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Asociaciones por la custodia compartida piden a los eurodiputados investigar la legislación espanola
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Asociaciones por la custodia compartida piden a los eurodiputados investigar la legislación espanola
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2229235/06/10/Asociaciones-por-la-custodia-compartida-piden-a-los-eurodiputados-investigar-la-legislacion-espanola.html
Un total de 41 organizaciones de defensa de la custodia compartida instaron hoy a los miembros del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa a abrir una investigación sobre la legislación española en lo relativo a la concesión de la custodia de los hijos en casos de divorcio.
En una misiva dirigida a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de ambas cámaras, las entidades firmantes criticaron el Código Civil y la ley integral contra la violencia de género, y mostraron su "estupor" ante el intento del Gobierno español para extender la Orden de Protección para mujeres maltratadas a toda la UE.
Calificaron como "especialmente grave" el apartado 7 del artículo 92 del Código Civil, que en la modificación relativa a los procesos de separación y divorcio establece un vínculo con la ley de violencia de género por el que "una simple denuncia impide la concesión de la custodia compartida".
A su juicio, "existe una clara inspiración totalitaria en el articulado de esta Ley, una falta evidente de garantías procesales y una pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía", pues vincula el delito al sexo del autor.
Además, prosiguieron, "en España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas,y no se permite el acceso a los varones a las políticas llamadas de género ni a las instituciones que velan por la igualdad de hombres y mujeres", concluye la carta.
(SERVIMEDIA)
14-JUN-10
Un total de 41 organizaciones de defensa de la custodia compartida instaron hoy a los miembros del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa a abrir una investigación sobre la legislación española en lo relativo a la concesión de la custodia de los hijos en casos de divorcio.
En una misiva dirigida a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de ambas cámaras, las entidades firmantes criticaron el Código Civil y la ley integral contra la violencia de género, y mostraron su "estupor" ante el intento del Gobierno español para extender la Orden de Protección para mujeres maltratadas a toda la UE.
Calificaron como "especialmente grave" el apartado 7 del artículo 92 del Código Civil, que en la modificación relativa a los procesos de separación y divorcio establece un vínculo con la ley de violencia de género por el que "una simple denuncia impide la concesión de la custodia compartida".
A su juicio, "existe una clara inspiración totalitaria en el articulado de esta Ley, una falta evidente de garantías procesales y una pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía", pues vincula el delito al sexo del autor.
Además, prosiguieron, "en España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas,y no se permite el acceso a los varones a las políticas llamadas de género ni a las instituciones que velan por la igualdad de hombres y mujeres", concluye la carta.
(SERVIMEDIA)
14-JUN-10
http://blogs.hoy.es/masculino-en-positivo/2010/6/15/carta-los-parlamentarios-europeos
CARTA A LOS PARLAMENTARIOS EUROPEOS
Las Federaciones abajo firmantes les SOLICITAN que como legítimos representantes de la Unión Europea abran una investigación en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa a tenor de los siguientes hechos:
1) En la modificación del código civil español en lo que se refiere a los procesos de separación y divorcio, Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en artículo 92 apartados 5,6,7,8, se obstaculiza deliberadamente la coparentalidad y el derecho que tienen nuestros hijos a seguir teniendo padre y madre en igualdad de condiciones tras los procesos de separación y divorcio.
Son especialmente graves el apartado 7, por el que se establece un vínculo entre la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil, de manera que la simple denuncia se convierte en un impedimento para poder conceder la custodia compartida de los hijos. Como consecuencia de esto se están trasladando al ámbito penal miles de procedimientos de separación en España, con el consiguiente perjuicio y maltrato institucional hacia nuestros hijos y que constituye el origen del elevado número de falsas denuncias por violencia doméstica que tienen lugar en los procesos de divorcio en España, ya que éstas no son perseguidas de oficio por la Fiscalía.
Igualmente el apartado 8 constituye un atentado contra la independencia del poder judicial ya que se establece que tiene que haber un informe favorable del fiscal para que el juez pueda dar la custodia compartida.
CARTA A LOS PARLAMENTARIOS EUROPEOS
Las Federaciones abajo firmantes les SOLICITAN que como legítimos representantes de la Unión Europea abran una investigación en el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa a tenor de los siguientes hechos:
1) En la modificación del código civil español en lo que se refiere a los procesos de separación y divorcio, Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, en artículo 92 apartados 5,6,7,8, se obstaculiza deliberadamente la coparentalidad y el derecho que tienen nuestros hijos a seguir teniendo padre y madre en igualdad de condiciones tras los procesos de separación y divorcio.
