Estimados todos, os transmito una inquietud que me ha surgido durante el desarrollo de mi trabajo. Somos una empresa que provee de materiales centros públicos, recientemente la concesionaria de una gran obra pública no quiere escuchar nuestras ofertas aún a pesar que nuestro equipamiento es más barato, mejor y es lo que quieren los usuarios finales (funcionarios). Todo el equipamiento se ha asignado dentro de la concesionaria a un proveedor que debe ser su amigote (aunque sea ostensiblemente más caro) y ofrezca menos equipamiento y de peor calidad. ¿Hay alguna posible defensa legal ante esto? Si esto se hubiera hecho público, yo podría haberme presentar a dicho concurso público pero al tratarse de una concesión ¿dónde quedan nuestros derechos a participar aún siendo dinero público? Si esto es ilegal o hay alguna forma de lucharlo, por favor, no duden en comunicarlo, nos pondremos en contacto con ustedes. Una forma mas de corrupción en este país.
Toda adjudicacion debe estar conforme al ordenamiento y leyes sectoriales de contratacion publica.
Una adjudicacion es un acto adminsitrativo y puede ser atacado en sede administrativa y jurisdiccional. Si hay defensa contra desviacion de poder
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En primer lugar, agradecer su respuesta ante este asunto. En segundo lugar aclarar un poco mi mensaje que quizá no se haya entendido del todo bien.
Por supuesto la adjudicación a al concesionaria de la GRAN OBRA está hecha con arreglo a ley. A partir de ese momento esa GRAN OBRA se compone de muchas partes, entre ellas la nuestra y es aquí dónde ellos no quieren escuchar, se lo han adjudicado todo (una de las partes de la GRAN OBRA) a un proveedor sin escuchar a los demás, quizá por estar con un asesor corrupto, quizá por estar corruptos directamente ellos o quizá por holgazanería e incompetencia. Esto último me parecería increíble con los tiempos que corren dado que si pueden ahorrar costes, ¿por qué no iban a hacerlo siendo una empresa privada?
Debe acudir a donde esté la representación comercial de los productos que usted representa.
Por ejemplo a la Cámara de Comercio de la Provincia.
Ahí le pueden orientar sobre las acciones a tomar en contra de esa administración.
Otra vía es a través de la oposición política.
Lo lógico es que la adjudicación no tenga en cuenta los precios a los que el contratista adquiera servicios o bienes de terceros, por lo que la Administración es por completo ajena a este tema.