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CGPJ aclara que instar a una jueza a admitir las denuncias escritas en catalán no ha sido una decisión oficial del Consejo
El Consejo General del Poder Judicial ha aclarado recientemente que no ha sido una decisión oficial del Consejo instar a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Palma, Ana Calado Orejas, a admitir las denuncias escritas en catalán. Fuentes del CGPJ señalaron que esta iniciativa fue a título personal del vocal Alfons López Tena, por lo que subrayaron que, en ningún momento, obedece a una decisión del órgano de gobierno de los jueces.
Estas declaraciones han sido originadas por una carta remitida por una ciudadana al CGPJ, en la que denunciaba que, dos meses después de haber presentado la demanda en catalán ante los Juzgados de Palma de Mallorca por unas obras de demolición que se estaban ejecutando de forma temeraria delante de su domicilio, el Juzgado dictó la inadmisión según el siguiente tenor: Desconociendo este tribunal la lengua de la comunidad, preséntense ulteriores escritos en castellano bajo apercibimiento de inadmisión. Ante esta inadmisión, la ciudadana afectada argumentaba la legitimidad para la utilización del catalán como lengua cooficial amparándose en el Estatut de Autonomía, la Constitución Española y la Ley de Normalización Lingüística.
A consecuencia de esta carta, el CGPJ decidió actuar de oficio, actuación ahora desmentida por fuentes del mismo CGPJ. Dicha actuación consistió en el apercibiendo por escrito a la jueza y advirtiéndole que, de confirmarse estos hechos, podrían ser constitutivo de delito y/o falta disciplinaria. En el mismo escrito se solicitaba que, en la mayor brevedad posible, se remitiera al CGPJ el escrito dictaminando la inadmisión, y se informara sobre el asunto.
Estas declaraciones han sido originadas por una carta remitida por una ciudadana al CGPJ, en la que denunciaba que, dos meses después de haber presentado la demanda en catalán ante los Juzgados de Palma de Mallorca por unas obras de demolición que se estaban ejecutando de forma temeraria delante de su domicilio, el Juzgado dictó la inadmisión según el siguiente tenor: Desconociendo este tribunal la lengua de la comunidad, preséntense ulteriores escritos en castellano bajo apercibimiento de inadmisión. Ante esta inadmisión, la ciudadana afectada argumentaba la legitimidad para la utilización del catalán como lengua cooficial amparándose en el Estatut de Autonomía, la Constitución Española y la Ley de Normalización Lingüística.
A consecuencia de esta carta, el CGPJ decidió actuar de oficio, actuación ahora desmentida por fuentes del mismo CGPJ. Dicha actuación consistió en el apercibiendo por escrito a la jueza y advirtiéndole que, de confirmarse estos hechos, podrían ser constitutivo de delito y/o falta disciplinaria. En el mismo escrito se solicitaba que, en la mayor brevedad posible, se remitiera al CGPJ el escrito dictaminando la inadmisión, y se informara sobre el asunto.
