Publicado en vegamediapres "administracion de justicia oneges y organizaciones cristianas colaboran en el robo de niños:
Dicen que Sor María Florencia Gómez Valbuena (la monja que robaba niños entre los años 60 y 80 junto con el ginecólogo Eduardo Vela en clínicas madrileñas como la de Sta. Cristina) poco antes de morir en Enero de 2013 sin haber sido aún juzgada, aseguraba en una entrevista que lo que le imputaban a ella ya no era delito porque aún se seguía haciendo, pero ya se había legalizado. Entonces todos pensábamos que se trataba de un argumento absurdo de alguien que quiere justificar su culpabilidad con desvaríos. Ahora también nos resistíamos a creer la historia que nos cuenta Mª José Gómez Molina y, de no haber sido por la montaña de documentación a la que nos ha dado acceso, nos hubiera parecido una historia inventada o copiada del argumento de alguna novela negra. Ella se hace llamar María “a secas” y es vecina de la localidad de “La Estación” en el municipio murciano de Blanca. Nos cuenta cómo algunas Instituciones del Estado Español le han robado a su único hijo y lo han dado en adopción.
Durante un tiempo, los Servicios Sociales de Murcia mantuvieron recluido a su hijo en la residencia “Hogar de la Infancia” de Cartagena (que es propiedad de la misma congregación a la que pertenecía Sor María Florencia, la de las “Hijas de la Caridad de San Vicente Paul) y se le permitía una visita semanal al niño. En la del día 21 de Abril de 2013 discutió con la “encargada”, Sor Francisca García, que fue compañera en Madrid de la famosa Sor Mª Florencia en los tiempos en los que sucedieron los famosos robos de niños. Nos cuenta que aquel día reprochó a la monja la mala calidad de los cuidados que recibía su hijo y le comunicaba su intención de denunciar su sospecha de abuso sexual hacia el menor. Asegura que la monja le respondió diciéndole que haría todo lo posible para que no volviese a ver nunca a su hijo. El 28 de Abril de 2.013 fue la última vez que lo vio, hasta el día de hoy.
Esta trágica historia no puede ser abreviada sin hacerle perder la perspectiva desde la que se vislumbra claros indicios de la existencia de una trama organizada dedicada al “robo legal de niños” para adopciones irregulares. Para María comenzó tras el inicio de La Crisis, cuando su marido se quedó en paro pocos meses antes del nacimiento de su hijo el 22 de Junio de 2.009. Sumido en un estado depresivo, él cayó en una espiral de inestabilidad emocional y agresividad, infringiendo malos tratos a María, que llegaron a tener condena judicial. A ella se le vino el mundo encima porque, al periodo turbulento de denuncias, tratamientos antidepresivos, reconciliaciones y recaídas, se le unió la muerte de su madre tras una larga enfermedad y el tener que hacerse cargo del cuidado de su hermano que padece Sdr. De Down. Para colmo, tenía graves problemas por ruidos que despertaban al niño producidos por unos vecinos que son los padres de un policía municipal del pueblo y de una compañera de la asistente social, Leonor Gómez, con la que también había tenido algún tropiezo propio de la convivencia en un pueblo.
En Octubre de 2.011 le expresó a Enrique, su marido, su intención de solicitar el divorcio. Él, después de tomarse una sobredosis de la medicación sedante, se llevó al niño a pasear en coche por las fiestas del pueblo a las 5 de la tarde. La Policía Municipal, alertados por sus extrañas maniobras, lo detuvieron justo antes de que se quedase completamente dormido sentado al volante a coche parado. Pasadas las 12 de la noche se acercaron a su casa para entregarle el niño a la madre, pero con el ruido de la fiesta y los petardos ella no los oyó. Ni cortos ni perezosos, esa misma madrugada los Municipales se lo llevaron a un Centro de Acogida de la Ciudad de Murcia (también propiedad de la citada Congregación) e informaron en contra de que el niño fuese repuesto con la madre.