Son especialmente graves el apartado 7, por el que se establece un vínculo entre la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil, de manera que la simple denuncia se convierte en un impedimento para poder conceder la custodia compartida de los hijos. Como consecuencia de esto se están trasladando al ámbito penal miles de procedimientos de separación en España, con el consiguiente perjuicio y maltrato institucional hacia nuestros hijos y que constituye el origen del elevado número de falsas denuncias por violencia doméstica que tienen lugar en los procesos de divorcio en España, ya que éstas no son perseguidas de oficio por la Fiscalía.
Igualmente el apartado 8 constituye un atentado contra la independencia del poder judicial ya que se establece que tiene que haber un informe favorable del fiscal para que el juez pueda dar la custodia compartida.
En general, todos los apartados de este artículo tienen como objetivo entorpecer la coparentalidad en lugar de promoverla como un bien para el menor.
2) En España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas, no se permite el acceso a los varones a las políticas llamadas de género, ni a las instituciones que velan por la igualdad de hombres y mujeres.
Consideramos que existe una clara inspiración totalitaria en el articulado de la Ley Integral contra la Violencia de Género, una falta evidente de garantías procesales y un pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía, especialmente en el caso de los varones, pero también de las mujeres.
En el título Preliminar, Artículo 1, Objeto de la Ley, se vierten afirmaciones claramente discriminatorias contra los varones, inspiradas en ideologías, tales como: La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminació n, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Estas y otras leyes que han precedido a la Ley Orgánica e Integral contra la Violencia de Género y los procedimientos legales y jurídicos en ellas establecidos, están no sólo haciendo irresoluble el problema de la violencia doméstica en España sino contribuyendo a su incremento, dejando desprotegida a la mujer y conculcando derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En el último año más de 160.000 hombres fueron denunciados ante los juzgados especializados de violencia doméstica, sin las mínimas garantías procesales, mientras que la tasa de conflictividad en los procesos de divorcio se elevó cinco puntos porcentualmente desde la entrada en vigor de ambas leyes.
3) España es el único país perteneciente al Consejo de Europa que cuenta con una legislación penal basada en el “DELITO DE AUTOR” juzgando el delito de manera diferente y consecuentemente imponiendo diferentes penas por razón de sexo ante la comisión de idéntico delito, como consta en miles de sentencias en las que se aplica la ley penal de manera discriminatoria según se trate de la violencia ejercida por un hombre o una mujer. Sólo los colectivos de judíos, negros y homosexuales sufrieron un tratamiento semejante desde el derecho penal en épocas pretéritas.
Numerosas sentencias de jueces españoles indican la imposibilidad de juzgar situaciones de violencia de la mujer contra el hombre, de hombre contra hombre y de mujer contra mujer, como es el caso de las parejas homosexuales, por entender que en estos casos no existe violencia de género, con lo que claramente se está aplicando un concepto general con carácter particular, según el sexo del autor, dentro de una legislación que carece de legitimidad, que alimenta la violencia y que está produciendo un enorme daño social.
España viola de manera clara, a nuestro entender, los requisitos democráticos exigibles para su pertenencia al Consejo de Europa, lo que afecta tanto al resto de ciudadanos europeos residentes en España como a los propios españoles.
Por todo ello las Federaciones y asociaciones abajo firmantes observan con estupor cómo se pretende, aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, generalizar en Europa medidas y políticas llamadas de Género que se han demostrado claramente contraproducentes, discriminatorias y son lesivas para con los Derechos Humanos así como atentatorias contra el Estado de Derecho.
2) En España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas, no se permite el acceso a los varones a las políticas llamadas de género, ni a las instituciones que velan por la igualdad de hombres y mujeres.
Consideramos que existe una clara inspiración totalitaria en el articulado de la Ley Integral contra la Violencia de Género, una falta evidente de garantías procesales y un pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía, especialmente en el caso de los varones, pero también de las mujeres.
En el título Preliminar, Artículo 1, Objeto de la Ley, se vierten afirmaciones claramente discriminatorias contra los varones, inspiradas en ideologías, tales como: La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminació n, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Estas y otras leyes que han precedido a la Ley Orgánica e Integral contra la Violencia de Género y los procedimientos legales y jurídicos en ellas establecidos, están no sólo haciendo irresoluble el problema de la violencia doméstica en España sino contribuyendo a su incremento, dejando desprotegida a la mujer y conculcando derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
En el último año más de 160.000 hombres fueron denunciados ante los juzgados especializados de violencia doméstica, sin las mínimas garantías procesales, mientras que la tasa de conflictividad en los procesos de divorcio se elevó cinco puntos porcentualmente desde la entrada en vigor de ambas leyes.
