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Falso sap
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Falso sap
Lucía Otero Gato, la joven que le reclama 50.000 euros a la Xunta por daños morales al mantenerla durante cinco años apartada de su madre en centros de menores tras negarse a ir a vivir con su padre, aseguró ayer que se daría por satisfecha si la Administración reconociera públicamente el error cometido. «Me dolió mucho vivirlo -asegura la joven-, pero me destrozaría que otro niño tuviera que pasar el mismo calvario que yo. Que nadie más pase por esto».
La Consellería de Traballo e Benestar reconoció ayer que inició las actuaciones necesarias para valorar si procede la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por madre e hija. Fuentes de este departamento puntualizaron que el ingreso de la entonces menor de edad en centros de protección fue ordenada por un juzgado, que fue el que determinó que la Xunta asumiera la guardia de la adolescente.
Tuvo que elegir
Lucía Otero se emociona cuando recuerda las tardes que dice haber pasado en el despacho de la jueza cuando esta trataba de convencerla de que fuera a casa de su padre, en As Pontes. Asegura que cuando la puso en la disyuntiva de elegir entre su progenitor o un centro no tuvo duda alguna: el centro. La joven insiste que no quería irse con él porque no se sentía querida, sino todo lo contrario. La chica relata que en abril del 2005 la citaron en el despacho de la jueza. Le hicieron tomar unas pastillas y la introdujeron en una ambulancia que estaba aparcada en la parte trasera del juzgado. Permaneció siete días hospitalizada en pediatría, sin saber qué era lo que pasaba. Estuvo en un primer centro de menores en Lugo, pero como su madre acudía de vez en cuando a la puerta o al colegio para poder verla, la trasladaron a Vigo. Su madre no supo en siete meses, pese a haberlo solicitado en la Xunta a través de abogado, el lugar al que la habían llevado ni pudo comunicarse por teléfono con ella. Su padre, sin embargo, al que ella se negaba a ver, la visitaba todas las semanas.
«Estou moi decepcionada porque en ningún momento nos escoitaron»
La Consellería de Traballo e Benestar reconoció ayer que inició las actuaciones necesarias para valorar si procede la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por madre e hija. Fuentes de este departamento puntualizaron que el ingreso de la entonces menor de edad en centros de protección fue ordenada por un juzgado, que fue el que determinó que la Xunta asumiera la guardia de la adolescente.
Tuvo que elegir
Lucía Otero se emociona cuando recuerda las tardes que dice haber pasado en el despacho de la jueza cuando esta trataba de convencerla de que fuera a casa de su padre, en As Pontes. Asegura que cuando la puso en la disyuntiva de elegir entre su progenitor o un centro no tuvo duda alguna: el centro. La joven insiste que no quería irse con él porque no se sentía querida, sino todo lo contrario. La chica relata que en abril del 2005 la citaron en el despacho de la jueza. Le hicieron tomar unas pastillas y la introdujeron en una ambulancia que estaba aparcada en la parte trasera del juzgado. Permaneció siete días hospitalizada en pediatría, sin saber qué era lo que pasaba. Estuvo en un primer centro de menores en Lugo, pero como su madre acudía de vez en cuando a la puerta o al colegio para poder verla, la trasladaron a Vigo. Su madre no supo en siete meses, pese a haberlo solicitado en la Xunta a través de abogado, el lugar al que la habían llevado ni pudo comunicarse por teléfono con ella. Su padre, sin embargo, al que ella se negaba a ver, la visitaba todas las semanas.
«Estou moi decepcionada porque en ningún momento nos escoitaron»
