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El 70% de la población cree que hay falsas denuncias de maltrato.
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Sobre la valoración de la legislación vigente desde el punto de vista del principio de igualdad, el estudio concluye que la opinión de la sociedad es mayoritariamente negativa. Un 63% cree conveniente la reforma de la legislación de divorcio, y casi idéntico porcentaje opina que el hombre está discriminado respecto a la mujer por la legislación de familia promulgada por los últimos gobiernos socialistas. Sólo el 10% es partidario de que la ley siga como está. En este tema hay diferencias por razón de sexo y de Comunidad autónoma de residencia. Hay veintiún puntos de diferencia entre los hombres que se sienten discriminados (73,5%), respecto las mujeres que admiten que existe dicha desigualdad (51,9%), y el sesgo se acentúa en los tramos de edad con mayor incidencia de divorcios (35-55 años).
En la mayoría de las Comunidades autónomas el porcentaje de los que consideran que la vigente ley es discriminatoria contra el hombre se encuentra en torno al 66% de media, mientras en Cataluña baja al 52%. El dato sorprende, pues aunque Cataluña tiene promulgado su propio Código de Familia con variantes respecto de la legislación nacional, las estadísticas de los tribunales catalanes arrojan datos no muy distintos a los del resto de España en cuanto a atribuciones de custodias de hijos a mujeres y obligaciones de pago de pensiones a hombres.
El resultado más llamativo es el relativo a la aplicación de la polémica legislación de violencia de género. Es casi siete puntos superior el porcentaje que cree que “algunas mujeres ponen falsas denuncias de violencia de género para obtener ventajas en sus procesos de divorcio” (70%), que los que piensan que hay que reformar la actual legislación de divorcio (63%). En Andalucía la proporción de quienes desconfían de la legitimidad de algunas denuncias llega al 80%. La diferencia de resultados entre hombres y mujeres es claramente inferior en este punto a la que existe en cuanto a la sensación de discriminación legal: un 75,6% de hombres frente a un 64,4% de mujeres creen que existen falsas denuncias. El porcentaje de suspicaces aumenta en proporción inversa al nivel socio-económico de los encuestados: del 64% de los que se declaran de renta “media-alta”, al 73,1% de los que se consideran de renta “baja”.
Los datos anteriores contrastan con los oficiales facilitados por el Observatorio Estatal sobre Violencia de Género: el informe elaborado en Octubre de 2009 por el “Grupo de expertos y expertas del Consejo del Poder Judicial” para dicho órgano, reiteradamente invocado con posterioridad, sobre el análisis de las sentencias de todas las audiencias provinciales durante 15 meses, la proporción hallada de falsas denuncias fue sólo del 0,19%. Hay que recordar que dicho informe se realizó sobre una muestra ínfima y con sentencias tomadas de forma interesada y no aleatoria. Esto es, un informe carente de rigor y fiabilidad por lo manipulado del mismo.
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NIVEL INDIVIDUAL:
PRIVILEGIOS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES QUE DENUNCIAN SER MALTRATADAS:
La simple presentación de la denuncia determina beneficios inmediatos para la mujer denunciante: posibilidad de alojamiento en casas de acogida, salario mínimo de integración, preferencia en acceso a viviendas de protección oficial, preferencia en matriculación de hijos en colegios, preferencia en la contratación en bolsas de trabajo específicas con subvenciones y desgravaciones para la empresa; cursos de formación laboral específicos; privilegios en flexibilidad de horarios laborales; asistencia jurídica gratuita; asistencia psicológica gratuita; posibilidad de pensiones de viudedad vitalicias, etc.
PRIVILEGIOS LEGALES EN LOS DIVORCIOS DE LAS MUJERES QUE DENUNCIAS SER MALTRADAS:
La simple denuncia determina la detención automática del hombre, supuesto maltratador, por la Policía. Las denuncias “asesoradas” suelen ponerse el viernes por la tarde, con lo que el supuesto maltratador no es llevado a presencia del juez hasta el lunes, como pronto, y pasa de una a tres noches en el calabozo: le quitan el cinturón, los cordones de los zapatos, el dinero, llaves y objetos personales y a veces las gafas. No se le suele proporciona medicación, aunque la necesite; escasísima comida y suele estar en una celda común con toda clase de delincuentes habituales y en pésimas condiciones higiénicas. No suele dormir, ni puede asearse ni afeitarse y llega abatido delante del Juez. Generalmente no tendrá un abogado de confianza y tendrá que fiarse del de oficio que le asignen, que no conoce hasta ese momento. En el juicio rápido aceptará generalmente los hechos por los que ha sido falsamente denunciado porque la conformidad con la petición del fiscal puede representar un reducción del un tercio de la condena, y porque en todo caso le permitirá salir desde el juzgado a la calle, sin ingresar en prisión. Si no acepta la condena, le aplicarán las medidas complementarias, como la orden de alejamiento de la mujer y la salida su domicilio.
