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El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de Reproducción Humana Asistida
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde el pasado 16 de febrero al proyecto de ley de reproducción humana asistida, que seguidamente continuará su tramitación en el Senado.
El proyecto ha encendido la polémica en diversos sectores de la opinión pública, especialmente los de signo más conservador, debido a que permitirá la selección genética de embriones con fines terapéuticos para terceros, de tal forma que las parejas podrán buscar un bebé sano que sirva de donante para curar al hermano enfermo (esto es, la autorización del diagnóstico preimplantacional con fines terapéuticos para terceros, consistente en analizar las células de los embriones de una pareja y, mediante fecundación in vitro, seleccionar uno sano para que se convierta en un potencial donante de su hermano y utilizar así su médula ósea o su cordón umbilical). Esta técnica se limitará a casos excepcionales, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Recordemos que en el año 2004 se aprobaron dos decretos sobre reproducción asistida; el primero, Real Decreto 1720/2004 amplió los supuestos en que podían fecundarse más de tres ovocitos en el mismo ciclo; y el segundo, el Real Decreto 2132/2004, reguló el consentimiento informado de los progenitores para donar a la investigación los preembriones sobrantes de sus procesos de fertilización.
Entre otros aspectos destacables, este proyecto de ley generaliza la posibilidad de investigar con preembriones sobrantes, eliminando la limitación establecida por la Ley 45/2003; establece la donación gratuita y confidencial de gametos, elimina la limitación del número de ovocitos a fecundar en cada ciclo reproductivo y no fija una edad limite para ser madre. Asimismo, regula la crioconservación y la investigación con gametos y preembriones sobrantes; impone que la práctica de las técnicas de reproducción asistida sólo se podrá llevar a cabo en centros o servicios autorizados, y contempla sanciones que van desde los 1.000 euros al millón para aquellos centros que cometan infracciones como la de revelar la identidad de los donantes o realizar malas prácticas.
También prohíbe las madres de alquiler y la clonación de seres humanos con fines reproductivos, sin pronunciarse sobre la clonación con fines terapéuticos, cuya regulación se pospone para una futura ley de biomedicina.
El proyecto ha encendido la polémica en diversos sectores de la opinión pública, especialmente los de signo más conservador, debido a que permitirá la selección genética de embriones con fines terapéuticos para terceros, de tal forma que las parejas podrán buscar un bebé sano que sirva de donante para curar al hermano enfermo (esto es, la autorización del diagnóstico preimplantacional con fines terapéuticos para terceros, consistente en analizar las células de los embriones de una pareja y, mediante fecundación in vitro, seleccionar uno sano para que se convierta en un potencial donante de su hermano y utilizar así su médula ósea o su cordón umbilical). Esta técnica se limitará a casos excepcionales, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Recordemos que en el año 2004 se aprobaron dos decretos sobre reproducción asistida; el primero, Real Decreto 1720/2004 amplió los supuestos en que podían fecundarse más de tres ovocitos en el mismo ciclo; y el segundo, el Real Decreto 2132/2004, reguló el consentimiento informado de los progenitores para donar a la investigación los preembriones sobrantes de sus procesos de fertilización.
Entre otros aspectos destacables, este proyecto de ley generaliza la posibilidad de investigar con preembriones sobrantes, eliminando la limitación establecida por la Ley 45/2003; establece la donación gratuita y confidencial de gametos, elimina la limitación del número de ovocitos a fecundar en cada ciclo reproductivo y no fija una edad limite para ser madre. Asimismo, regula la crioconservación y la investigación con gametos y preembriones sobrantes; impone que la práctica de las técnicas de reproducción asistida sólo se podrá llevar a cabo en centros o servicios autorizados, y contempla sanciones que van desde los 1.000 euros al millón para aquellos centros que cometan infracciones como la de revelar la identidad de los donantes o realizar malas prácticas.
También prohíbe las madres de alquiler y la clonación de seres humanos con fines reproductivos, sin pronunciarse sobre la clonación con fines terapéuticos, cuya regulación se pospone para una futura ley de biomedicina.