La base argumental del informe que la Asistente Social, Leonor Gómez, hizo en su contra, basado en los testimonios del marido ofendido, los vecinos con los que estaba enemistada y la Policía Municipal en la que trabajaba su hijo, era muy frágil. La acusaban de ser incapaz de cuidar a su hijo por razones imprecisas de “agresividad e inestabilidad emocional” y pedían que se declarase al niño en “desamparo” para dejarlo ingresado en una Residencia. De poco le sirvió a María el documento que firmó Enrique asumiendo toda la responsabilidad del suceso, ni los informes del pediatra de su Centro de Salud y del Servicio de Urgencias en el que fue atendido tras el accidente antes de su ingreso en el Centro de Acogida en los que se ponía de manifiesto que el niño estaba en perfecto estado de salud física y mental, lo que necesariamente demuestra que había venido disfrutando de unos cuidados excelentes en manos de su madre. El juez de Familia no los tuvo en cuenta y dio la razón a Leonor.
Entonces el niño fue enviado al Centro de Cartagena al que aludíamos anteriormente, en el que tan sólo se le permitía el contacto durante 1 h a la semana con su madre. Eso le produjo un terrible impacto emocional que se acompañó de repercusiones físicas y pérdida de peso. En él, Sor Francisca García ejerce de asistente social y tiene una relación profesional y confesional cercana con Leonor Gómez, su colega de Blanca, hasta el punto de que hacía referencia a María y a su hijo como “el caso Leonor”. Para conseguir la prohibición de las visitas que se le impuso en Abril de 2.013, reclutaron un informe de la psicólogo judicial del Gabinete Psicosocial de Cieza (el que corresponde a Blanca) Mercedes García Motos, que transcribió directamente los argumentos de las asistentes sociales, sin verificarlos. Para entonces María ya había oído decir por filtraciones que su hijo iba a ser dado en adopción a “una familia de Navarra que son muy influyentes y del Opus Dei” que se había “encaprichado” de su hijo.
La adopción se ha tramitado a través de una ONG llamada O´Belén, con la que la Comunidad de Murcia (entre otras) tiene concertada la prestación de servicios de Protección al Menor, en cuya red se encuentran integradas las dos residencias infantiles propiedad de las Hijas de la Caridad en la Región de Murcia. Se trata de una entidad entre cuyos fundadores figura el Obispo Ureña, que era una figura estrechamente vinculada a los sectores más conservadores de la Iglesia. Fue titular de la Diócesis de Murcia antes de ser trasladado al arzobispado de Zaragoza y allí fue destituido por el Papa Francisco debido a un escándalo de connotaciones sexuales y económicas. O´Belén es una institución muy desprestigiada, que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por vulneración de Derechos Humanos por entidades tan solventes como Amnistía Internacional y se ha visto salpicada de numerosos escándalos como el del suicidio de menores en sus instalaciones o la administración sistemática de sedantes a los menores internados. Sin embargo, goza de una protección especial por parte de la Administración del Estado, como se demuestra por el hecho de que dispone de un convenio colectivo específico para los trabajadores de su empresa, diferente al del resto del sector. Recordemos que la asignación económica que abona el Estado a estas Residencias por cada niño ingresado es muy elevada, por lo que suponen un “negocio” muy rentable cuando mantienen ingresados a una cantidad abundante de niños. Lázaro permaneció ingresado el máximo del tiempo posible (15 meses) antes de ser entregado a su familia de acogida.
Judicialmente, el caso fue resuelto en primera instancia en el Nº 9 de Familia de Murcia Capital, presidido por el juez Marcos de Alba y Vega, que es miembro de una extensa familia de juristas (tiene otros 7 hermanos ejerciendo en el terreno del Derecho en los Juzgados de la Ciudad de Murcia) Se trata de una conocida familia de Murcia, de origen extremeño, con una declarada afinidad por esos sectores ultraconservadores de la Iglesia que estuvieron encabezados por el Obispo Ureña, está siendo investigada por su implicación en el “Caso Púnica” a través de una hermana llamada Sara, que es cuñada del ex-alcalde de Cartagena imputado en ese caso. Marcos, además, parece tener una relación estrecha con O´Belén, pues su currículum figura en las listas de ponentes de las conferencias organizadas por esa Institución (desconocemos si remuneradas o no) que se podían encontrar en Internet. El juicio se celebró en un tiempo record, desestimando todos los informes psicólogos y psiquiátricos favorables a María y basándose exclusivamente en los del Equipo Psicosocial. La declaró incapaz de cuidar a su hijo y le retiró la Patria Potestad. Como el padre se había enemistado y distanciado de la madre y del hijo, ya había renunciado a su Patria Potestad durante el proceso de divorcio, así que el niño quedó inmediatamente disponible para adopción. Esa reprochable actitud del padre ha coincidido en el tiempo con la benevolencia de la Policía municipal de Blanca que no tramitó denuncia por el incidente de tráfico de Enrique, así como con el hecho de que ahora ha superado su situación de paro porque ha encontrado trabajo como empleado municipal.