Aunque no acepte la condena por la denuncia de violencia, su divorcio no se tramitará ante un Juzgado de familia o uno ordinario de primera instancia (donde no los hay de familia), sino que pasará a un Juzgado de violencia contra la mujer. Aunque sea absuelto de la denuncia de maltrato, durante toda la tramitación del divorcio quedará expulsado de su casa y privado de la relación con sus hijos. Cuando con ocasión del divorcio pida la custodia de sus hijos, aunque sea compartida y se la haya absuelto del supuesto maltrato, el Juez siempre considerará que es “desestabilizador” alterar la custodia exclusiva que hasta ese momento ha ejercido la madre. Aunque recurra a la audiencia o pasado algun tiempo pretenda modificar esa medida, los jueces resolverán siempre igual: es “pertubador” para los niños modificar la situación consolidada de convivencia de los niños con la madre, aunque tuviera su origen en una denuncia posteriormente declarada infundada.
Resultado: la mujer que denuncia en falso habrá asegurado quedarse con los niños y consiguientemente, con el derecho a usar la casa y a cobrar la pensión alimenticia, y muchas veces, compensatoria y todo por un procedimiento mucho más rápido que en un Juzgado de familia y con casi un 100% de posibilidades de éxito sin que le suponga perjuicio alguno al no abrirse causa por denuncia falsa a pesar de estipularlo el art. 456 del Código Penal.
PRIVILEGIOS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES QUE DENUNCIAN SER MALTRATADAS:
La simple presentación de la denuncia determina beneficios inmediatos para la mujer denunciante: posibilidad de alojamiento en casas de acogida, salario mínimo de integración, preferencia en acceso a viviendas de protección oficial, preferencia en matriculación de hijos en colegios, preferencia en la contratación en bolsas de trabajo específicas con subvenciones y desgravaciones para la empresa; cursos de formación laboral específicos; privilegios en flexibilidad de horarios laborales; asistencia jurídica gratuita; asistencia psicológica gratuita; posibilidad de pensiones de viudedad vitalicias, etc.
PRIVILEGIOS LEGALES EN LOS DIVORCIOS DE LAS MUJERES QUE DENUNCIAS SER MALTRADAS:
La simple denuncia determina la detención automática del hombre, supuesto maltratador, por la Policía. Las denuncias “asesoradas” suelen ponerse el viernes por la tarde, con lo que el supuesto maltratador no es llevado a presencia del juez hasta el lunes, como pronto, y pasa de una a tres noches en el calabozo: le quitan el cinturón, los cordones de los zapatos, el dinero, llaves y objetos personales y a veces las gafas. No se le suele proporciona medicación, aunque la necesite; escasísima comida y suele estar en una celda común con toda clase de delincuentes habituales y en pésimas condiciones higiénicas. No suele dormir, ni puede asearse ni afeitarse y llega abatido delante del Juez. Generalmente no tendrá un abogado de confianza y tendrá que fiarse del de oficio que le asignen, que no conoce hasta ese momento. En el juicio rápido aceptará generalmente los hechos por los que ha sido falsamente denunciado porque la conformidad con la petición del fiscal puede representar un reducción del un tercio de la condena, y porque en todo caso le permitirá salir desde el juzgado a la calle, sin ingresar en prisión. Si no acepta la condena, le aplicarán las medidas complementarias, como la orden de alejamiento de la mujer y la salida su domicilio.
Aunque no acepte la condena por la denuncia de violencia, su divorcio no se tramitará ante un Juzgado de familia o uno ordinario de primera instancia (donde no los hay de familia), sino que pasará a un Juzgado de violencia contra la mujer. Aunque sea absuelto de la denuncia de maltrato, durante toda la tramitación del divorcio quedará expulsado de su casa y privado de la relación con sus hijos. Cuando con ocasión del divorcio pida la custodia de sus hijos, aunque sea compartida y se la haya absuelto del supuesto maltrato, el Juez siempre considerará que es “desestabilizador” alterar la custodia exclusiva que hasta ese momento ha ejercido la madre. Aunque recurra a la audiencia o pasado algun tiempo pretenda modificar esa medida, los jueces resolverán siempre igual: es “pertubador” para los niños modificar la situación consolidada de convivencia de los niños con la madre, aunque tuviera su origen en una denuncia posteriormente declarada infundada.
