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El CGPJ considera inconstitucional la inviolabilidad de los magistrados del TC
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un dictamen, por 11 votos a favor y 7 en contra --con los votos favorables de los 9 vocales propuestos por el PP, del presidente del Consejo, Francisco José Hernando, y del independiente Agustín Azparren--, que califica de inconstitucional la inviolabilidad de los magistrados del Tribunal Constitucional. Este extremo ha sido incluido en la propuesta de reforma del Tribunal Constitucional promovida por el Gobierno. Por su parte, votaron en contra los 6 vocales de PSOE-IU y el de CiU, Alfons López Tena.
El informe señala que la inviolabilidad prevista en el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional carece de respaldo en el texto constitucional, a lo que añade que la inviolabilidad es excepción a la regla de responsabilidad y de sujeción a la Constitución, máxime tratándose de depositarios de los poderes públicos.
El polémico artículo objeto del dictamen señala que los magistrados del Constitucional no podrán ser perseguidos en ninguna forma ni ante ninguna jurisdicción por las opiniones expresadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. El informe resalta que los jueces del TC gozarían de un status de inmunidad ante la ley, resultando así irresponsables de modo absoluto por las decisiones que adopten. Ello supondría, además, una inviolabilidad más amplia que la que la Constitución otorga a diputados y senadores.
Por otro lado, dicho status vulnera el artículo 14 de la Constitución (igualdad ante la Ley), no sólo por comparación los ciudadanos en general, sino también con el de los miembros del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones. Asimismo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de quienes demandaran responsabilidades a los mismos jueces.
En relación con la responsabilidad de los jueces del TC, es de recordar el enfrentamiento que tuvo lugar, a principios del año 2004, entre el Supremo y el Constitucional. La Sala Civil del TS condenó a 11 magistrados del TC a pagar una indemnización pecuniara a un abogado por negligencia grave al resolver la admisión de un asunto; por su parte, el TC recurrió en amparo ante sí mismo esa sentencia, recurso que está pendiente de ser resuelto.
Sin embargo, con excepción de este punto particularmente polémico, el Pleno del Consejo se muestra unánimemente de acuerdo en la valoración positiva al resto de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ha propuesto el Gobierno, al entender que puede contribuir a disminuir los recursos de amparo que actualmente colapsan su funcionamiento.
El informe señala que la inviolabilidad prevista en el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Constitucional carece de respaldo en el texto constitucional, a lo que añade que la inviolabilidad es excepción a la regla de responsabilidad y de sujeción a la Constitución, máxime tratándose de depositarios de los poderes públicos.
El polémico artículo objeto del dictamen señala que los magistrados del Constitucional no podrán ser perseguidos en ninguna forma ni ante ninguna jurisdicción por las opiniones expresadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. El informe resalta que los jueces del TC gozarían de un status de inmunidad ante la ley, resultando así irresponsables de modo absoluto por las decisiones que adopten. Ello supondría, además, una inviolabilidad más amplia que la que la Constitución otorga a diputados y senadores.
Por otro lado, dicho status vulnera el artículo 14 de la Constitución (igualdad ante la Ley), no sólo por comparación los ciudadanos en general, sino también con el de los miembros del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones. Asimismo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de quienes demandaran responsabilidades a los mismos jueces.
En relación con la responsabilidad de los jueces del TC, es de recordar el enfrentamiento que tuvo lugar, a principios del año 2004, entre el Supremo y el Constitucional. La Sala Civil del TS condenó a 11 magistrados del TC a pagar una indemnización pecuniara a un abogado por negligencia grave al resolver la admisión de un asunto; por su parte, el TC recurrió en amparo ante sí mismo esa sentencia, recurso que está pendiente de ser resuelto.
Sin embargo, con excepción de este punto particularmente polémico, el Pleno del Consejo se muestra unánimemente de acuerdo en la valoración positiva al resto de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que ha propuesto el Gobierno, al entender que puede contribuir a disminuir los recursos de amparo que actualmente colapsan su funcionamiento.
