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El comité de la ONU vuelve a dictaminar a favor de la creación de una segunda instancia penal efectiva
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado, una vez más, la vulneración por España del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966, y ratificado por España el 13 de abril de 1977 (toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la Ley).
Dicha condena se fundamente en la violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su dimensión penal debido a la inexistencia en España de segunda instancia penal efectiva. El Comité ha concedido a España un plazo de 90 días para informar de las medidas adoptadas para cumplir este pronunciamiento.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado ya en tres ocasiones dicho incumplimiento por parte de España, estimando que el Tribunal Supremo no hace una nueva valoración de las pruebas presentadas en el juicio celebrado en primera instancia ante una Audiencia Provincial.
En contraposición a lo previsto en el proceso penal español, la doble instancia penal posibilita que el tribunal ad quem deba entrar a revisar los hechos y fundamentos condenatorios del tribunal a quo, posibilidad ésta que no existe en nuestra legislación. De hecho, el Tribunal Supremo declaró que tenía terminantemente prohibido hacer una nueva valoración de los hechos ya ponderados por la Audiencia Provincial, y que debía limitarse a comprobar la racionalidad de las valoraciones realizadas por el tribunal de primera instancia, y que éstas no fueran arbitrarias.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de generalizar el recurso de apelación para todas las sentencias. También el Gobierno ha mostrado su interés en introducir la segunda instancia penal en los Tribunales Superiores de Justicia; en declaraciones efectuadas el pasado mes de septiembre, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se mostró, "receptivo" a una reforma que podría adelantarse a la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prevista por el Gobierno.
Pero, en la práctica, se siguen sucediendo los dictámenes adversos e incluso una condena del Tribunal de Estrasburgo por el mismo motivo. Mientras, diversas asociaciones jurídicas, como Jueces para la Democracia, y los abogados en ejercicio, plantean cada vez más frecuentemente la vulneración del Pacto para acudir a los tribunales internacionales.
Dicha condena se fundamente en la violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su dimensión penal debido a la inexistencia en España de segunda instancia penal efectiva. El Comité ha concedido a España un plazo de 90 días para informar de las medidas adoptadas para cumplir este pronunciamiento.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado ya en tres ocasiones dicho incumplimiento por parte de España, estimando que el Tribunal Supremo no hace una nueva valoración de las pruebas presentadas en el juicio celebrado en primera instancia ante una Audiencia Provincial.
En contraposición a lo previsto en el proceso penal español, la doble instancia penal posibilita que el tribunal ad quem deba entrar a revisar los hechos y fundamentos condenatorios del tribunal a quo, posibilidad ésta que no existe en nuestra legislación. De hecho, el Tribunal Supremo declaró que tenía terminantemente prohibido hacer una nueva valoración de los hechos ya ponderados por la Audiencia Provincial, y que debía limitarse a comprobar la racionalidad de las valoraciones realizadas por el tribunal de primera instancia, y que éstas no fueran arbitrarias.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de generalizar el recurso de apelación para todas las sentencias. También el Gobierno ha mostrado su interés en introducir la segunda instancia penal en los Tribunales Superiores de Justicia; en declaraciones efectuadas el pasado mes de septiembre, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, se mostró, "receptivo" a una reforma que podría adelantarse a la promulgación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal prevista por el Gobierno.
Pero, en la práctica, se siguen sucediendo los dictámenes adversos e incluso una condena del Tribunal de Estrasburgo por el mismo motivo. Mientras, diversas asociaciones jurídicas, como Jueces para la Democracia, y los abogados en ejercicio, plantean cada vez más frecuentemente la vulneración del Pacto para acudir a los tribunales internacionales.
