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El CGPJ cree positivo que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a la ley contra la violencia de género
El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha declarado que considera positivo que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a la constitucionalidad de la ley contra la violencia de género. Concretamente, López se refirió a la decisión de la jueza titular del Juzgado de lo Penal nº 4 de Murcia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta ley al considerar que no se pueden agravar las penas según el sexo del agresor.
Las dudas invocadas en el escrito remitido por la citada jueza en relación con un caso concreto de malos tratos, fueron ya suscitadas durante la tramitación parlamentaria de la ley: ¿Es lícito introducir en el ámbito penal diferencias de trato en relación con el sexo?; ¿Debe la ley agravar el castigo respecto de la violencia ejercida en el ámbito doméstico por el hombre sobre la mujer? "Para perseguir con severidad el maltrato conyugal", afirma la juez, "bastaba con agravar las penas sin distinguir sexos. Como resultado, un mayor número de hombres resultaría castigado, en cuanto que éstos son autores de esas conductas con mayor frecuencia estadística, todo ello sin comprometer el derecho a la igualdad".
El portavoz del CGPJ recordó que el informe aprobado por el órgano de gobierno de los jueces sobre la citada norma dudaba de la constitucionalidad de varios artículos de la ley y criticaba que la discriminación positiva en favor de las mujeres excluyera al resto de las víctimas de la violencia doméstica.
Respecto a las declaraciones realizadas por la presidenta del Observatorio de Violencia de Género y Doméstica y vocal del CGPJ, Montserrat Comas, quien no comparte la opinión que la ley sea discriminatoria, indicó que su opinión es respetable, al igual que la de los que mantienen las dudas sobre su posible inconstitucionalidad.
Por su parte, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, recientemente publicada, considera especialmente preocupante el incremento producido en el año 2004 de las causas abiertas por casos de violencia doméstica y de género, que suponen más del doble de los incoados en el año 2003. Según la citada memoria, este constante incremento parece obedecer más que al incremento real de estas conductas a una renovada decisión de las víctimas de denunciar los hechos; no obstante, señala que la iniciativa contenida en el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la violencia ejercida sobre la mujer es oportuna y acertada.
El número de asesinatos consumados ha pasado de 9 en 2003 a 18 en 2004, descendiendo, por contra, de 36 a 29 el de homicidios consumados. La Memoria refleja asimismo que sólo han descendido los juicios de faltas ordinarios, más de un 50 %, circunstancia que se debe a la reforma que califica como delito determinadas infracciones anteriormente constitutivas de falta.
También se observa un notable incremento en el número de expedientes abiertos contra menores de edad por conductas de maltrato dirigidas contra los propios progenitores. Por otro lado, se constata que el 86,8 por ciento de las víctimas son mujeres, mientras que respecto al sexo del agresor, en un 88,9 por ciento fueron hombres. Y, curiosamente, existe un ligero descenso de las agresiones dirigidas contra cónyuges o excónyuges, mientras que las agresiones inflingidas entre miembros de parejas de hecho aumentan.
Las dudas invocadas en el escrito remitido por la citada jueza en relación con un caso concreto de malos tratos, fueron ya suscitadas durante la tramitación parlamentaria de la ley: ¿Es lícito introducir en el ámbito penal diferencias de trato en relación con el sexo?; ¿Debe la ley agravar el castigo respecto de la violencia ejercida en el ámbito doméstico por el hombre sobre la mujer? "Para perseguir con severidad el maltrato conyugal", afirma la juez, "bastaba con agravar las penas sin distinguir sexos. Como resultado, un mayor número de hombres resultaría castigado, en cuanto que éstos son autores de esas conductas con mayor frecuencia estadística, todo ello sin comprometer el derecho a la igualdad".
El portavoz del CGPJ recordó que el informe aprobado por el órgano de gobierno de los jueces sobre la citada norma dudaba de la constitucionalidad de varios artículos de la ley y criticaba que la discriminación positiva en favor de las mujeres excluyera al resto de las víctimas de la violencia doméstica.
Respecto a las declaraciones realizadas por la presidenta del Observatorio de Violencia de Género y Doméstica y vocal del CGPJ, Montserrat Comas, quien no comparte la opinión que la ley sea discriminatoria, indicó que su opinión es respetable, al igual que la de los que mantienen las dudas sobre su posible inconstitucionalidad.
Por su parte, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, recientemente publicada, considera especialmente preocupante el incremento producido en el año 2004 de las causas abiertas por casos de violencia doméstica y de género, que suponen más del doble de los incoados en el año 2003. Según la citada memoria, este constante incremento parece obedecer más que al incremento real de estas conductas a una renovada decisión de las víctimas de denunciar los hechos; no obstante, señala que la iniciativa contenida en el Anteproyecto de Ley Orgánica Integral de Medidas contra la violencia ejercida sobre la mujer es oportuna y acertada.
El número de asesinatos consumados ha pasado de 9 en 2003 a 18 en 2004, descendiendo, por contra, de 36 a 29 el de homicidios consumados. La Memoria refleja asimismo que sólo han descendido los juicios de faltas ordinarios, más de un 50 %, circunstancia que se debe a la reforma que califica como delito determinadas infracciones anteriormente constitutivas de falta.
También se observa un notable incremento en el número de expedientes abiertos contra menores de edad por conductas de maltrato dirigidas contra los propios progenitores. Por otro lado, se constata que el 86,8 por ciento de las víctimas son mujeres, mientras que respecto al sexo del agresor, en un 88,9 por ciento fueron hombres. Y, curiosamente, existe un ligero descenso de las agresiones dirigidas contra cónyuges o excónyuges, mientras que las agresiones inflingidas entre miembros de parejas de hecho aumentan.
