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El 10% de funcionarios podrán trabajar desde casa en el 2008
El Gobierno tiene previsto que unos 20.000 empleados públicos puedan trabajar desde casa a partir de finales de 2008, lo que representa cerca del 10% de los trabajadores de la Administracición General del Estado.
El Gobierno ha remitido en el presente mes de marzo, al Consejo Económico y Social (CES) un real decreto para extender el teletrabajo a toda la Administración General del Estado con el objetivo de que, al menos, 23.000 funcionarios, puedan realizar sus tareas desde sus casas. Estos empleados tendrán la posibilidad de cubrir hasta el 40% de su tiempo de trabajo semanal en sus domicilios.
La filosofía de este nuevo decreto se enmarca dentro del Plan Concilia, un conjunto de medidas de flexibilización de horarios laborales y de permisos para atender mejor la vida personal y familiar que puso en marcha el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Según Sevilla, "la conciliación entre la vida profesional y personal es un derecho de los trabajadores además de una prioridad para el Gobierno y el decreto que regulará el teletrabajo es un importante instrumento para lograrlo" .
De esta forma España será el tercer país del mundo que regulará esta actividad, junto a Italia y EEUU.
La nueva norma, la cuál antes de su aprobación deberá ser consensuada con los sindicatos, abarcará al 80% de los funcionarios del Estado. Estos empleados accederán al teletrabajo de forma voluntaria y el mismo no supondrá una merma de su salario, sus complementos o sus posibilidades de promoción. El funcionario podrá prestar servicios desde su casa un máximo de dos días o cuatro tardes por semana. Además, cada departamento ministerial deberá negociar cada año con los sindicatos programas de teletrabajo marcando objetivos y duración. Luego se harán públicos los puestos a cubrir, las condiciones y el procedimiento de selección. Una comisión de valoración seleccionará a los teletrabajadores
Asimismo, los empleados públicos que quieran teletrabajar deben reunir una serie de condiciones, tales como tener dos años de antigüedad en el servicio de la Administración General del Estado, tener conocimiento de informática para usuarios y haber realizado un curso de formación de teletrabajo.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ya ha dicho en varias ocasiones que no todos los puestos se ajustan a esta forma de organizar el trabajo, como ocurre con la asistencia en ventanilla, por lo que habrá que determinar qué puestos podrán acogerse a esta modalidad y cuáles no.
Antes de remitir el documento, el Ministerio de Administraciones Públicas puso en marcha un programa piloto, en el que participaron un total de 110 funcionarios, buena parte de ellos mujeres y muchos con hijos a su cargo. A la vista de los buenos resultados de este programa piloto, el Gobierno se ha decidido a elaborar este decreto que abre la puerta al teletrabajo en la Administración, una posibilidad prohíbida en la actualidad. El Ministerio de Administraciones Públicas, que impulsa esta iniciativa en el marco del Plan Concilia, busca que el sector público se convierta en un "referente" para la industria privada, "tal y como ha ocurrido con la flexibilidad de horarios, los permisos de lactancia y los permisos de paternidad.
El Gobierno ha remitido en el presente mes de marzo, al Consejo Económico y Social (CES) un real decreto para extender el teletrabajo a toda la Administración General del Estado con el objetivo de que, al menos, 23.000 funcionarios, puedan realizar sus tareas desde sus casas. Estos empleados tendrán la posibilidad de cubrir hasta el 40% de su tiempo de trabajo semanal en sus domicilios.
La filosofía de este nuevo decreto se enmarca dentro del Plan Concilia, un conjunto de medidas de flexibilización de horarios laborales y de permisos para atender mejor la vida personal y familiar que puso en marcha el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla.
Según Sevilla, "la conciliación entre la vida profesional y personal es un derecho de los trabajadores además de una prioridad para el Gobierno y el decreto que regulará el teletrabajo es un importante instrumento para lograrlo" .
De esta forma España será el tercer país del mundo que regulará esta actividad, junto a Italia y EEUU.
La nueva norma, la cuál antes de su aprobación deberá ser consensuada con los sindicatos, abarcará al 80% de los funcionarios del Estado. Estos empleados accederán al teletrabajo de forma voluntaria y el mismo no supondrá una merma de su salario, sus complementos o sus posibilidades de promoción. El funcionario podrá prestar servicios desde su casa un máximo de dos días o cuatro tardes por semana. Además, cada departamento ministerial deberá negociar cada año con los sindicatos programas de teletrabajo marcando objetivos y duración. Luego se harán públicos los puestos a cubrir, las condiciones y el procedimiento de selección. Una comisión de valoración seleccionará a los teletrabajadores
Asimismo, los empleados públicos que quieran teletrabajar deben reunir una serie de condiciones, tales como tener dos años de antigüedad en el servicio de la Administración General del Estado, tener conocimiento de informática para usuarios y haber realizado un curso de formación de teletrabajo.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, ya ha dicho en varias ocasiones que no todos los puestos se ajustan a esta forma de organizar el trabajo, como ocurre con la asistencia en ventanilla, por lo que habrá que determinar qué puestos podrán acogerse a esta modalidad y cuáles no.
Antes de remitir el documento, el Ministerio de Administraciones Públicas puso en marcha un programa piloto, en el que participaron un total de 110 funcionarios, buena parte de ellos mujeres y muchos con hijos a su cargo. A la vista de los buenos resultados de este programa piloto, el Gobierno se ha decidido a elaborar este decreto que abre la puerta al teletrabajo en la Administración, una posibilidad prohíbida en la actualidad. El Ministerio de Administraciones Públicas, que impulsa esta iniciativa en el marco del Plan Concilia, busca que el sector público se convierta en un "referente" para la industria privada, "tal y como ha ocurrido con la flexibilidad de horarios, los permisos de lactancia y los permisos de paternidad.
