El arbitraje en alquileres reduce hasta un 60% el coste del desahucio y acorta los plazos 10 meses
Desde que en marzo de este año entró en vigor la nueva ley de arbitraje, esta forma extrajudicial de resolver conflictos ha recibido un fuerte empujón, debido, sobre todo, al hecho de que un asunto como un desahucio, que en un juzgado puede tardar un año, en arbitraje se resuelve en el tiempo pactado entre las partes, que por ley no será más de seis meses.
El arbitraje aplicado a la resolución de conflictos en los contratos de arrendamiento abarata hasta un 60% los costes del desahucio y rebaja en 10 meses la ejecución efectiva del laudo frente al recurso de la vía judicial tradicional, según conclusiones de un estudio elaborado por AEDE (Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad).
Según el director general de esta Asociación, Javier Iscar, la suscripción de un convenio arbitral sólo cuesta 40 euros y consiste en cumplimentar un documento que se anexa al contrato de alquiler, no teniendo que desembolsar cantidad alguna adicional si no se produce conflicto.Si fuese necesario abrir el procedimiento arbitral, el demandante deberá hacer una provisión de gastos de unos 350 euros y esperar el laudo arbitral y su ejecución judicial definitiva. El árbitro, en un plazo máximo de dos meses desde que se presenta la demanda, emitirá un laudo con la misma validez que una sentencia judicial y sin posibilidad de impugnación por razones de fondo. La ejecución se hará vía judicial en otros dos o tres meses, según el grado de colapso del juzgado. Todo el proceso cuesta unos 850 euros y se puede tramitar a través de Aeade.
Sin embargo, añade Javier Iscar, por la vía judicial, la resolución se suele prolongar entre 10 y 15 meses, lo que supone casi unos 10 meses más y el coste de contratar abogado y procurador, que puede alcanzar los 2.300 euros.
Aeade busca ahora convencer a los grandes promotores de la inclusión del convenio de arbitraje en sus contratos de arrendamiento, avanzando que ya se han firmado acuerdos con comunidades autónomas como Madrid, Valencia o País Vasco, el ayuntamiento de la capital y en breve espera poder hacerlo con el Ministerio de Vivienda para que la Sociedad Pública de Alquiler ofrezca esta garantía a sus clientes.
En la actualidad, hay 70.000 contratos de arrendamiento con convenio arbitral.