Esta decisión judicial tan radical de arrancarle a su hijo de los brazos, contrasta poderosamente con el hecho de que la Justicia sí que la considera capaz de cuidar de su hermano con Sdr. de Down, del que tiene asignada judicialmente la tutela. También nos choca que el juez rechazara por “presentadas fuera de plazo” absolutamente todas las pruebas, peritaciones y testigos que ella presentó, a pesar de la trascendencia del asunto sobre el que debía decidir. Es impactante leer los informes psiquiátricos procedentes de su Centro de Salud, en los que se reafirman reiteradamente en positivo sobre la capacidad de María para cuidar niños, sobre que el origen de los trastornos de personalidad que pudiera presentar obedecían a la situación tan dramática que estaba atravesando y sobre su extrañeza por no haber sido requeridos para aportar personalmente el dictamen médico sobre su salud mental.
Una anécdota que documenta el ambiente en el que se mueven las valoraciones psico-sociales que fundamentan este tipo de decisiones judiciales en Murcia, es la de aquella vez en que María llamó al despacho de psicólogos que le recomendó su abogado para que le hicieran su peritación “de parte”. La atendió al teléfono una psicólogo llamada Begoña García Ayala, que le dijo que no podía hacerse cargo de su caso porque iba a hacer el informe forense en su contra (aunque nunca la llegó a entrevistar para valorarla) así que le pasó el caso a otra compañera de su mismo gabinete, Concepción Soler Marcos, que fue quien se la hizo. Recordemos que Begoña ha sido sancionada recientemente con suspensión temporal de empleo y sueldo por una falta grave de incompatibilidad.
Según nos cuenta María, para hacer la mediación con la familia a la que iba a ser entregado en adopción , María de Alba y Vega, hermana del juez, mantuvo contactos con su abogado, sin que se llegase a lograr acuerdo alguno. Ya con el niño en manos de la familia pre-adoptiva, se preparó la apelación en la sala 1ª de la Audiencia Provincial de Murcia, con Carlos Moreno Millán como presidente.
La peritación de este segundo asalto se le encargó a la psicológica forense a Mª José Catalán Frías. Esta conocida profesional de la Psicología Forense es la pionera del sector en Murcia e instructora de la mayoría de los profesionales que trabajan en la Región. Con un currículum extremadamente contrastado, es decano del Colegio Profesional de la Región, pero tiene dedicada a su nombre una página en Facebook por un grupo de personas que se declaran “víctimas” de su labor profesional. Emitió un informe contrario a María en el que recomienda arrebatarle definitivamente al hijo por razones que, a la lectura, parecen poco consistentes y difíciles de concretar, como la de mantener una actitud poco colaboradora con los Servicios Sociales o la de no reconocer culpabilidad propia, razones que se me ocurre resumir con la expresión: “POR INSOLENTE E INSUMISA”. Sin embargo reconoce que no padece ninguna enfermedad psíquica, no es drogadicta, delincuente, ni ejerce la prostitución. Incluso llega a reconocer que sí tiene la suficiente capacidad física y mental como para cuidar de un niño.
A pesar de la apariencia irracional de todo este asunto, la Audiencia ha ratificado la primera sentencia en su contra en Abril de este año 2.015, consagrando la decisión de arrebatarle el hijo en base al informe de Catalán Frías. En respuesta a la impugnación presentada inmediatamente por la madre, la Audiencia dicta auto de desestimación confirmando la sentencia, pero en los “Fundamentos de Derecho”, intentando ampliar la justificación de la decisión tomada, hace una alusión errónea a los informes del Centro de Salud, incluyéndolos entre los de los Servicios Sociales y los Equipos Psicopedagógicos como si obrasen en contra de la madre, cuando es a la inversa y a menudo están firmados por médicos psiquiatras. Ahora tan sólo le queda el Recurso de Casación para agotar la vía judicial en su intento de que le devuelvan a su hijo. Ella conserva a esperanza de que para entonces aún la recuerde, a pesar de que tiene 6 añitos y lleva dos años y medio sin verla.
