El portal de Derecho Español más completo y útil para jurístas, empresas y particulares
Bienvenid@
La magistrada Vives Martínez critica el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género
- Foros Legales
- Derecho Familia
- Tema: La magistrada vives martínez critica el mal uso de la ley sobre violencia de género
- Derecho Familia
Nuevo Comentario
13
Comentarios
Todos los que hemos vivido profesionalmente semejante situación, que rasga el alma y frustra cualquier atisbo de esperanza, lo sabemos. Y hablamos de ello porque es nuestro trabajo, no es necesario, lo dije hace unos días, entrar en la agotada discusión de la libertad de expresión de la que gozamos y de la que debemos hacer un uso racional a la par que valiente.
Observo, ya puestos a observar, y recuerdo situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado!!! estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar.
Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales.
Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió. Una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma.
Observo, sigo observando, y recuerdo, que al entrar en vigor esa Ley que ahora nos ocupa, seguíamos en el servicio de guardia, los 3 de siempre, a saber, médico forense, fiscal y juez, sin servicios sociales en horario "no lectivo" y sin suficiente espacio en las casas de acogida. Quien adivinó el agujero legal lo tuvo fácil para medrar y hacer daño a hombres que jamás hicieron nada y que tienen que cargar de por vida, como si de una condena se tratase, con el estigma de "maltratador". Y, señores (olvidaba, y señoras) del CGPJ: las cosas no son así porque ustedes pretendan que así sean. Ese mal uso de la Ley nos perjudica especialmente a las mujeres. Y todos lo sabemos.
No estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso. La respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad.
No se trata se enrocarse en la tan traída y llevada Ley contra la Violencia sobre la Mujer, sino en frenar las injusticias que su mal uso está acarreando a nuestra sociedad. Y es nuestro deber decirlo y es el suyo acometerlo. Ese debe ser el propósito del nuevo año. La cortina de humo que veo en ambos comunicados me subleva. Y el silencio ante la injusticia me indigna.
Erradicar lo anterior no depende de emitir comunicados sino de repasar errores y enmendarlos.
Entablar una guerra irrazonable contra un compañero, me parece, sencillamente, vergonzoso. Solo así cobrará sentido esta carrera, solo así podremos avanzar.
Desde aquí lanzo este mensaje a todos los compañeros y demás profesionales para que suscriban lo anterior. Nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho exige una respuesta, no una cortina de humo que esconda censura y temor.
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/1810318/01/10/La-magistrada-Vives-Martinez-critica-el-mal-uso-de-la-Ley-sobre-Violencia-de-Genero.html
http://www.libertaddigital.com/sociedad/rosa-diez-pide-centros-de-acogida-para-hombres-maltratados-1276371996/
Y EL MISMO TRATO LEGAL A AMBOS SEXOS
Rosa Díez pide centros de acogida para hombres maltratadosLa diputada de UPyD, Rosa Díez, ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que solicita al Gobierno la apertura de centros de acogida, repartidos por toda España, "para hombres víctimas de la violencia doméstica", colectivo que aumenta "año tras año".
En el escrito, recogido por Europa Press, Díez recuerda que el informe del Consejo General del Poder Judicial de febrero de este año señala que el porcentaje de hombres fallecidos a consecuencia de la violencia de sus parejas era del 25,6 por ciento, cifra que en 2007 era del 16 por ciento. Díez recalca que el artículo 14 de la Constitución española garantiza la no discriminación de las personas por razón de sexo y critica que, pese al aumento año a año de la violencia contra los hombres, no existe en ningún lugar de España un sólo centro de acogida para hombres maltratados.
La diputada destaca que el Gobierno holandés, pionero en este tipo de medidas, abrió el pasado mes de febrero un total de 40 centros para hombres víctimas de la violencia doméstica repartidos en las ciudades de Utrech, Amsterdam, Rotherdam y La Haya. Por todo ello, pide al Gobierno que presente en un plazo de tres –en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa– un proyecto de ley complementario a la Ley contra la Violencia de Género, aprobada a finales de 2004 por el Gobierno socialista, en el que se ponga en marcha la creación de centros para hombres por toda España.
