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Antes de ir a un juez, pase por la notaría
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/27/actualidad/1338134038_113715.html
Los fedatarios públicos se preparan para una transformación de su papel. El Gobierno prepara una ley para dotarles de competencias judiciales
El riesgo: una justicia a dos velocidades
El sistema judicial está colapsado y los despachos de los notarios mermados de actividad (e ingresos). La ecuación parece simple: ciertas funciones de los unos podrían ser asumidas por los otros —en tanto que funcionarios— para beneficio mutuo. El Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley en esta dirección, y que previsiblemente será presentado en septiembre, según confirman desde el Ministerio de Justicia. Pero la fe de un notario no es gratis y, aun con unos precios fijados por ley, la posibilidad de que asuman competencias propias de los jueces (matrimonios, divorcios sin hijos o la declaración de herederos, entre otras) despierta las reticencias de quienes opinan que podría generar una justicia a dos velocidades: la gratuita y lenta, y otra más ágil, pero de pago.
“Los notarios estamos dispuestos a contribuir a aliviar los juzgados”, afirma Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado. La medida podría, además, solucionar la crisis del colectivo, cuya actividad ha descendido en picado junto al ladrillo. Mientras que en 2007 gestionaron más de 1,2 millones de operaciones de compraventa de viviendas, en 2011 fueron 535.906, según los datos de la propia institución.
Los notarios son funcionarios autorizado para dar fe pública de los contratos y otros actos extrajudiciales sujetos a la legalidad. Pero sus ingresos no provienen del Estado, sino de los particulares que hacen uso de sus servicios conforme a unos aranceles fijados por ley. No tienen la posibilidad, por tanto, de subir las tasas para paliar el descenso de demanda. Una situación de libre mercado en la que pudieran aumentar (y competir) en tarifas no es, en cualquier caso, una posibilidad que guste al colectivo. “Sería contrario al interés del ciudadano medio, que no tendría la misma capacidad de negociación de los precios que una gran empresa”, defiende López Pardiñas.
La viabilidad del sistema notarial español pasa por atraer más demanda a sus oficinas. Sabido que el mercado inmobiliario, su principal fuente de ingresos, no volverá a ser lo que era, solo queda ampliar competencias. Justicia no da detalles de los términos del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria que dotaría a los fedatarios públicos de funciones que ahora realizan los jueces. Pero el Consejo General del Notariado tiene algunas ideas de cuáles podrían ser: matrimonios y divorcios sin hijos —como ya anunció Gallardón en febrero—, declaración de herederos, adopción de mayores de edad o la convocatoria de juntas en sociedades mercantiles, entre otras. “¿Por qué no puede casar un notario? Puede ser una alternativa”, argumenta López Pardiñas.
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ya mostró su disconformidad con esta posibilidad en una nota en la que alertaba del “coste económico para el ciudadano” que podría tener la reforma. Juan Ramón Liébana, doctor en Derecho de la Universidad de La Rioja, especializado en jurisdicción voluntaria, opina que “la intervención de notarios debe tener un carácter potestativo (no obligatorio) y siempre alternativo al Secretario Judicial”. Y en cualquier caso, el ciudadano “siempre tendría que poder utilizar un órgano judicial”, añade.
Pero la voluntariedad no elimina la cuestión económica. La actuación de un notario no es gratuita, por lo que la capacidad de elección se ve limitada por la mayor o menor solvencia del ciudadano. La asociaciónJueces para la Democracia (JpD) mostró, tras el anuncio de Gallardón de bodas y divorcios ante notario, su temor a una “justicia de dos velocidades: una para quien tenga medios para sufragársela y otra para quien carezca de ellos”.
El presidente del Consejo General del Notariado no cree que el coste vaya a ser un impedimento para quienes quieran acudir a un notario para adoptar un hijo mayor de 18 años o casarse, pero sí tendrán la ventaja de hacerlo en un tiempo récord sin esperar en la cola del juzgado. Confía en que los aranceles, que fijará la ley, serán reducidos. “La gente tiene la sensación de que somos caros, pero no es verdad, hacer un testamento son apenas 40 euros”, argumenta. Juan Ramón Liébana propone, como mecanismo para evitar “la justicia de ricos y pobres”, que se prevea legalmente “unos precios de cuantía similar a las tasas judiciales para la tramitación del mismo tipo de expedientes”. “Al ciudadano le facilitaría la vida”, dice. El experto cree que es urgente que se actualice la ley de jurisdicción voluntaria para descargar a los jueces de trabajo —la legislación vigente es de 1881, recuerda— y no ve inconveniente en que los notarios adquieran funciones en este ámbito. ... Un cambio de imagen parece tan necesario como la reinvención para salvar la institución.