Según nos dice María, los sucesivos abogados que ha ido teniendo a lo largo de toda esta aventura, entre llantos o expresiones de indignación, han manifestado que se trataba de una injusticia incomprensible, pero se han confesado incapaces de enfrentarse al poder que perciben detrás de ella.
A lo largo de este tiempo, María ha conseguido contactar con otros afectados por casos semejantes al suyo en Murcia. Uno de los más impactantes es el de “la Abuela Coraje”, Isabel García Castaño, mujer humilde a la que en esos mismos Juzgados le arrebataron los 2 nietos de los que cuidaba, para darlos en adopción. Lo justificaban con el único motivo de que seguía manteniendo contacto con su hijo, el padre de sus nietos, porque era alcoholico. En él se repetía la actuación estelar de Catalán Frías como autora del informe que volcaba una decisión difícilmente comprensible de la Audiencia, sobre una sentencia previa de los Juzgados de Familia de Murcia Capital. Hay otros casos que afectan a ciudadanos nacionales y extranjeros (senegaleses, rumanos…) pero para los afectados es muy difícil poder llegar a tener conocimiento de otros casos y poder agruparse para reivindicar el problema de forma colectiva. Por eso nos pide María que reflejemos en este artículo su dirección de correo electrónico, para facilitar este contacto: mariagomezinmobiliaria@hotmail.com
No sé si todo este asunto del “robo” de niños por la Administración del Estado será tan sólo un conjunto de casos aislados de desaciertos a lo largo de toda la geografía nacional, pero parece un tema lo suficientemente serio como para que su investigación siga metida en un cajón de la Fiscalía General del Estado. Puede que no sea lo que parece, pero lo que aparenta ser en Murcia es una película de terror y presenta claros indicios de la existencia de una red mafiosa, con unos tintes satánicos semejantes a los que se intuían en el caso de las “Niñas de Alcáser”. Algo inconcebible en pleno siglo XXI y que , tan sólo fuera por pudor, debería ser esclarecido de inmediato.
Al igual que el Papa Francisco, hay que saber entender que la mejor forma de proteger el deteriorado prestigio de las Instituciones que sostienen nuestro Sistema de Convivencia, no es la de ocultar sus fechorías adoptando una actitud de corporativismo cómplice, sino la de depurarlas desenmascarando a los lobos disfrazados de cordero y expulsándolos de nuestro rebaño.
Otra muestra más de todo este despropósito!!!!!!!
Otro claro ejemplo de cómo el "bienestar del menor" queda relegado hasta límites insospechados en favor de los intereses de otros, ante la impotencia de padres a los que, sin más, se les arrebata a sus hijos en base a personas sin escrúpulos que emiten informes falsos en la más absoluta impunidad.
Los afectados se siguen movilizando.
Hay algunos que ya han presentado o estan preparando escritos para unirse a las denuncias que ya hay.
Por otro lado también se está viendo la posibilidad de constituir la plataforma de afectados.
Supongo que si somos capaces de organizarnos y ejercer presión..........algo harán o algo saldrá
Desde luego unirse parece ser la única posibilidad de conseguir que por lo menos se investigue toda la trama que hay con este tipo de informes, peritos y demás. Porque cada caso por separado.......no hacen el menor caso.
¿Han abierto DP, hay acusacion fiscal, es un caso por denuncia, es por ciudad por juzgado por comunidad?
¿que hace la fiscalia?
Yo entiendo que en España las denuncias colectivas no valen que cada uno debe denunciar lo suyo lo que no se es si se aglutinan todas ya que hay competencia por territorialidad. juzgado etc
Lo bueno seria una causa general y luego cada una en particular, hace falta dinero un bufete que llevara todo
Tampoco hay que olvidar que los psicosociales no estan reflejados en ningun lado ni regulados vamos que su validez legal es NULA y han cogido un poder tremendo por sus mafias y actuaciones, es decir NO SE REGULA QUE DEBAN ESTAR ADSCRITOS a juzgados POR NINGUNA PARTE, entonces ya vemos que se mantienen porque benefician al lobby feminista y al de las casas de acogidas centros de menores ya que cuando algo no es legal esta por interés de una parte. Sus señorías tan estrictos con los padres pero consienten estos grupos mafiosos en juzgados que no estan regulados, si cambiaran y dieran la custodia porque si la padre ya veríamos la presión que habría y como desaparecerían de los juzgados
Ése es el tema cozumel.