Para Díez, la inexistencia de estos centros especializados es "un grave hueco del ordenamiento jurídico español". La proposición no de ley ha sido presentada para ser debatida dentro de unos meses en la Comisión de Igualdad y en el Pleno del Congreso. Además, pide que se modifique esta norma para se trate por igual a todas las víctimas de la violencia en la pareja, independientemente de su sexo y orientación sexual. Esta norma establece penas más altas para los hombres que para las mujeres por los mismos hechos.
Según señala en uno de los escritos, los hombres víctimas de la violencia se encuentran en una "situación de indefensión" en las relaciones hombre-mujer y "mucho más" en las hombre-hombre. La ley de Violencia de Género fija que sólo es violencia de género la que se produce del hombre a la mujer. La Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (COLEGAS) ha pedido al Ministerio de Igualdad que considere la violencia entre homosexuales violencia de género, para que las víctimas puedan acogerse a las mismas prestaciones y derechos que las mujeres maltratadas. Esta reclamación no es compartida por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
La magistrada vives martínez critica el mal uso de la ley sobre violencia de género
La magistrada del Juzgado de 1.ª Instancia número 44 de Barcelona, Gemma Vives Martínez, denuncia en un comentario remitido a Ecoley (suplemento jurídico de elEconomista.es) las injusticias que el mal uso de la Ley sobre Violencia de Género está acarreando a nuestra sociedad.
En su comentario rompe una lanza en favor del magistrado de un Juzgado de Familia de Sevilla. Francisco Serrano Castro, que denunció la utilización que algunas mujeres hacen de esta Ley, al afirmar en una entrevista realizada por un diario gerneralista que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical". Lo que ha su puesto la reacción del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la solicitud para que este organismo le abra un expediente sancionador.
Vives Martínez solicita que el Consejo General del Poder Judicial revise el texto y analice las deficiencias que existen y asevera que "no estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso", se lamenta.
En su comentario, afirma que "la respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad".
También alega que "estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
Denuncia "situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado, estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
"Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales", señala.
"Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió", añade.
Y concluye este razonamiento afirmando que: "una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma".
A continuación se reproduce el comentario de la magistrada Gemma Vives Martínez
Los comunicados y la cortina de humo o la censura del Poder Jucicial
Despedir el año con el gusto amargo y la impotencia que causa (además de provocar estupor e indignación) la lectura de los dos recientes Comunicados del CGPJ sobre el tema de las críticas/entrevista/opinión (o como pretendan llamarlo) a la (mal llamada, incluso gramaticalmente) Ley contra la Violencia de Género, no era mi (nuestro) deseo, no me cabe duda.
Si de Observatorios estamos hablando o escribiendo, manifiesto que por mi parte, observo temor. Temor por parte de ciertos grupos de poder (...pretendido y ansiado poder) que presionan sobre el Poder Judicial para que se calle, para que obedezca a la doctrina del pensamiento único, para que bajo la triste excusa y dramático argumento de las muertes o ataques sufridos por mujeres (género femenino) derivados de la violencia de algunos hombres (género masculino), se oculte la cara oscura del asunto, real y patente, evidenciada guardia tras guardia, de un peso estadístico (comprobable) y social irrebatible. Criticar una situación porque la Ley no cumple los objetivos o bien tiene un enorme agujero que permite la entrada de denuncias sin fundamento y de venganzas inadmisibles, es tan legítimo como necesario.
En su comentario rompe una lanza en favor del magistrado de un Juzgado de Familia de Sevilla. Francisco Serrano Castro, que denunció la utilización que algunas mujeres hacen de esta Ley, al afirmar en una entrevista realizada por un diario gerneralista que "miles de hombres son detenidos por denuncias falsas" a la luz de una normativa inspirada en la "dictadura" del "feminismo radical". Lo que ha su puesto la reacción del Observatorio sobre la Violencia de Género del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) y la solicitud para que este organismo le abra un expediente sancionador.
Vives Martínez solicita que el Consejo General del Poder Judicial revise el texto y analice las deficiencias que existen y asevera que "no estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso", se lamenta.
En su comentario, afirma que "la respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad".
También alega que "estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
Denuncia "situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado, estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar".
"Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales", señala.
"Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió", añade.
Y concluye este razonamiento afirmando que: "una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma".