Resultado: la mujer que denuncia en falso habrá asegurado quedarse con los niños y consiguientemente, con el derecho a usar la casa y a cobrar la pensión alimenticia, y muchas veces, compensatoria y todo por un procedimiento mucho más rápido que en un Juzgado de familia y con casi un 100% de posibilidades de éxito sin que le suponga perjuicio alguno al no abrirse causa por denuncia falsa a pesar de estipularlo el art. 456 del Código Penal.
EL SISTEMA ESTIMULA LAS DENUNCIAS FALSAS PORQUE MUCHAS AYUDAS SE CONCEDEN POR EL HECHO DE DENUNCIAR, NO DE QUE SE CONDENE AL MATRATADOR.
La legislación vigente estimula la presentación de denuncias, pues gran parte de las ayudas económicas se conceden en función del NÚMERO de las denuncias, no de que se demuestre que sean ciertas, ni de las protecciones efectivamente otorgadas y menos aún de que las denuncias terminen en condena al agresor en sentencia firme.
Por eso las falsas denuncias están estimuladas a nivel institucional y a nivel particular o individual de la mujer que denuncia en falso.
NIVEL INSTITUCIONAL: El acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de Julio de 2005, estableció como criterios para la concesión de subvenciones para la instalación y funcionamiento de los servicios de ayudas a las víctimas de violencia de género literalmente “el número de denuncias interpuestas por mujeres contra sus parejas” y el “número de mujeres que se declara maltratadas”.
La perversión de este sistema de ayudas provoca metástasis en todos los niveles de la administración: estatal, autonómico, local, asociativo e institucional. Dos ejemplos:
-El Ministerio de Igualdad firma anualmente convenios de colaboración con las Comunidades autónomas para la financiacion de programas de ayudas a la mujer maltratada. La mayor parte de los fondos provienen del Estado, pero se conceden en función de las estadísticas de denuncias formuladas.
- Las subvenciones concedidas por el Ministerio de Igualdad van a parar en gran parte a asociaciones de defensa de la mujer maltratada, que tienen que justificar en sus memorias las estadísticas de casos atendidos para poder recibir las ayudas.
La legislación vigente estimula la presentación de denuncias, pues gran parte de las ayudas económicas se conceden en función del NÚMERO de las denuncias, no de que se demuestre que sean ciertas, ni de las protecciones efectivamente otorgadas y menos aún de que las denuncias terminen en condena al agresor en sentencia firme.
Por eso las falsas denuncias están estimuladas a nivel institucional y a nivel particular o individual de la mujer que denuncia en falso.
NIVEL INSTITUCIONAL: El acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de Julio de 2005, estableció como criterios para la concesión de subvenciones para la instalación y funcionamiento de los servicios de ayudas a las víctimas de violencia de género literalmente “el número de denuncias interpuestas por mujeres contra sus parejas” y el “número de mujeres que se declara maltratadas”.
La perversión de este sistema de ayudas provoca metástasis en todos los niveles de la administración: estatal, autonómico, local, asociativo e institucional. Dos ejemplos:
-El Ministerio de Igualdad firma anualmente convenios de colaboración con las Comunidades autónomas para la financiacion de programas de ayudas a la mujer maltratada. La mayor parte de los fondos provienen del Estado, pero se conceden en función de las estadísticas de denuncias formuladas.
- Las subvenciones concedidas por el Ministerio de Igualdad van a parar en gran parte a asociaciones de defensa de la mujer maltratada, que tienen que justificar en sus memorias las estadísticas de casos atendidos para poder recibir las ayudas.
LA ENCUESTA ES DE ALTÍSIMA CALIDAD Y NIVEL DE FIABILIDAD.
La entidad encuestadora, DYM, es una de las primeras firmas a nivel nacional en el sector de la demoscopia. Está homologada internacionalmente y pertenece a la red WIN de empresas independientes de estudios de opinión con presencia en 23 países.
