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El Consejo de Ministros aprueba la creación de la Sociedad Pública de Alquiler
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes día 8 de abril la constitución de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), cuyo objetivo es "dar seguridad y estabilidad al mercado del arrendamiento en España, favorecer la movilidad geográfica y laboral, y orientar el ahorro de las familias hacia otros productos distintos del inmobiliario", según explicó la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo.
La Sociedad Pública de Alquiler contará con un capital social de veinte millones de euros; para el ejercicio vigente ya se le ha asignado una partida presupuestaria de seis millones de euros. Tendrá la misma estructura de ingresos que una agencia o inmobiliaria privada: fianza, renta y honorarios, y su labor consistirá en la mediación entre los distintos agentes públicos y privados del sector.
El propietario que ceda su vivienda firmará un contrato con la Sociedad Pública que se quedará con hasta el 20% de las rentas generadas en concepto de gastos de intermediación. A cambio, tendrá la garantía de que durante los cinco años de vigencia del contrato cobrará la cantidad estipulada aunque el inmueble esté desocupado. Además, la sociedad pública garantizará todos los riesgos que ocasiona el alquiler a través de la suscripción de seguros por daños, multirriesgo e impago, además de los costes por costas judiciales en caso de acudir al procedimiento judicial de desahucio. Para garantizar la celeridad de estos procedimientos judiciales, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a realizar las reformas necesarias para incluir en los juicios rápidos las citaciones por desahucio.
Los inquilinos que accedan a los servicios de la sociedad a través de una página web, un teléfono 902 o la red de agentes colaboradores (en fase de preparación) deberán abonar unos honorarios en concepto de gestión, aportar una cantidad por la fianza que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (normalmente, una mensualidad) y, finalmente, hacer frente al pago de la renta que también ingresará la sociedad pública. En cuanto a los precios de los alquileres, normalmente no diferirán del valor determinado por el mercado. No obstante, se prevé que los precios se irán ajustando conforme aumente el número de viviendas gestionadas.
La Sociedad Pública de Alquiler contará con un capital social de veinte millones de euros; para el ejercicio vigente ya se le ha asignado una partida presupuestaria de seis millones de euros. Tendrá la misma estructura de ingresos que una agencia o inmobiliaria privada: fianza, renta y honorarios, y su labor consistirá en la mediación entre los distintos agentes públicos y privados del sector.
El propietario que ceda su vivienda firmará un contrato con la Sociedad Pública que se quedará con hasta el 20% de las rentas generadas en concepto de gastos de intermediación. A cambio, tendrá la garantía de que durante los cinco años de vigencia del contrato cobrará la cantidad estipulada aunque el inmueble esté desocupado. Además, la sociedad pública garantizará todos los riesgos que ocasiona el alquiler a través de la suscripción de seguros por daños, multirriesgo e impago, además de los costes por costas judiciales en caso de acudir al procedimiento judicial de desahucio. Para garantizar la celeridad de estos procedimientos judiciales, el Ministerio de Justicia se ha comprometido a realizar las reformas necesarias para incluir en los juicios rápidos las citaciones por desahucio.
Los inquilinos que accedan a los servicios de la sociedad a través de una página web, un teléfono 902 o la red de agentes colaboradores (en fase de preparación) deberán abonar unos honorarios en concepto de gestión, aportar una cantidad por la fianza que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (normalmente, una mensualidad) y, finalmente, hacer frente al pago de la renta que también ingresará la sociedad pública. En cuanto a los precios de los alquileres, normalmente no diferirán del valor determinado por el mercado. No obstante, se prevé que los precios se irán ajustando conforme aumente el número de viviendas gestionadas.
