiares hasta cuarto grado y cónyuge) el artículo 956 del Código Civil establece que, recibirá los bienes el Estado, el cual asigna una tercera parte a instituciones benéficas municipales del domicilio del fallecido, otra tercera parte a instituciones provinciales y el resto se ingresa en el Tesoro Público.
En caso de que estas herencias sin herederos legítimos sean conocidas por comunicación de un particular, éste recibe un "premio" del 10% por su denuncia. Las comunidades citadas tienen su propia regulación en cuando al reparto del caudal, pero son casi unánimes en este punto.
Desde el año 2000, el Estado ha recaudado más de 33 millones de euros, parte de los cuales son repartidos entre instituciones benéficas o asistenciales.
A estas cifras habría que sumar lo percibido por Cataluña, Aragón, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana, las cinco autonomías que tienen competencias sobre la regulación de la sucesión intestada a su favor.
El Ministerio de Economía ha tramitado desde el 2000 un total de 820 expedientes de herencias sin testamento, y 602 de ellas, un 73,4%, fueron positivas para el Estado, lo que supuso unos ingresos netos de 33.262.266 euros, descontados gastos y el importe de los premios a particulares, un total de 1.450.661 euros.
Además de estas herencias, el Estado tiene derecho sobre las "cuentas durmientes", es decir, los depósitos de valores y dinero en entidades bancarias que no se mueven durante más de 20 años y que pasan a ser de su titularidad, sobre mostrencos que son aquellos bienes muebles (divisas, vehículos...) que no han sido controlados por el fallecido, y sobre los "inmuebles vacantes", es decir, sin dueño conocido.
Existe además otro capital que puede ser perdido cuando se produce un deceso, debido al desconocimiento de sus existencia que son los seguros de vida, ya que las compañías no tienen obligación de comunicar su existencia cuando fallece el asegurado, por lo que se elude el pago y ese capital nunca llega a ser cobrado por los herederos.
Para paliar esto, el próximo 19 de junio entrará en vigor el Reglamento que regula el funcionamiento del Registro de Seguros de Vida, aprobado por el Gobierno, que permitirá conocer la existencia de esas pólizas, para que no se queden sin cobrar.