El grupo Vocento (diario ABC) le suele encargar sus encuestas y prospecciones de voto para las elecciones nacionales, autonómicas y europeas. La Generalidad de Cataluña le ha encargado una macroencuesta sobre violencia de género que saldrá en los próximos meses.
El estudio se ha hecho sobre 2000 encuestas. Las oleadas del C.I.S, se realizan sobre 2500. Las ultimas encuestas sobre sentido de voto publicadas por los medios españoles suelen tener un espectro de análisis muy inferior (ejemplos: sondeo electoral de El País del domingo 7 de febrero de 2010: 500 encuestas; sondeo de opinión politica de El Mundo del lunes 8 de febrero de 2010: 700 encuestas; sondeo electoral de La Razón del primer fin de semana de febrero y el de 5 de abril de este año: 1.000 encuestas; sondeo electoral de ABC del 7 de febrero, 800 encuestas; el de 5 de abril, 2000 encuestas.
La entidad encuestadora, DYM, es una de las primeras firmas a nivel nacional en el sector de la demoscopia. Está homologada internacionalmente y pertenece a la red WIN de empresas independientes de estudios de opinión con presencia en 23 países.
El grupo Vocento (diario ABC) le suele encargar sus encuestas y prospecciones de voto para las elecciones nacionales, autonómicas y europeas. La Generalidad de Cataluña le ha encargado una macroencuesta sobre violencia de género que saldrá en los próximos meses.
El estudio se ha hecho sobre 2000 encuestas. Las oleadas del C.I.S, se realizan sobre 2500. Las ultimas encuestas sobre sentido de voto publicadas por los medios españoles suelen tener un espectro de análisis muy inferior (ejemplos: sondeo electoral de El País del domingo 7 de febrero de 2010: 500 encuestas; sondeo de opinión politica de El Mundo del lunes 8 de febrero de 2010: 700 encuestas; sondeo electoral de La Razón del primer fin de semana de febrero y el de 5 de abril de este año: 1.000 encuestas; sondeo electoral de ABC del 7 de febrero, 800 encuestas; el de 5 de abril, 2000 encuestas.
Sobre la valoración de la legislación vigente desde el punto de vista del principio de igualdad, el estudio concluye que la opinión de la sociedad es mayoritariamente negativa. Un 63% cree conveniente la reforma de la legislación de divorcio, y casi idéntico porcentaje opina que el hombre está discriminado respecto a la mujer por la legislación de familia promulgada por los últimos gobiernos socialistas. Sólo el 10% es partidario de que la ley siga como está. En este tema hay diferencias por razón de sexo y de Comunidad autónoma de residencia. Hay veintiún puntos de diferencia entre los hombres que se sienten discriminados (73,5%), respecto las mujeres que admiten que existe dicha desigualdad (51,9%), y el sesgo se acentúa en los tramos de edad con mayor incidencia de divorcios (35-55 años).
En la mayoría de las Comunidades autónomas el porcentaje de los que consideran que la vigente ley es discriminatoria contra el hombre se encuentra en torno al 66% de media, mientras en Cataluña baja al 52%. El dato sorprende, pues aunque Cataluña tiene promulgado su propio Código de Familia con variantes respecto de la legislación nacional, las estadísticas de los tribunales catalanes arrojan datos no muy distintos a los del resto de España en cuanto a atribuciones de custodias de hijos a mujeres y obligaciones de pago de pensiones a hombres.
El resultado más llamativo es el relativo a la aplicación de la polémica legislación de violencia de género. Es casi siete puntos superior el porcentaje que cree que “algunas mujeres ponen falsas denuncias de violencia de género para obtener ventajas en sus procesos de divorcio” (70%), que los que piensan que hay que reformar la actual legislación de divorcio (63%). En Andalucía la proporción de quienes desconfían de la legitimidad de algunas denuncias llega al 80%. La diferencia de resultados entre hombres y mujeres es claramente inferior en este punto a la que existe en cuanto a la sensación de discriminación legal: un 75,6% de hombres frente a un 64,4% de mujeres creen que existen falsas denuncias. El porcentaje de suspicaces aumenta en proporción inversa al nivel socio-económico de los encuestados: del 64% de los que se declaran de renta “media-alta”, al 73,1% de los que se consideran de renta “baja”.