A continuación se reproduce el comentario de la magistrada Gemma Vives Martínez
Los comunicados y la cortina de humo o la censura del Poder Jucicial
Despedir el año con el gusto amargo y la impotencia que causa (además de provocar estupor e indignación) la lectura de los dos recientes Comunicados del CGPJ sobre el tema de las críticas/entrevista/opinión (o como pretendan llamarlo) a la (mal llamada, incluso gramaticalmente) Ley contra la Violencia de Género, no era mi (nuestro) deseo, no me cabe duda.
Si de Observatorios estamos hablando o escribiendo, manifiesto que por mi parte, observo temor. Temor por parte de ciertos grupos de poder (...pretendido y ansiado poder) que presionan sobre el Poder Judicial para que se calle, para que obedezca a la doctrina del pensamiento único, para que bajo la triste excusa y dramático argumento de las muertes o ataques sufridos por mujeres (género femenino) derivados de la violencia de algunos hombres (género masculino), se oculte la cara oscura del asunto, real y patente, evidenciada guardia tras guardia, de un peso estadístico (comprobable) y social irrebatible. Criticar una situación porque la Ley no cumple los objetivos o bien tiene un enorme agujero que permite la entrada de denuncias sin fundamento y de venganzas inadmisibles, es tan legítimo como necesario.
Todos los que hemos vivido profesionalmente semejante situación, que rasga el alma y frustra cualquier atisbo de esperanza, lo sabemos. Y hablamos de ello porque es nuestro trabajo, no es necesario, lo dije hace unos días, entrar en la agotada discusión de la libertad de expresión de la que gozamos y de la que debemos hacer un uso racional a la par que valiente.
Observo, ya puestos a observar, y recuerdo situaciones que sobrepasaban los límites de lo social y jurídicamente tolerable cuando la denuncia se troca en espuela contra el contrario, con menores de por medio. Nadie niega la bondad de una Orden de Protección. Pero, cuidado!!! estamos advirtiendo al unísono del peligro y la injusticia que entre todos podemos tejer si la mesura y el filtro de la razón no recortan el mal uso que se le puede dar.
Observo que el ataque más radical proviene, justamente, de quienes callan ante situaciones igualmente vejatorias e indignas para la mujer (género femenino), por no describir la angustia que me produce ese silencio ante el sufrimiento de mujeres de avanzada edad (ellas dirían, sin más, "viejas", porque eso es lo que es uno al cabo de los años) que son ignoradas por leyes, planes de pensiones y oportunidades laborales.
Observo, no sin cierta repugnancia, el uso descarado que se sigue produciendo de la figura femenina, relacionándola directamente con lo frívolo y lo consumible, en muchos "mass media" publicitarios, observo con pena la desigualdad en la empresa privada, la nula oportunidad de ascender profesionalmente si además se pretende tener una familia (propia) y observo como los más jóvenes desprecian esa misma figura que los parió. Una sociedad que no respeta a sus viejos, pero que se subleva ante las declaraciones de un magistrado que pone el dedo en la llaga (debí decir "poltronas") avisando de que el camino se está cerrando y que hay que buscar otros compromisos legales y éticos que permitan proteger y veden el paso a los intolerables abusos, es una sociedad enferma.
Observo, sigo observando, y recuerdo, que al entrar en vigor esa Ley que ahora nos ocupa, seguíamos en el servicio de guardia, los 3 de siempre, a saber, médico forense, fiscal y juez, sin servicios sociales en horario "no lectivo" y sin suficiente espacio en las casas de acogida. Quien adivinó el agujero legal lo tuvo fácil para medrar y hacer daño a hombres que jamás hicieron nada y que tienen que cargar de por vida, como si de una condena se tratase, con el estigma de "maltratador". Y, señores (olvidaba, y señoras) del CGPJ: las cosas no son así porque ustedes pretendan que así sean. Ese mal uso de la Ley nos perjudica especialmente a las mujeres. Y todos lo sabemos.
No estamos cerrando filas ante la situación de un compañero, sino que damos un paso adelante frente a quienes cercenan, aplastan y silencian al Poder Judicial, que debe interpretar y aplicar las leyes y si llega el caso, cuestionar su torpe o abusivo uso. La respuesta no es decir que denuncias falsas hay en todos los delitos, porque el daño irreparable que se puede causar con una denuncia de este porte no es comparable al que produce una denuncia falsa por hurto. Hablamos de hombres y de mujeres, hablamos de menores de edad.