3) España es el único país perteneciente al Consejo de Europa que cuenta con una legislación penal basada en el “DELITO DE AUTOR” juzgando el delito de manera diferente y consecuentemente imponiendo diferentes penas por razón de sexo ante la comisión de idéntico delito, como consta en miles de sentencias en las que se aplica la ley penal de manera discriminatoria según se trate de la violencia ejercida por un hombre o una mujer. Sólo los colectivos de judíos, negros y homosexuales sufrieron un tratamiento semejante desde el derecho penal en épocas pretéritas.
Numerosas sentencias de jueces españoles indican la imposibilidad de juzgar situaciones de violencia de la mujer contra el hombre, de hombre contra hombre y de mujer contra mujer, como es el caso de las parejas homosexuales, por entender que en estos casos no existe violencia de género, con lo que claramente se está aplicando un concepto general con carácter particular, según el sexo del autor, dentro de una legislación que carece de legitimidad, que alimenta la violencia y que está produciendo un enorme daño social.
España viola de manera clara, a nuestro entender, los requisitos democráticos exigibles para su pertenencia al Consejo de Europa, lo que afecta tanto al resto de ciudadanos europeos residentes en España como a los propios españoles.
Por todo ello las Federaciones y asociaciones abajo firmantes observan con estupor cómo se pretende, aprovechando la presidencia española de la Unión Europea, generalizar en Europa medidas y políticas llamadas de Género que se han demostrado claramente contraproducentes, discriminatorias y son lesivas para con los Derechos Humanos así como atentatorias contra el Estado de Derecho.
Asociaciones en defensa de la custodia compartida denuncian en Bruselas la ley civil española
Por Agencia EFE – Hace 1 minuto.
Bruselas, 15 jun (EFE).- Medio centenar de asociaciones en defensa de la custodia compartida de toda España remitieron hoy sendas cartas a las distintas instituciones europeas para denunciar que la Ley Integral contra la Violencia de Género quebranta de forma indirecta los derechos de igualdad y presunción de inocencia.
En el texto reclaman que una denuncia por malos tratos no implique que se descarte la custodia compartida sin esperar al juicio ni a la sentencia -como prevé la ley- pues va "contra la presunción de inocencia" y constituye "el origen de la proliferación de denuncias falsas".
Para los firmantes la nueva legislación civil fruto del encaje de la Ley Integral de Violencia de Género "conlleva una falta evidente de garantías procesales y una pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía, especialmente en el caso de los hombres, pero también de las mujeres".
En esa línea, se afirma que la ley aprobada por el gobierno para dar respuesta a la violencia doméstica tiene "una clara inspiración totalitaria".
En otro punto se denuncia que "en España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas y no se permite el acceso a los hombres a las políticas llamadas de género".
Finalmente, apuntan "observar con estupor" cómo la presidencia española "pretende aprovechar su momento para generalizar a Europa políticas llamadas de género" que, según la carta, "se han demostrado claramente contraproducentes, discriminatorias y lesivas para los Derechos Humanos".
Las federaciones, que no descartan interponer un recurso ante el Tribunal General de Justicia de la UE, han remitido una copia a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para que abra una investigación.
© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
Por Agencia EFE – Hace 1 minuto.
Bruselas, 15 jun (EFE).- Medio centenar de asociaciones en defensa de la custodia compartida de toda España remitieron hoy sendas cartas a las distintas instituciones europeas para denunciar que la Ley Integral contra la Violencia de Género quebranta de forma indirecta los derechos de igualdad y presunción de inocencia.
En el texto reclaman que una denuncia por malos tratos no implique que se descarte la custodia compartida sin esperar al juicio ni a la sentencia -como prevé la ley- pues va "contra la presunción de inocencia" y constituye "el origen de la proliferación de denuncias falsas".
Para los firmantes la nueva legislación civil fruto del encaje de la Ley Integral de Violencia de Género "conlleva una falta evidente de garantías procesales y una pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía, especialmente en el caso de los hombres, pero también de las mujeres".
En esa línea, se afirma que la ley aprobada por el gobierno para dar respuesta a la violencia doméstica tiene "una clara inspiración totalitaria".
En otro punto se denuncia que "en España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas y no se permite el acceso a los hombres a las políticas llamadas de género".
Finalmente, apuntan "observar con estupor" cómo la presidencia española "pretende aprovechar su momento para generalizar a Europa políticas llamadas de género" que, según la carta, "se han demostrado claramente contraproducentes, discriminatorias y lesivas para los Derechos Humanos".
Las federaciones, que no descartan interponer un recurso ante el Tribunal General de Justicia de la UE, han remitido una copia a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para que abra una investigación.
© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.