Como no están regulados por ninguna parte, como no hay obligatoriedad de nada, pues cada uno contrata a los "profesonales" que quiere, incluso cuando ni están colegiados y en algunos casos nisiquiera titulados, realiza las pruebas que le da la gana y, después, emiten los informes que les parecen bien, con todo tipo de mentiras, manipulaciones y falsedades, sin comprobar datos, y sin ningún tipo de responsabilidad.
Cuando reclamas a los colegios profesionales éstos normalmente hacen también oídos sordos. Y si el profesional no esta colegiado, como fué nuestro caso, te remiten a que te quejes a otro lado. Así, sin más, y se quedan tan anchos.
La Administración por supuesto no va a reconocer nada. Ni siquiera se molesta en investigar o en comprobar lo más mínimo. A nosotros sólo nos contestaron que las profesionales (una de ellas que sepamos SIN COLEGIAR incumpliendo con ello sentencial del supremo) habían dicho que estaba todo correcto.
Toma ya!!!!!
Asique sólo queda denunciar por lo penal. Y...como efectivamente no hay nada legalmente regulado, pues a lo que te expones es que despues del considerable tiempo y gasto que eso spone, o lo archiven o te digan que no incumplen nada.
Lo que se pretende con "unirse" es que de una vez se den cuenta de que no se trata de excepciones ni casos aislados. Y las coincidencias son demasiadas como para poder alegar unicamente casualidad.
Las irregularidades son muuuuuuchas. Y considerables graves. Suficiente como para investigar.
Nosotros conocemos más la zona de Andalucía.
Allí hay denunciados ya casos aislados. Y por eso era ahora que otros afectados como nosotros fueramos presentando los escritos de cada uno de nuestros de nuestros casos para ejercer presión. Se supone que no es lo mismo que tengan sobre la mesa un caso que diez, o cincuenta.
Pero después de eso se hace también otro escrito dirigido a la fiscalía general del estado.
El ofrecimiento de crear la plataforma sería -segun tengo entendido- también a nivel nacional. Y si, habría de llevarlo un bufete. Y hay un ofrecimiento en otro de los mensajes anteriores del hilo.
Ya me gustaría ver qué pasaba si se diera por sistema cual si fueran churros custodias únicas a Padres, en las mismas circunstancias en que se están dando algunas de las muuuuuuchísimas custodias únicas que se dan a las madres!!!!!
Vamos, que creo me apuesto lo que sea y no pierdo si digo que ya no estaríamos discutiendo de ello en un foro!!
Pero..... Desgraciadmanete es lo que hay.
No es la primera vez que se intenta. Y hay profesionales que llevan detrás de que esto se regularice mucho pero que mucho tiempo.
Si no se eliminan, por lo menos se ha de conseguir que no hagan lo que les da la gana, perjudicando a tantos niños y tantas familias que acabamos sufriendolo.
No sé cuando ni cómo se consiga. Pero esto tiene que acabar!!
Si cozumel o algun otro forero necesita algún dato más.....podria tratar de localizarlo.
La verdad es que nunca he tenido la oportunidad de ver uno de esos informes "Psicosociales", y no puedo imaginar de qué manera se puede mezclar un Informe Social con uno psicológico, y sigo sin entender porqué se mezclan ambas profesiones...
Creo que un Peritaje, tanto social como psicológico, es una herramienta muy útil. El error que veo que hay en los casos que ustedes exponen, es que se hacen en contra de una de las partes, y no tiene ninguna lógica.
Cuando a mí me contratan, lo que tengo que hacer es hacer un estudio pormenorizado de la persona que me contrata y de su entorno. El Informe es un documento en el que se describe de manera detallada y objetiva la información que se obtiene de la investigación, y se finaliza realizando un diagnóstico o valoración de la situación de la persona; y esto sirve para auxiliar a los jueces en la toma de decisiones.
No sé si saben que, a parte de estos equipos psicosociales,los juzgados cuentan con un listado de Peritos (de muchas especialidades, entre los que se encuentran también Trabajadores/ as Sociales y Psicólogos/ as), y a los que también se puede recurrir si desean aportar una opinión profesional alternativa.
Me surge una duda: ¿Quién es el que decide que se recurra a estos equipos psicosociales de los juzgados? ¿Es el juez?
