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El Consejo de la Abogacía reclama incluir la pasantía en la Ley de acceso a la profesión de abogado

Esta Ley de acceso a la profesión vendrá a poner fin a la excepcionalidad de España en esta materia, puesto que es el único país de Europa que no tiene regulado el acceso a la profesión mediante exámenes y/o prácticas adicionales a la formación teórica universitaria. Los cursos prácticos de formación para la prueba de evaluación podrán, según se desprende del texto del Proyecto, ser impartidos tanto por universidades como por escuelas de práctica jurídica y otros centros de formación, desapareciendo, por tanto, la preferencia de las universidades. En lo referente a las escuelas de práctica jurídica, el proyecto establece que al menos la mitad de los docentes de las mismas deberán ser profesionales colegiados, con el objeto de garantizar una mejor formación práctica, y, en todo caso, tanto las escuelas como la universidad deberá celebrar convenios con colegios profesionales para garantizar las prácticas externas.

Por su parte, el Consejo General de la Abogacía (CGAE) ha expuesto en su página www.cgae.es su opinión respecto al contenido del citado proyecto, criticando diversos aspectos del mismo. El CGAE ha reclamado, en primer lugar, la inclusión de la pasantía como vía autónoma para el acceso a la prueba de evaluación. Según el CGAE, ésta es una ‘fundada reivindicación, gracias a la cual se han formado varias generaciones de abogados españoles’.

Uno de los aspectos más criticados ha sido la referencia a que las prácticas externas deberán constituir ‘un tercio como máximo del contenido formativo de los cursos’, lo que permitiría que estos cursos dedicaran un período lectivo muy escaso a la formación práctica. Según considera el CGAE, la duración apuntada debiera ser un mínimo, ya que la formación práctica debería constituir la parte más importante y extensa.

También considera que el proyecto mantiene un trato desigual para las escuelas de práctica jurídica, por venir obligadas a suscribir un convenio con las universidades para la acreditación y reconocimiento de sus cursos, esto es, que sean admisibles como preparatorios de la evaluación.

El CGAE reprueba, asimismo, que la Ley mantenga una 'vacatio legis' de seis años, justificada en el mismo con el objetivo de no perjudicar a los actuales estudiantes de derecho.

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