El portal de Derecho Español más completo y útil para juristas, empresas y particulares
El CGPJ archiva la denuncia interpuesta por varias asociaciones de mujeres contra la Juez Decana de Barcelona.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha votado por unanimidad el archivo de la denuncia interpuesta contra la juez decana de Barcelona, María Sanahúja, por varias asociaciones de mujeres que pedían que la magistrada fuera apartada de todo procedimiento judicial establecido en litigios concernientes al Derecho de familia y matrimonio, por sus manifestaciones sobre las denuncias falsas detectadas en supuestos casos de maltrato.
El CGPJ considera que las opiniones y manifestaciones públicas realizadas por la Juez Decana están amparadas en el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 24.2 de la Constitución española, y precisa que el único límite que los jueces y magistrados tienen a dicho derecho es el de no poder revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, única conducta sancionable disciplinariamente, según se establece en el artículo 396 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso no se da esta circunstancia sancionable, "al ostentar Sanahúja un cargo gubernativo de carácter jurisdiccional".
Las organizaciones denunciantes justificaron su petición en que Sanahúja desacreditó a las víctimas de la violencia doméstica ante la opinión pública, al imputar "de modo general al conjunto de las mujeres víctimas de violencia, de manera gratuita, una conducta delictual, al vincular el incremento de denunciantes a la falsedad de las denuncias, sin más prueba o fundamento que el propio aumento".
El CGPJ considera que las opiniones y manifestaciones públicas realizadas por la Juez Decana están amparadas en el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 24.2 de la Constitución española, y precisa que el único límite que los jueces y magistrados tienen a dicho derecho es el de no poder revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, única conducta sancionable disciplinariamente, según se establece en el artículo 396 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este caso no se da esta circunstancia sancionable, "al ostentar Sanahúja un cargo gubernativo de carácter jurisdiccional".
Las organizaciones denunciantes justificaron su petición en que Sanahúja desacreditó a las víctimas de la violencia doméstica ante la opinión pública, al imputar "de modo general al conjunto de las mujeres víctimas de violencia, de manera gratuita, una conducta delictual, al vincular el incremento de denunciantes a la falsedad de las denuncias, sin más prueba o fundamento que el propio aumento".
