Estoy interesada en comprar una vivienda en una zona concreta de Madrid, en la que la mayoría de las fincas y de los inmuebles disponibles, son de protección pública. Esto implica, que independientemente del precio que el vendedor quisiera obtener, el inmueble no se puede escriturar por más de lo estipulodo, según dictamine el precio módulo, fijado por la Comunidad. En ningún caso, el precio de venta coincide con el de escrituración máxima, por lo que habría que pagar al vendedor una cantidad importante de dinero en "B o en negro". Entiendo que en este caso, para cometer el delito, hacen falta dos partes (vendedor que intenta lucrarse vendiendo por encima de un precio establecido y comprador, que acepta comprar pagando dinero en B). ¿Pero es denunciable esta situación? Cuando un anuncio está puesto en diversos portales inmoviliarios a un precio muy por encima del real o estipulado, la correspondiente empresa municipal de la vivienda no debería tomar cartas en el asunto?
¿qué podría hacer si quisiera comprar uno de estos inmuebles a su precio estipulado y no pagar dinero en B?