El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condena a España en el caso "Sucedáneos de chocolate": las razones de un naufragio anunciado

Marta PARDO LEAL*

«Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes»
Madame de Sévigné

1. El 16 de enero de 2003 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) condenó a España por haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CE[1], al prohibir que productos de cacao y de chocolate que se ajustaban a los contenidos mínimos fijados en la Directiva 73/241/CEE[2], a los que se habían adicionado materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao y que habían sido legalmente fabricados en los Estados miembros que autorizaban la adición de estas materias, pudieran ser comercializados en España con la denominación chocolate con la que se comercializaban en el Estado miembro de producción[3]. Además, el TJCE condenó a España en costas.

2. En este fallo el TJCE rechazó la argumentación fundamental en la que se apoyaban las autoridades españolas para oponerse al recurso de la Comisión: según las citadas autoridades, a pesar de que la Directiva 73/241/CEE no había regulado la cuestión de la utilización de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao en la fabricación de productos de cacao y de chocolate, cabía deducir de la definición de chocolate incluida en el Anexo I de dicha Directiva que ésta había llevado a cabo una armonización completa en lo relativo a la composición de los productos que podían comercializarse con la denominación chocolate. En virtud de esta teoría, las autoridades españolas alegaron que no podía aceptarse que los productos que contenían materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao se ajustaran a las definiciones y reglas previstas en dicha Directiva, en el sentido de su artículo 10.1[4].

3. España alegó, además, que la normativa contestada se justificaba en virtud de la protección de los consumidores, puesto que su objetivo era velar por la calidad del producto tal y como lo conocían los consumidores españoles. En este sentido, las autoridades competentes de nuestro país sostuvieron que para los consumidores españoles era irrelevante una indicación en el etiquetado que les informara de la presencia de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao. El TJCE consideró inaceptables estas argumentaciones[5].

4. Por lo que se refiere al resto de argumentos alegados por las autoridades españolas puede afirmarse que fueron mucho más discutibles y no resulta aventurado considerar que fueron la causa directa de tan rotunda condena del TJCE.

5. Tal es el caso del argumento referente a que la obligación de cambiar la denominación de venta de los productos de cacao y de chocolate importados que contenían materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao no incrementaba su coste de comercialización en España, puesto que se trataba de un coste ya asumido por los importadores que estaban sistemáticamente obligados a modificar el etiquetado de los productos a fin de que éste estuviera redactado en una lengua fácilmente inteligible para los compradores[6].

6. Tampoco se entiende como podía argumentarse seriamente que la expresión sucedáneo de chocolate era neutra, en el sentido de que se limitaba a reflejar una realidad objetiva y no era peyorativa pues se trataba de una denominación tradicional en España[7].

7. O que la normativa española no constituía una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa sino que se trataba de una modalidad de venta en el sentido de la jurisprudencia “Keck y Mithouard”[8].

8. Las autoridades españolas alegaron igualmente que la cuestión del uso de materias grasas vegetales distintas de la manteca de cacao formaba parte de la competencia de los Estados miembros por lo que no podía hablarse propiamente de un Mercado interior de los productos de cacao y de chocolate que contuvieran esas otras grasas vegetales[9].

9. Otro argumento que seguramente podría calificarse también de ridículo era el de que si la Directiva 73/241/CEE contenía disposiciones contrarias a la libre circulación de mercancías, la responsabilidad de ello debía achacarse al Consejo, como autor de la citada Directiva, no a las autoridades españolas puesto que debía presumirse que éstas habían tenido intención de cumplir plenamente las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria en cuestión y que la interpretación de su normativa nacional se ajustaba a la misma[10].

10. Además, es muy probable que al TJCE le costara comprender porque las autoridades españolas se negaban a aceptar la adición en pequeña cantidad de grasas vegetales distintas de la manteca de cacao cuando el chocolate español por excelencia, el chocolate a la taza [11], puede contener hasta un 18% de harina[12].

11. Por otro lado, sorprende que las autoridades españolas no argumentaran en su defensa que el procedimiento del caso “Sucedáneos de chocolate” podía estar viciado, lo que habría permitido a España ganar el caso con cierta facilidad.

12. Nos referimos a la inexistencia de requerimiento válido según la jurisprudencia consagrada por el TJCE en el Auto de su Presidente, de 13 de septiembre de 2000, relativo al recurso interpuesto por la Comisión que dio lugar al asunto C-341/97[13]. En el citado Auto se subrayaba precisamente que el escrito de requerimiento que debe presentarse obligatoriamente en la fase previa del procedimiento de recurso por incumplimiento tiene como finalidad limitar el objeto del litigio e indicar al Estado miembro al que se pide que presente sus observaciones los elementos necesarios para preparar su defensa así como dar al Estado miembro la posibilidad de poner fin al incumplimiento antes de que se interponga el recurso ante el TJCE. Por ello, según el TJCE, la emisión de un escrito de requerimiento exige que se alegue un incumplimiento previo de alguna obligación que incumba al Estado miembro de que se trate. Ahora bien, en el momento en que se emite un dictamen razonado con arreglo al artículo 9.1 de la Directiva 83/189/CEE [14] el Estado miembro destinatario de dicho comunicado no puede haber incurrido en una violación del Derecho comunitario, puesto que el acto sólo existe en fase de proyecto[15]. En resumidas cuentas, según dicha jurisprudencia un dictamen razonado emitido en el ámbito del procedimiento de notificación de proyectos normativos instaurado por la Directiva 83/189/CEE no puede asimilarse a una carta de emplazamiento, por lo que no constituye un requerimiento válido que se atenga a los requisitos del artículo 226 CE. Resulta pues evidente que si las autoridades españolas hubieran invocado este precedente cuestionando la existencia de un requerimiento válido en el caso que nos interesa hubieran permitido al TJCE declarar la inadmisibilidad del recurso de la Comisión.

Bibliografía :[16]

- “Debate on chocolate definitions at StCF”. EU Food Law, n° 129 (2002) 13-14.

- “La filière cacao/chocolat”. Economie géographie, n° 266 (1989) 1‑12.

- Fathi B’Chir y Bénédicte Châtel, “L’Europe s’achemine vers l’uniformisation de sa qualité chocolat”. Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 2800 (1999) 1443-1447.

- Jürgen Boltz, “A Single Market in Chocolate Products”. Kangaroo Group Newsletter, n° 12 (1997) 18-19.

- Robert Eagle, “The Chocolate Directive”. Bob Eagle Associates, Londres (2000)[17].

- Niels Fold, “A Matter of Good Taste? Quality and the Construction of Standards for Chocolate Products in the European Union”. Cahiers d’économie et sociologie rurales, n° 55-56 (2000) 92-110 [18].

- Eric Gippini Fournier y Karine Richard, “Le chocolat, aliment des dieux, divise l'Europe: uniformité ou acceptation des diversités?”. Revue du Marché Unique Européen, n° 3 (1997) 124-131.

- Natalie Maynes, “Chocolate Makers Find that It's Eat or Be Eaten”. Mergers and Acquisitions International, Vol.13 n° 1 (1993) 13-17.

- Sebastián Romero Melchor, “European Union Internal Market Council adopts chocolate directive”. World Food Chemical News, n° 6 (2000) pág.9.