Madre discapacitada al 65%, incapacitada (tiene una enfermedad mental). Ella tiene cuenta bancaria que compartimos para recibir la pensión (300 euros mensuales) pero por situaciones que no vienen al caso yo no convivía con ella (soy joven adulta y he tenido tutores legales que no son mis padres biológicos) no sabía lo de la cuenta bancaria ni nada al respecto.
Resulta que tiene dos compañías telefónicas contratadas ya que no comprende bien a la hora de realizar contratos y siempre acepta. Ambas ya están dadas de baja (hoy se lo tramité yo). Una de las compañías, con las que ella creía que sólo tenía un móvil, le han estado cobrando casi 70 euros al mes durante varios meses, y la otra aproximadamente unos 30 mensuales que corresponden a lo que ella sabía que tenía contratado.
Sin embargo, los 70 euros mensuales corresponden a un único número de móvil al que al parecer los datos se renuevan constantemente cuando se gastan. Ella tenía contratada esa línea móvil por 6 euros. Ella no utiliza datos ya que no sabe utilizarlos, únicamente realiza llamadas.
Dada esta situación, no sé si se podrá hacer algo. ¿Es legal que dejen a una persona con discapacidad mental del 65% contratar cosas así como así? ¿Es denunciable? Mi madre apenas ha tenido dinero para comer y sus necesidades básicas estos meses de tantas cosas que ha contratado sin saber lo que estaba contratando. ¿Se puede hacer algo en este caso?
Además he de notar que debido a situaciones personales, más de la mitad del año estoy fuera de casa. Me gustaría que su economía estuviera segura aún cuando yo no estuviera presente.
Las personas mayores son un objeto prioritario de desaprensivos que suministran productos inútiles o muy caros. El problema es que legalmente esos contratos de compra o de suministros son legalmente válidos, pues la incapacidad a la que usted se refiere es una mera cuestión administrativa, no judicial, y por tanto su madre tiene tanta capacidad para obligarse como usted misma. Por tanto, y a no ser que instruya un expediente para la modificación judicial de incapacidad, todo lo que firme su madre tendrá plena validez.
En primer lugar, solo e exige ser mayor de edad y ese dato de la discapacidad es personal y no podría exigirse porque la propia LOPD lo prohíbe, por otra parte, como no se puede conocer ni exigir que se identifique dicha discapacidad si es física, psíquica o sensorial, (no es lo mismo un 65 % de discapacidad física que sensorial o psíquica, cada una inhabilita para distintas cosas), tb es necesario distinguir entre discapacidad e incapacidad, por tanto me temo que tendrá usted que seguir al tanto de lo que esa señora firma.