No se trata se enrocarse en la tan traída y llevada Ley contra la Violencia sobre la Mujer, sino en frenar las injusticias que su mal uso está acarreando a nuestra sociedad. Y es nuestro deber decirlo y es el suyo acometerlo. Ese debe ser el propósito del nuevo año. La cortina de humo que veo en ambos comunicados me subleva. Y el silencio ante la injusticia me indigna.
Erradicar lo anterior no depende de emitir comunicados sino de repasar errores y enmendarlos.
Entablar una guerra irrazonable contra un compañero, me parece, sencillamente, vergonzoso. Solo así cobrará sentido esta carrera, solo así podremos avanzar.
Desde aquí lanzo este mensaje a todos los compañeros y demás profesionales para que suscriban lo anterior. Nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho exige una respuesta, no una cortina de humo que esconda censura y temor.
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/1810318/01/10/La-magistrada-Vives-Martinez-critica-el-mal-uso-de-la-Ley-sobre-Violencia-de-Genero.html
Las denuncias falsas, Maria Sanahuja
http://www.elpais.com/articulo/opinion/denuncias/falsas/elpepiopi/20081222elpepiopi_5/Tes
TRIBUNA: MARÍA SANAHUJA: Las denuncias falsas
MARÍA SANAHUJA. 22/12/2008
Han pasado más de 4 años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004.
Se empezó a decir en voz alta que:
1.- no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España,
2.- las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales,
3.- provocaban dolor innecesario,
4.- suponían un despilfarro para el erario público y
5.- no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.
Se están produciendo abusos al aplicar la bienintencionada ley contra la violencia de género
Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión.
Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.
Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado.
Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.
La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales.
Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender;
fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador;
policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que "ellos también tenían familias";
http://www.elpais.com/articulo/opinion/denuncias/falsas/elpepiopi/20081222elpepiopi_5/Tes
TRIBUNA: MARÍA SANAHUJA: Las denuncias falsas
MARÍA SANAHUJA. 22/12/2008
Han pasado más de 4 años desde que se inició el debate para valorar el impacto de las reformas legislativas que en materia de violencia doméstica había realizado el PP en 2003, y que continuó el PSOE con la ley contra la violencia de género en 2004.
Se empezó a decir en voz alta que:
1.- no se estaban respetando los derechos fundamentales de muchos ciudadanos en España,
2.- las leyes aprobadas contribuían a aumentar el nivel de intensidad del conflicto en las parejas heterosexuales,
3.- provocaban dolor innecesario,
4.- suponían un despilfarro para el erario público y
5.- no conseguían atajar lo más mínimo el problema de la violencia extrema sobre las mujeres.
Se están produciendo abusos al aplicar la bienintencionada ley contra la violencia de género
Ahora podemos afirmar que el único avance en el respeto a las libertades fundamentales de todos que, de momento, hemos conseguido en esta materia, es que podamos hacer uso de nuestro derecho a la libertad de expresión.
Se había instalado un pensamiento único que llevó a varias asociaciones a solicitar al CGPJ, en 2005, que me sancionaran y prohibieran hablar en público.
Expuse entonces que todos estábamos teniendo un comportamiento poco acertado.
Me refería a jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas y a muchas mujeres que utilizaban el Código Penal para obtener mejores condiciones en los procesos civiles de rupturas de parejas.
La presión mediática ha llevado a muchos profesionales a una reacción defensiva y de autoprotección ante el miedo a las posibles consecuencias personales.
Así, jueces que han concedido prácticamente todas las órdenes de protección que les han solicitado por temor a que se les pudiera acusar de no haber tomado medidas, colapsando así los servicios administrativos de protección a las víctimas que difícilmente las pueden atender;
fiscales solicitando en prácticamente todos los casos que se adoptara una orden de protección, normalmente alejamiento, muchas veces sin demasiadas pruebas y sin valorar que ello podía comportar pérdida de empleo si ambos trabajaban en la misma empresa, o dificultades para permanecer en una ciudad pequeña con el estigma de maltratador;
policías que han procedido a la detención de miles de hombres sin más indicios que la sola afirmación de la denunciante, sabiendo que en uno o dos días serían puestos en libertad por el juez, y sin considerar el trauma que para algunos ciudadanos puede suponer pasar esas horas detenido, esposado y trasladado junto a delincuentes, todo por miedo a exponerse a un expediente disciplinario si luego ocurría un hecho luctuoso, ya que "ellos también tenían familias";
abogados que han recomendado la interposición de una denuncia por malos tratos porque se podía solventar en horas la atribución provisional del uso de la vivienda familiar, ya que la orden de alejamiento supone la expulsión inmediata de la misma, así como la fijación de una pensión de alimentos y la custodia de los hijos;
periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre);
y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.
Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema.
Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres...), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado.
Mueren tantas mujeres como antes.
La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.
La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie.
Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina "agresor" al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos.
Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.
María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas
periodistas que cuando se producía un hecho grave lo exponían de modo que culpabilizaban a todos los que de un modo u otro habían intervenido, y en ocasiones de manera sensacionalista (esto ahora ya no ocurre);
y mujeres que, sin ningún escrúpulo ni respeto por las que están padeciendo situaciones terribles sin atreverse a denunciar, han abusado de lo que se les ofrecía, poniendo en marcha el aparato policial y judicial con fines espurios, en algunos casos inventándose directamente hechos que ni siquiera han ocurrido, pero con escaso riesgo de que ello pueda demostrarse, y se les exijan responsabilidades.
Pero no es la maldad de algunas personas la causante del problema.
Lo tremendo es estructurar un sistema legal, y una aplicación de la norma, que permita a los perversos utilizar la organización colectiva para conseguir sus objetivos, causando daño a muchos otros (niños, abuelos, padres...), y se mantenga durante años a pesar de la evidencia de que no ha dado resultado.
Mueren tantas mujeres como antes.
La ley integral contra la violencia sobre la mujer, aprobada por unanimidad por el Parlamento, era bienintencionada, pero los que formamos parte de la estructura judicial del Estado sabíamos que únicamente tendría desarrollo la parte referida a la modificación del Código Penal, con escasísimos medios y total falta de coordinación con otros profesionales (especialmente servicios sanitarios y sociales de cada lugar), pues la ley ni siquiera encargó a nadie el desarrollo de esta necesidad.
La consecuencia de atribuir a un órgano de cada partido judicial en exclusiva esta materia ha desorganizado la estructura judicial y colapsado los juzgados de violencia, que se han convertido en destinos que no quiere prácticamente nadie.
Hemos consentido la detención de miles de hombres que luego, en su mayoría, han resultado absueltos, y probablemente habremos condenado a más de un inocente, en aplicación de unas leyes que, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, denomina "agresor" al denunciado, antes de iniciar cualquier investigación tendente a averiguar la certeza de los hechos.
Y mientras tanto, la mayoría de las mujeres que sufren violencia extrema siguen en muchos casos padeciéndola en silencio, viendo cómo su causa ha sufrido el desprestigio por la acción de los que sólo las han utilizado para sus propios fines y aspiraciones. Es hora de iniciar de nuevo el debate en el Parlamento, y valorar los resultados del camino andado.
María Sanahuja es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y miembro de Jueces para la Democracia y la Plataforma Otras Voces Feministas
http://www.libertaddigital.com/sociedad/rosa-diez-pide-centros-de-acogida-para-hombres-maltratados-1276371996/
Y EL MISMO TRATO LEGAL A AMBOS SEXOS
Rosa Díez pide centros de acogida para hombres maltratadosLa diputada de UPyD, Rosa Díez, ha presentado en el Congreso de los Diputados una iniciativa en la que solicita al Gobierno la apertura de centros de acogida, repartidos por toda España, "para hombres víctimas de la violencia doméstica", colectivo que aumenta "año tras año".
En el escrito, recogido por Europa Press, Díez recuerda que el informe del Consejo General del Poder Judicial de febrero de este año señala que el porcentaje de hombres fallecidos a consecuencia de la violencia de sus parejas era del 25,6 por ciento, cifra que en 2007 era del 16 por ciento. Díez recalca que el artículo 14 de la Constitución española garantiza la no discriminación de las personas por razón de sexo y critica que, pese al aumento año a año de la violencia contra los hombres, no existe en ningún lugar de España un sólo centro de acogida para hombres maltratados.