Los datos anteriores contrastan con los oficiales facilitados por el Observatorio Estatal sobre Violencia de Género: el informe elaborado en Octubre de 2009 por el “Grupo de expertos y expertas del Consejo del Poder Judicial” para dicho órgano, reiteradamente invocado con posterioridad, sobre el análisis de las sentencias de todas las audiencias provinciales durante 15 meses, la proporción hallada de falsas denuncias fue sólo del 0,19%. Hay que recordar que dicho informe se realizó sobre una muestra ínfima y con sentencias tomadas de forma interesada y no aleatoria. Esto es, un informe carente de rigor y fiabilidad por lo manipulado del mismo.
Dos de cada tres mujeres expresan esta misma opinión.
Un informe realizado por el Instituto DYM a instancia de la “Asociación de Abuelos separados de sus nietos” concluye que el 70% de los españoles opina que existen falsas denuncias de maltrato. El estudio aborda distintas cuestiones de la situación actual del divorcio y las relaciones familiares en España y ha sido elaborado a partir de 2000 encuestas, entre hombres y mujeres de entre 16 a 75 años, de todas las Comunidades autónomas. La amplitud de la muestra, comparable a los barómetros mensuales del C.I.S., le confiere un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error inferior al 2,2 %.
Revela el estudio que el 80% de l población es partidario de la Custodia Compartida entre el padre y la madre en los casos de divorcio con hijos menores, porcentajes que se elevan al 86% en el área metropolitana de Madrid y al 89% en Vascongadas. Entre hombres y mujeres la Custodia Compartida es preferida en todo caso como primera opción, con pequeñas diferencias de unos cuatro puntos, ligeramente superiores en los entrevistados varones.
Esta situación contrasta con la realidad actual de la legislación vigente. Tras la ley de “divorcio-express” de 2005, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial revelan que la custodia de los hijos es atribuida por los tribunales a la madre en exclusiva en torno al 90% de los casos, al padre entre el 2 y el 3%, y que sólo en caso de acuerdo entre los dos progenitores se otorga con carácter compartido o alterno entre ellos, en menos del 7% de los divorcios.
Respecto a la vivienda de la pareja divorciada, un 40% es partidario de la venta inmediata y reparto del precio entre los dos, mientras que el 56% considera que, habiendo hijos, debe conservarse mientras éstos no sean independientes. La crisis del mercado inmobiliario y las dificultades para vender la vivienda sin pérdidas parecen pesar sobre tal división de opiniones: en la zona metropolitana de Madrid los partidarios de que no se venda la casa pese al divorcio ascienden hasta el 71.2%,
Un informe realizado por el Instituto DYM a instancia de la “Asociación de Abuelos separados de sus nietos” concluye que el 70% de los españoles opina que existen falsas denuncias de maltrato. El estudio aborda distintas cuestiones de la situación actual del divorcio y las relaciones familiares en España y ha sido elaborado a partir de 2000 encuestas, entre hombres y mujeres de entre 16 a 75 años, de todas las Comunidades autónomas. La amplitud de la muestra, comparable a los barómetros mensuales del C.I.S., le confiere un nivel de confianza del 95.5% y un margen de error inferior al 2,2 %.
Revela el estudio que el 80% de l población es partidario de la Custodia Compartida entre el padre y la madre en los casos de divorcio con hijos menores, porcentajes que se elevan al 86% en el área metropolitana de Madrid y al 89% en Vascongadas. Entre hombres y mujeres la Custodia Compartida es preferida en todo caso como primera opción, con pequeñas diferencias de unos cuatro puntos, ligeramente superiores en los entrevistados varones.
Esta situación contrasta con la realidad actual de la legislación vigente. Tras la ley de “divorcio-express” de 2005, las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial revelan que la custodia de los hijos es atribuida por los tribunales a la madre en exclusiva en torno al 90% de los casos, al padre entre el 2 y el 3%, y que sólo en caso de acuerdo entre los dos progenitores se otorga con carácter compartido o alterno entre ellos, en menos del 7% de los divorcios.
Respecto a la vivienda de la pareja divorciada, un 40% es partidario de la venta inmediata y reparto del precio entre los dos, mientras que el 56% considera que, habiendo hijos, debe conservarse mientras éstos no sean independientes. La crisis del mercado inmobiliario y las dificultades para vender la vivienda sin pérdidas parecen pesar sobre tal división de opiniones: en la zona metropolitana de Madrid los partidarios de que no se venda la casa pese al divorcio ascienden hasta el 71.2%,
El 70% de la población cree que hay falsas denuncias de maltrato.
