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El anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración Local, en fase de información a los municipios
Una vez concluida la elaboración del Libro Blanco para la reforma del Gobierno Local en España, el borrador del anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración Local se halla actualmente en fase de información a los municipios. El Gobierno prevé aprobar el anteproyecto en febrero de 2006, tras recoger las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Las líneas básicas del anteproyecto, según las conclusiones aportadas al Libro Blanco, son las siguientes:
La regulación de las competencias municipales, procurando que esas materias se ajusten lo más posible a la realidad, necesidades, expectativas y capacidad financiera de las Entidades Locales. Este punto ha sido largamente reinvindicado por la FEMP, frente a la expansión competencial de las comunidades autónomas. El borrador contempla una lista de quince competencias exclusivas para los gobiernos locales (entre otras, la gestión del padrón municipal, la gestión y conservación del patrimonio municipal, y la elaboración y aprobación de planeamientos así como gestión, ejecución y disciplina urbanística), más otra lista de veintidós competencias que, tras la oportuna negociación con comunidades autónomas y gobierno central, serán compartidas o parcialmente delegadas (entre estas últimas figuran genéricamente las de sanidad, inmigración, empleo, educación o protección civil). Además, contempla un tercer listado de 'servicios obligatorios' a gestionar por los ayuntamientos, como por ejemplo, los servicios sociales de atención primaria, la gestión de parques e instalaciones deportivas o el abastecimiento de luz y agua.
Reforzamiento de las potestades, especialmente en el caso de las potestades normativa y sancionadora. El borrador de anteproyecto duplica las sanciones permitidas en la actualidad por la Ley de Bases de Régimen Local de 1985. Por infracción leve, los ayuntamientos podrán imponer multas de hasta 1.500 euros, que serán de hasta 3.000 euros si son graves. En caso de infracciones muy graves a la ordenanza, las multas se extenderán hasta los 6.000 euros (el doble que en la actualidad). Estas sanciones podrán sustituirse por trabajos de valor equivalente para la comunidad local, cuando así lo acuerde el Consistorio y el afectado.
Un modelo de intermunicipalidad coherente y respetuoso con el sistema de distribución territorial del poder. Para ello, el texto del Anteproyecto fija la creación de una 'conferencia general de política local' para coordinar la política económica con Estado y comunidades, y la participación de los municipios en instituciones estatales como los consejos sectoriales.
El diseño de un modelo que delimite claramente las funciones entre órganos ejecutivos y deliberantes o de control, y la clarificación del estatuto de los cargos públicos representativos. El control de incompatibilidades se garantiza con medidas como la obligación de que los concejales hagan una declaración de su patrimonio. Los entes locales deberán también formar un inventario de su bienes.
Las líneas básicas del anteproyecto, según las conclusiones aportadas al Libro Blanco, son las siguientes:
La regulación de las competencias municipales, procurando que esas materias se ajusten lo más posible a la realidad, necesidades, expectativas y capacidad financiera de las Entidades Locales. Este punto ha sido largamente reinvindicado por la FEMP, frente a la expansión competencial de las comunidades autónomas. El borrador contempla una lista de quince competencias exclusivas para los gobiernos locales (entre otras, la gestión del padrón municipal, la gestión y conservación del patrimonio municipal, y la elaboración y aprobación de planeamientos así como gestión, ejecución y disciplina urbanística), más otra lista de veintidós competencias que, tras la oportuna negociación con comunidades autónomas y gobierno central, serán compartidas o parcialmente delegadas (entre estas últimas figuran genéricamente las de sanidad, inmigración, empleo, educación o protección civil). Además, contempla un tercer listado de 'servicios obligatorios' a gestionar por los ayuntamientos, como por ejemplo, los servicios sociales de atención primaria, la gestión de parques e instalaciones deportivas o el abastecimiento de luz y agua.
Reforzamiento de las potestades, especialmente en el caso de las potestades normativa y sancionadora. El borrador de anteproyecto duplica las sanciones permitidas en la actualidad por la Ley de Bases de Régimen Local de 1985. Por infracción leve, los ayuntamientos podrán imponer multas de hasta 1.500 euros, que serán de hasta 3.000 euros si son graves. En caso de infracciones muy graves a la ordenanza, las multas se extenderán hasta los 6.000 euros (el doble que en la actualidad). Estas sanciones podrán sustituirse por trabajos de valor equivalente para la comunidad local, cuando así lo acuerde el Consistorio y el afectado.
Un modelo de intermunicipalidad coherente y respetuoso con el sistema de distribución territorial del poder. Para ello, el texto del Anteproyecto fija la creación de una 'conferencia general de política local' para coordinar la política económica con Estado y comunidades, y la participación de los municipios en instituciones estatales como los consejos sectoriales.
El diseño de un modelo que delimite claramente las funciones entre órganos ejecutivos y deliberantes o de control, y la clarificación del estatuto de los cargos públicos representativos. El control de incompatibilidades se garantiza con medidas como la obligación de que los concejales hagan una declaración de su patrimonio. Los entes locales deberán también formar un inventario de su bienes.