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Asociación PROJUSTICIA
Pero la voluntariedad no elimina la cuestión económica. La actuación de un notario no es gratuita, por lo que la capacidad de elección se ve limitada por la mayor o menor solvencia del ciudadano. La asociaciónJueces para la Democracia (JpD) mostró, tras el anuncio de Gallardón de bodas y divorcios ante notario, su temor a una “justicia de dos velocidades: una para quien tenga medios para sufragársela y otra para quien carezca de ellos”.
El presidente del Consejo General del Notariado no cree que el coste vaya a ser un impedimento para quienes quieran acudir a un notario para adoptar un hijo mayor de 18 años o casarse, pero sí tendrán la ventaja de hacerlo en un tiempo récord sin esperar en la cola del juzgado. Confía en que los aranceles, que fijará la ley, serán reducidos. “La gente tiene la sensación de que somos caros, pero no es verdad, hacer un testamento son apenas 40 euros”, argumenta. Juan Ramón Liébana propone, como mecanismo para evitar “la justicia de ricos y pobres”, que se prevea legalmente “unos precios de cuantía similar a las tasas judiciales para la tramitación del mismo tipo de expedientes”. “Al ciudadano le facilitaría la vida”, dice. El experto cree que es urgente que se actualice la ley de jurisdicción voluntaria para descargar a los jueces de trabajo —la legislación vigente es de 1881, recuerda— y no ve inconveniente en que los notarios adquieran funciones en este ámbito. ... Un cambio de imagen parece tan necesario como la reinvención para salvar la institución.
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Asociación PROJUSTICIA
Antes de ir a un juez, pase por la notaría
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/27/actualidad/1338134038_113715.html
Los fedatarios públicos se preparan para una transformación de su papel. El Gobierno prepara una ley para dotarles de competencias judiciales
El riesgo: una justicia a dos velocidades
El sistema judicial está colapsado y los despachos de los notarios mermados de actividad (e ingresos). La ecuación parece simple: ciertas funciones de los unos podrían ser asumidas por los otros —en tanto que funcionarios— para beneficio mutuo. El Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley en esta dirección, y que previsiblemente será presentado en septiembre, según confirman desde el Ministerio de Justicia. Pero la fe de un notario no es gratis y, aun con unos precios fijados por ley, la posibilidad de que asuman competencias propias de los jueces (matrimonios, divorcios sin hijos o la declaración de herederos, entre otras) despierta las reticencias de quienes opinan que podría generar una justicia a dos velocidades: la gratuita y lenta, y otra más ágil, pero de pago.
“Los notarios estamos dispuestos a contribuir a aliviar los juzgados”, afirma Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado. La medida podría, además, solucionar la crisis del colectivo, cuya actividad ha descendido en picado junto al ladrillo. Mientras que en 2007 gestionaron más de 1,2 millones de operaciones de compraventa de viviendas, en 2011 fueron 535.906, según los datos de la propia institución.
Los notarios son funcionarios autorizado para dar fe pública de los contratos y otros actos extrajudiciales sujetos a la legalidad. Pero sus ingresos no provienen del Estado, sino de los particulares que hacen uso de sus servicios conforme a unos aranceles fijados por ley. No tienen la posibilidad, por tanto, de subir las tasas para paliar el descenso de demanda. Una situación de libre mercado en la que pudieran aumentar (y competir) en tarifas no es, en cualquier caso, una posibilidad que guste al colectivo. “Sería contrario al interés del ciudadano medio, que no tendría la misma capacidad de negociación de los precios que una gran empresa”, defiende López Pardiñas.
La viabilidad del sistema notarial español pasa por atraer más demanda a sus oficinas. Sabido que el mercado inmobiliario, su principal fuente de ingresos, no volverá a ser lo que era, solo queda ampliar competencias. Justicia no da detalles de los términos del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria que dotaría a los fedatarios públicos de funciones que ahora realizan los jueces. Pero el Consejo General del Notariado tiene algunas ideas de cuáles podrían ser: matrimonios y divorcios sin hijos —como ya anunció Gallardón en febrero—, declaración de herederos, adopción de mayores de edad o la convocatoria de juntas en sociedades mercantiles, entre otras. “¿Por qué no puede casar un notario? Puede ser una alternativa”, argumenta López Pardiñas.