La diputada destaca que el Gobierno holandés, pionero en este tipo de medidas, abrió el pasado mes de febrero un total de 40 centros para hombres víctimas de la violencia doméstica repartidos en las ciudades de Utrech, Amsterdam, Rotherdam y La Haya. Por todo ello, pide al Gobierno que presente en un plazo de tres –en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa– un proyecto de ley complementario a la Ley contra la Violencia de Género, aprobada a finales de 2004 por el Gobierno socialista, en el que se ponga en marcha la creación de centros para hombres por toda España.
Para Díez, la inexistencia de estos centros especializados es "un grave hueco del ordenamiento jurídico español". La proposición no de ley ha sido presentada para ser debatida dentro de unos meses en la Comisión de Igualdad y en el Pleno del Congreso. Además, pide que se modifique esta norma para se trate por igual a todas las víctimas de la violencia en la pareja, independientemente de su sexo y orientación sexual. Esta norma establece penas más altas para los hombres que para las mujeres por los mismos hechos.
Según señala en uno de los escritos, los hombres víctimas de la violencia se encuentran en una "situación de indefensión" en las relaciones hombre-mujer y "mucho más" en las hombre-hombre. La ley de Violencia de Género fija que sólo es violencia de género la que se produce del hombre a la mujer. La Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (COLEGAS) ha pedido al Ministerio de Igualdad que considere la violencia entre homosexuales violencia de género, para que las víctimas puedan acogerse a las mismas prestaciones y derechos que las mujeres maltratadas. Esta reclamación no es compartida por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB).
¿Hay necesidad para debate? No creo, hay que tomar medidas ya! Al igual que la crisis, el gobierno continuará dando la espalda a la realidad.
La UE cree una "chapuza" el plan español para proteger a las maltratadas
http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/693879/la/ue/cree/una/chapuza/plan/espanol/para/proteger/las/maltratadas.html
La UE cree una "chapuza" el plan español para proteger a las maltratadas
http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/693879/la/ue/cree/una/chapuza/plan/espanol/para/proteger/las/maltratadas.html
Estoy de acuerdo con Soymujer, (también en el aparente oportunismo de la diputada Rosa Díez).
No se trata de crear centros para cada tipo de "colectivo" o grupo de inclusión, es más bien una cuestión de hacer valer la Ley que ya tenemos de manera global, para que su peso recaiga sobre cualquier infractor. De lo contrario caemos en duplicidades innecesarias y costosas para el sistema. Pienso que los casos de Violencia, desgraciadamente, a menudo se frivolizan e incluso exageran. Como bien dice Celt, sigue habiendo el mismo número o más de mujeres víctimas de violencia de género. Y siguen admitiéndose a trámite también denuncias de dudoso veracidad, que desembocan en jucios en que muchas veces la denunciada cae en evidentes contradicciones, e incluso se obvian las testificales de parte de los presuntos agresores en las Sentencias condenatorias.
Qué decir, he visto ya temas de todo tipo, he leído Sentencias muy justas y he leído otras que me lo parecen menos.
Creo que en potencia tenemos toda la maquinaria necesaria para lograr llevar a buen puerto cualquier situación que se plantee, desgraciadamente, el aspecto práctico de la cuestión deja mucho que desear. No basta con formular leyes estupendas, hay que hacerlas ejecutar.
No se trata de crear centros para cada tipo de "colectivo" o grupo de inclusión, es más bien una cuestión de hacer valer la Ley que ya tenemos de manera global, para que su peso recaiga sobre cualquier infractor. De lo contrario caemos en duplicidades innecesarias y costosas para el sistema. Pienso que los casos de Violencia, desgraciadamente, a menudo se frivolizan e incluso exageran. Como bien dice Celt, sigue habiendo el mismo número o más de mujeres víctimas de violencia de género. Y siguen admitiéndose a trámite también denuncias de dudoso veracidad, que desembocan en jucios en que muchas veces la denunciada cae en evidentes contradicciones, e incluso se obvian las testificales de parte de los presuntos agresores en las Sentencias condenatorias.
Qué decir, he visto ya temas de todo tipo, he leído Sentencias muy justas y he leído otras que me lo parecen menos.
Creo que en potencia tenemos toda la maquinaria necesaria para lograr llevar a buen puerto cualquier situación que se plantee, desgraciadamente, el aspecto práctico de la cuestión deja mucho que desear. No basta con formular leyes estupendas, hay que hacerlas ejecutar.
