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El anteproyecto de la Ley del Suelo Estatal, a punto para ser remitido al Consejo de Ministros
Según ha anunciado recientemente la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en la inauguración de la séptima Conferencia Inmobiliaria, el borrador del anteproyecto de la Ley de Suelo estatal será presentado en escasas semanas al Consejo de Ministros. Trujillo informó que el texto del anteproyecto persigue una renovación de las bases del régimen jurídico del suelo, con el objetivo de favorecer el equilibrio entre el derecho a la vivienda, la libertad de empresa y el respeto al medio ambiente.
Trujillo recalcó que la futura Ley del Suelo incluirá una sistema de valoración real del suelo, que tendrá en cuenta las mejoras, los riesgos y la inversión asumidos, pero no las meras expectativas de futuro. En la actualidad, la valoración del suelo se modula en función de lo que se vaya a construir sobre él (esto es, en función de las plusvalías que se generarían en el futuro), y no según la situación real en la que se encuentre en el momento de su venta.
Una de las modificaciones última hora incluida en el borrador, en la misma línea anteriormente señalada, es la posibilidad de que los terrenos rústicos sean más o menos valorados según su cercanía a los grandes núcleos de población. Debido a este criterio, el valor de venta del suelo rústico será distinto si se encuentra alejado del núcleo urbano, o si está ubicado en las proximidades de una zona metropolitana. En definitiva, se pretende evitar que los suelos rústicos se sigan pagando más o menos caros en función de si, a el corto o medio plazo, pueden ser recalificados como urbanizables
Entre las líneas del Anteproyecto se incluye también el aseguramiento de un porcentaje mínimo básico de reserva de suelo residencial para vivienda protegida, mínimo que podrá ser modulado por las comunidades autónomas. Asimismo, el Anteproyecto hará especial hincapié en la mayor transparencia en la información sobre urbanismo y suelo, lo que se traduce en que los convenios públicos se tendrán que someter a información pública.
Otra de las previsiones del Anteproyecto es garantizar el destino de los patrimonios municipales de suelo, mediante la elevación a condición básica de la regla del concurso como forma de enajenación de esos bienes. No obstante, el texto prevé asimismo acotar los destinos posibles de esos patrimonios municipales de suelo.
La novedad incluida en el borrador de Anteproyecto, y que ha recibido más críticas por parte de las promotoras, ha sido el establecimiento de un mínimo de reserva de terrenos para construir viviendas de protección oficial (VPO), que a las comunidades autónomas sirva de mínimo a partir del cual deberán fijar el porcentaje definitivo de reserva. Ya el primer borrador disponía que en los nuevos desarrollos urbanísticos ese mínimo debía ser del 25%, porcentaje que deberá todavía superar el trámite parlamentario.
Este Anteproyecto pretende dar un giro a la situación actual del mercado inmobiliario español, en el que el suelo urbanizable han crecido un 25% en una década (de 1990 a 2000), mientras que en el resto de Europa el aumento ha sido del 20% en dos décadas (de 1980 a 2000). Asimismo, los precios de la vivienda se han incrementado en un 135% de 1998 a 2005, y los del suelo urbano un 500%. Desde 1995 la vivienda protegida ha decrecido (del 30% a un escaso 7% actual). Los arrendamientos siguen estando por debajo de la media europea, que oscila alrededor del 30%, mientras que en España se encuentran entre el 7 y el 11%.
En esta misma comparecencia, la ministra Trujillo se refirió al Código Técnico de la Edificación (CTE), que establece las exigencias básicas en cuanto a seguridad, eficiencia energética y sostenibilidad. Las primeras críticas al CTE han provenido de los promotores, debido a los costes de implantación que repercutirán en una disminución de su margen de beneficios en el mercado de la vivienda protegida.
Trujillo recalcó que la futura Ley del Suelo incluirá una sistema de valoración real del suelo, que tendrá en cuenta las mejoras, los riesgos y la inversión asumidos, pero no las meras expectativas de futuro. En la actualidad, la valoración del suelo se modula en función de lo que se vaya a construir sobre él (esto es, en función de las plusvalías que se generarían en el futuro), y no según la situación real en la que se encuentre en el momento de su venta.
Una de las modificaciones última hora incluida en el borrador, en la misma línea anteriormente señalada, es la posibilidad de que los terrenos rústicos sean más o menos valorados según su cercanía a los grandes núcleos de población. Debido a este criterio, el valor de venta del suelo rústico será distinto si se encuentra alejado del núcleo urbano, o si está ubicado en las proximidades de una zona metropolitana. En definitiva, se pretende evitar que los suelos rústicos se sigan pagando más o menos caros en función de si, a el corto o medio plazo, pueden ser recalificados como urbanizables
Entre las líneas del Anteproyecto se incluye también el aseguramiento de un porcentaje mínimo básico de reserva de suelo residencial para vivienda protegida, mínimo que podrá ser modulado por las comunidades autónomas. Asimismo, el Anteproyecto hará especial hincapié en la mayor transparencia en la información sobre urbanismo y suelo, lo que se traduce en que los convenios públicos se tendrán que someter a información pública.
Otra de las previsiones del Anteproyecto es garantizar el destino de los patrimonios municipales de suelo, mediante la elevación a condición básica de la regla del concurso como forma de enajenación de esos bienes. No obstante, el texto prevé asimismo acotar los destinos posibles de esos patrimonios municipales de suelo.
La novedad incluida en el borrador de Anteproyecto, y que ha recibido más críticas por parte de las promotoras, ha sido el establecimiento de un mínimo de reserva de terrenos para construir viviendas de protección oficial (VPO), que a las comunidades autónomas sirva de mínimo a partir del cual deberán fijar el porcentaje definitivo de reserva. Ya el primer borrador disponía que en los nuevos desarrollos urbanísticos ese mínimo debía ser del 25%, porcentaje que deberá todavía superar el trámite parlamentario.
Este Anteproyecto pretende dar un giro a la situación actual del mercado inmobiliario español, en el que el suelo urbanizable han crecido un 25% en una década (de 1990 a 2000), mientras que en el resto de Europa el aumento ha sido del 20% en dos décadas (de 1980 a 2000). Asimismo, los precios de la vivienda se han incrementado en un 135% de 1998 a 2005, y los del suelo urbano un 500%. Desde 1995 la vivienda protegida ha decrecido (del 30% a un escaso 7% actual). Los arrendamientos siguen estando por debajo de la media europea, que oscila alrededor del 30%, mientras que en España se encuentran entre el 7 y el 11%.
En esta misma comparecencia, la ministra Trujillo se refirió al Código Técnico de la Edificación (CTE), que establece las exigencias básicas en cuanto a seguridad, eficiencia energética y sostenibilidad. Las primeras críticas al CTE han provenido de los promotores, debido a los costes de implantación que repercutirán en una disminución de su margen de beneficios en el mercado de la vivienda protegida.