Mucho me temo perisoc que si tuviera la oportunidad se echaría las manos a la cabeza. Que es ni más ni menos que los ha pasado a muchos de nosotros. La inmensa mayoría Padres, a los que se priva de la custodia y derechos para con sus hijos, sin disponer y mucho menos explicar y argumentar ningún motivo suficientemente justificado para dictaminar lo que dictaminan.
Y todo eso cuando -en teoría- son imparciales.
Porque los equiposo psicosociales NO están en los juzgados para hacer informes a favor de las madres, ni una sola de las partes.
Pero claro, si un profesional que debe hacer un informe: dedica apenas una hora a entrevistar al interesado, no comprueba ni contrasta datos, no pide documentación, obvia aquellas cuestiones que no se adpatan mucho a sus intereses, se permite hacer juicios de valor, no recoge ningun dato objetivo de sus entrevistas, etc, etc, etc........pues dígame usted o cualquiera, si pueden explicar qué clase de "informe" es ése????
Y que los jueces tengan eso en cuenta, así sin más, sin que esas personas ratifiquen en sala, sin que se les pueda preguntar o ellos dar explicaciones, sin ningun tipo de responsabilidad, pues ya una auténtica atrocidad. La que se está cometiendo en muchos muuuuuuuuchos casos concediéndose custodias en base a "informes" FALSOS y MANIPULADOS, que no se corresponden con la realidad de esos niños a quienes están sentenciando
EN TEORÍA si que están definidos aquellos puntos que el informe debe tratar. Así como toda una serie de consideraciones éticas y deontológicas. Eso, por no mencionar los codigos deontológicos de cada una de las profesiones.
Existen manuales expecíficamente diseñados para regularlos. Que se han creado a partir de ser conscientes y no poder negar la evidencia de toooodos sus fallos y la gravedad de sus consecuencias.
Manuales, guías y demás que SISTEMATICAMENTE SON INCUMPLIDOS sin que nadie haga nada.
A su pregunta, los psicólogos y trabajadores sociales que forman parte de los equipos psicosociales están adscritos a los juzgados.
En nuestro caso (no puedo asegurar que sea así en todas las comunidades o provincias) dependen de la Delegación de Gobierno.
Y hasta donde se, uno no puede elegir entre un psicosocial y un perito de los que figuren en la lista de un juzgado. Ni siquiera de un colegio profesional. Por los casos que conozco (obviamnete no son todos pero si muchos), en ningún momento se designaría un psicologo o psiquiatra de los juzgados en detrimento de un psicosocial. Nosotros de hecho lo intentamos.
El historial de salud mental es un hecho. Y su patología indiscutible. Como también lo es que esta circunstancia influye sí o sí en cualquier niño. Sabíamos de sobra que eso el psicosocial no lo iba a valorar. Primero porque dicen que no están para eso. Segundo porque no quieren, nointeresa. Pero no nos hicieron ni caso. Eso si, el equipo psicosocial si se permite decir, entre otras cosas, que durante la entrevista no se apreciaba ningun signo de ningun trastorno.
Eso en apenas una hora de entrevista!!!! Contra todo un historial clínico de unos quince años de evolución, con tratamiento a cargo de distintos especialistas, publicos y privados, con al menos que sepamos dos intentos de suicidio de por medio y sin hacer ni una sola prueba específica que permitiera diagnosticar, descartar o cuando menos valorar la situación actual!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cree que tuvo el juez en alguna consideración otros informes de sesiones con toda la familia, de valoración del propio niño??? Cree que permitió que un perito explicara en qué consistía realmente los padecimientos de la progenitora y en qué manera podía influir sobre su hijo???
Cree que tuvo en cuenta las muuuchas muchísimas pruebas que se le aportaban, por ejemplo, sobre la inestabilidad labora, la situación socioecónmica, la desatención de cuidados del niño, la obstaculización de las visitas y contacto con el padre, etc, etc, etc?????
Pues contra todo lo que pudiera pensarse, la respuesta es NO
Porque el juez tiene algo que se llama libre apreciación de prueba (o algo así, mis disculpas si no es exactamente el tecnicismo) y lo único que valora y tiene en cuenta en la inmensa mayoría de los casos es el informe psicosocial.
