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Aprobada la ley que aspira a detener la especulación sobre el suelo
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente el proyecto de Ley de Suelo remitido por el Senado con el apoyo de todas las fuerzas políticas, a excepción del Partido Popular. El texto entrará en vigor el próximo 1 de julio, coincidiendo con la constitución de los nuevos ejecutivos autonómicos y locales resultantes de las elecciones del 27 de mayo.
Hasta su aprobación definitiva, la nueva norma ha recorrido un amplio camino en busca del mayor consenso posible, ya que desde el Ministerio de Vivienda y también desde el principal partido de la oposición se insistía en que era necesario un pacto de Estado en esta materia si se quería dotar de estabilidad y continuidad al cambio legislativo. En un principio el PP llegó a solicitar que se realizara una votación separada de los capítulos referidos a la lucha contra la corrupción con los que sí comulgaba, pero finalmente se abstuvo en la mayor parte de las enmiendas votadas. El principal partido de la oposición sólo votó a favor de algunas enmiendas introducidas en el Senado, como las relativas a los límites de alteración de los espacios naturales protegidos o incluidos en la Red Natura 2000 y a las competencias autonómicas en la gestión de los patrimonios públicos de suelo. Puesto que según los populares, la única finalidad de la norma será 'abaratar las expropiaciones y aniquilar el concepto de justiprecio'.
Todos los grupos parlamentarios que votaron a favor de la norma coincidieron en que ésta no será una 'varita mágica' que pondrá fin a los problemas de acceso a una vivienda que persisten en la actualidad aunque sí recordaron que lo más importante ahora es trabajar para que las administraciones locales y autonómicas apliquen de forma efectiva la Ley.
A pesar del amplio respaldo obtenido, desde el Ministerio de Vivienda no descartan que se presente algún recurso de inconstitucionalidad, 'tal y como ha ocurrido históricamente con todas las leyes de suelo'.
Esta norma nace con el objetivo de hacer más sostenible el desarrollo territorial y urbano, fomentar la eficiencia de los mercados de suelo y combatir la especulación, aumentando la transparencia y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones urbanísticas.
Los dos pilares de la Ley los constituyen:
La reserva mínima de suelo para vivienda protegida (VPO), y
El establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones que será de obligada aplicación en los procesos de expropiación.
Con esta norma se intentará amplíar la transparencia, la participación ciudadana y los controles de legalidad sobre el urbanismo, ya que los planes y convenios deberán someterse a información pública antes de su aprobación. Los concejales y demás directivos municipales tendrán que hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y verán limitada su actividad dos años después de abandonar sus responsabilidades públicas.
Hasta su aprobación definitiva, la nueva norma ha recorrido un amplio camino en busca del mayor consenso posible, ya que desde el Ministerio de Vivienda y también desde el principal partido de la oposición se insistía en que era necesario un pacto de Estado en esta materia si se quería dotar de estabilidad y continuidad al cambio legislativo. En un principio el PP llegó a solicitar que se realizara una votación separada de los capítulos referidos a la lucha contra la corrupción con los que sí comulgaba, pero finalmente se abstuvo en la mayor parte de las enmiendas votadas. El principal partido de la oposición sólo votó a favor de algunas enmiendas introducidas en el Senado, como las relativas a los límites de alteración de los espacios naturales protegidos o incluidos en la Red Natura 2000 y a las competencias autonómicas en la gestión de los patrimonios públicos de suelo. Puesto que según los populares, la única finalidad de la norma será 'abaratar las expropiaciones y aniquilar el concepto de justiprecio'.
Todos los grupos parlamentarios que votaron a favor de la norma coincidieron en que ésta no será una 'varita mágica' que pondrá fin a los problemas de acceso a una vivienda que persisten en la actualidad aunque sí recordaron que lo más importante ahora es trabajar para que las administraciones locales y autonómicas apliquen de forma efectiva la Ley.
A pesar del amplio respaldo obtenido, desde el Ministerio de Vivienda no descartan que se presente algún recurso de inconstitucionalidad, 'tal y como ha ocurrido históricamente con todas las leyes de suelo'.
Esta norma nace con el objetivo de hacer más sostenible el desarrollo territorial y urbano, fomentar la eficiencia de los mercados de suelo y combatir la especulación, aumentando la transparencia y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones urbanísticas.
Los dos pilares de la Ley los constituyen:
La reserva mínima de suelo para vivienda protegida (VPO), y
El establecimiento de un nuevo régimen de valoraciones que será de obligada aplicación en los procesos de expropiación.
Con esta norma se intentará amplíar la transparencia, la participación ciudadana y los controles de legalidad sobre el urbanismo, ya que los planes y convenios deberán someterse a información pública antes de su aprobación. Los concejales y demás directivos municipales tendrán que hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y verán limitada su actividad dos años después de abandonar sus responsabilidades públicas.