Y aunque el informe psicosocial, después de todos los despueses, finalmente dijera que ambos padres estaban capacitados pero adjudicaba la custodia a la madre, pues eso lo que se hace. Los otros informes no valen porque estan pagados. Y las otras pruebas pues debe ser que tampoco cuando nisiquera las vieron, porque.....otra explicación......pues no me cabe en la cabeza.
El caso es que esto que nos ha ocurrido a nosotros como decía en post anteriores NO es la excepción. Hay montones y montones de casos, algunos casi calcados.
Y algo habremos de hacer para que esto no siga sucediendo.
A m i entender, no se puede permitir esa total falta de responsabilidad y pretender que nunca pase nada.
Da la sensacion de que quieran limpiar la imagen de esta gente dicen que an hecho 200 entrevistas a 130 personas en lo que va de año dentro de su labor para emitir informes solicitados desde la Jurisdicción de Familia pero no dan los resultados eso si dicen que el informe pericial psicosocial es la forma mas adecuada y beneficiosa para ayudar al juez.
Y hasta digo más. Puede ser que si, que ese tipo de informes pudiera ser adecuado.
Pero siempre y cuando se hicieran como deben hacerse, con todas las garantías, a cargo de progfesionales cualificados y titulados y cumpliendo y ajustándose a todos los requisitos y normas de carácter técnico y deontológico habrían de reunir.
Sin ir más lejos, yo he visto informes psicosociales hechos así. Y que eran muy pero que muy diferentes a los dos "informes" que tiene mi marido de los que han sido sus entrevistas psicosociales.
Asique.....decir podrán decir misa.
Pero que en los dos informes de nuestro caso incluyen una sarta de mentiras y de datos inciertos y subjetivos es una realidad como una casa de grande porque todo, TOOOOODO, es demostrable.
Y que no el nuestro el único caso....pues a las pruebas me remito.
Asique por más que digan la sola palabra de alguien que -dice- ser "profesional" NO puede seguir teniendo más validez que la realidad demostrada y contrastable.
En mi caso
juez: en jucio de mp recuso un documento donde la madre estaba pendiente de ser hallada y juzgada en peru por narcotrafico, delito contra la salud publica: ella con una denuncia de maltrato psicológico y una carta de la guarderia sin nombre firma ni rubrica diciendo que habia tenido un problema con ellas, falso, pero jamas que fuera mal padre o hubiera maltratado a mis hijas u otro menor, le dieron a ella la custodia estando mis hijas en riesgo para su vida y estando ella imputada en 92.7 delito contra la salud
psicosocial: no lo reflejan, no lo dicen por ningún lado, sale mejor mi informe que la madre, todo positivo, la madre no clavando su perfil de delincuente, y sin justificar plasman custodia materna
tanto el juez como el psicosocial prevaricaron, beneficiando contra ley, amparando y protegiendo a la madre tapando incluso un delito grave (10 años de carcel) sobre el beneficio del menor y por ello poniendolas en riesgo para su vida, por ajuste de cuentas, tiroteo o demas, o ingesta accidental de droga
esta es la mafia femi-xx-nazzi de los juzgados y psicosociales
¿porque no hay hombres en los psicosociales?
Si, alguno si que hay.
En el primer psisocial que mi marido y su hijo pasaron el psicologo era hombre.
El "informe" era todavía mas penoso que lo fué el segundo, pues apenas eran dos párrafos donde, para más inrri, se consideraba a los dos progenitores igualmente válidos.
Entonces????
Por qué se adjudica la custodia sólo a la madre??????????????????????????????????????
Con lo que se le decía y tuvo en su mano este señor y con lo que vió ése día.....no hubiera necesitado ninguna prueba ni ningún test para diagnosticar e identificar equis cosas.
Lo hizo????
La respuesta es obvia.
No interesa meter la nariz en según qué tipo de cosas. Porque si se dice la verdad, si se investiga y salen a la luz determinadas situaciones y circunstancias, pues.........resulta más difícil justificar lo que de ninguna manera es justificable ni aceptable.
En cualquier caso, yo soy de la opinión de que tan errada puede estar la forma de pensar de una mujer como la de un hombre.
De hecho yo precisamente como mujer no llego a comprender algunos de los planteamientos y exposiciones que he leído a lo largo de estos años en este foro por parte de muchas mujeres y madres.
Si me permite la pregunta cozumel, has denunciado o piensas denunciar tu caso????